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La Generalitat destina 10 millones de euros a las ayudas al copago para las personas sin empleo

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La Generalitat Valenciana ha consignado en los presupuestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de este año un total de 10 millones de euros para las ayudas al copago para personas desempleadas. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que gracias a esta medida la Comunitat «da un paso más hacia una sociedad inclusiva y decente, una sociedad en la que no se deja a nadie al margen».

Puig ha explicado esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de mayo, junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmén Montón, y ha detallado que permitirá que las personas que perciban prestación o subsidio por desempleo o que hayan agotado dicha prestación, y tengan rentas inferiores a 18.000 euros, tengan garantizada la gratuidad de sus medicamentos. En concreto, un total de 220.957 personas tendrán acceso a estas ayudas.

La situación económica interfiere en el no inicio de tratamientos farmacológicos prescritos por facultativos o provoca el abandono de los mismos y, en este sentido, el president ha afirmado que «es muy duro que haya personas que no puedan atender a las necesidades básicas y tengan que renunciar al cumplimiento de un tratamiento».

«Con esta medida- ha afirmado el jefe del Consell- la Generalitat rompe otro muro de desigualdad en el acceso a la Sanidad». «Esta acción forma parte de un relato general, el de la reparación de derechos, el de la reconstrucción social y económica y el del renacimiento de la Comunitat Valenciana», ha añadido Puig.

«Tanto la recuperación económica de la Comunitat como que las personas en situación de desempleo tengan la mejor calidad de trabajo y de vida son objetivos prioritarios del Consell», ha declarado Puig.

RECUPERACIÓN DE DERECHOS
El president de la Generalitat ha destacado que, a través la Sanidad, el Consell ha querido «recuperar la credibilidad de la política y la credibilidad en las instituciones» y por ello «se han llevado a cabo medidas como la universalización de la sanidad, el acceso gratuito al tratamiento para los enfermos de Hepatitis C o la introducción de la gestión pública en el departamento sanitario de la Ribera».

Respecto a las ayudas al copago farmacéutico, cabe señalar que en 2017 se han podido beneficiar de las mismas 1.258.151 personas: 116.056 personas con diversidad funcional, 792.0896 pensionistas con renta baja y 349.199 menores.

Por su parte, Carmen Montón ha señalado que «estamos garantizando la equidad en los tratamientos farmacológicos en la Comunitat Valenciana. Con estas ayudas hemos conseguido que se reduzca el abandono en un 39%, por tanto, son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables».

«Hemos querido que el colectivo de desempleados fuera el siguiente beneficiado ya que estas ayudas ya las reciben pensionistas, personas con diversidad funcional y menores asociados a tarjeta SIP, todos con rentas inferiores a 18.000 euros. Terminaremos 2018 con casi dos millones de valencianos y valencianas que estarán recibiendo ayudas al copago», ha afirmado Carmen Montón.

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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