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Valencia

La Justicia autoriza el toque de queda en 77 municipios de la Comunitat hasta el 16 de agosto

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha autorizado la aplicación de toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 77 municipios de la Comunidad Valenciana (los que están en una situación epidemiológica de riesgo muy alto) y mantener la limitación a un máximo de diez personas en las reuniones sociales.

Estas medidas, que se aplicarán desde el 26 de julio hasta el 16 de agosto y que en el caso del toque de queda nocturno afectan a 2,6 millones de habitantes -la mitad de la población de la Comunidad Valenciana-, han sido avaladas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, a partir de la petición formulada por la Generalitat y a la que no se había opuesto la Fiscalía.

El alto tribunal valenciano ya autorizó el pasado 12 julio la aplicación durante dos semanas del toque de queda nocturno en 32 municipios (1 en Alicante, 1 en Castellón y 30 en Valencia) y el establecimiento del tope de diez personas en las reuniones sociales y familiares, medidas que afectan a derechos fundamentales y por ello requieren de su aval.

Actualmente el toque de queda está decretado para municipios como Valencia, Gandia o Benicàssim, y, desde el lunes se ampliará a ciudades como Alicante, Benidorm, Dénia, Calpe, Sagunto, Tavernes de la Valldigna, Oropesa o Peñíscola.

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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