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La «manada de Callosa», condenada a entre 14 y 18 años de cárcel

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Alicante, 16 jul (EFE).- Los cuatro miembros de la conocida como ‘manada de Callosa’ de Alicante han sido condenados a penas entre los 14 y 18 años de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por la violación en grupo sufrida por una joven el día de Año Nuevo de 2019 en la localidad de Callosa d’en Sarrià.

Notificada este viernes a las partes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sentencia declara a cada uno de los penados autor de un delito continuado de agresión sexual por su participación directa en los hechos, y cooperador necesario de los tres delitos del mismo tipo penal cometidos por cada uno de los otros tres coacusados.

A dos de ellos, además, la Sala les condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos porque fotografiaron o grabaron con sus teléfonos móviles los hechos.

Según declara probado la resolución judicial, los acusados coincidieron con la víctima, entonces de 19 años, en la zona de ocio de Benidorm durante la celebración de la Nochevieja de 2018, y siguieron con ella de fiesta.

En las horas posteriores acudieron a un domicilio de Benidorm, donde la chica fue agredida sexualmente por dos de los hombres, y al sótano de la vivienda de Callosa d’en Sarrià de uno de ellos, quien volvió a agredirla sexualmente mientras los demás participaban directamente o cooperaban de alguna manera en esa violación.

La víctima «fue menospreciada y reducida a un mero objeto sexual de los acusados», quienes se dirigían a ella «con ánimo denigratorio» o «en tono de burla» mientras sucedían los hechos,

Actuaron «como si se tratara de un evento festivo, reproduciendo constantemente música» o «chistando» como respuesta a sus quejas y lamentos, según recoge la sentencia dada a conocer por el TSJCV.

La Audiencia de Alicante aprecia en la conducta de los procesados las atenuantes de confesión y reparación del daño, ambas contempladas en sus conclusiones definitivas por la Fiscalía y la acusación particular.

Esto es así porque todos los acusados reconocieron los hechos durante el juicio y pidieron expresamente perdón a la perjudicada.

Por lo que respecta a la segunda atenuante, la propia víctima declaró sentirse resarcida por la indemnización de 60.000 euros consignada en una cuenta judicial por sus agresores antes de la celebración de la vista oral.

El tribunal también aplica la atenuante de embriaguez -que reconocía la acusación particular pero no el Ministerio Público-, al considerar acreditado que la actuación de los agresores se vio influida por una «incesante» ingesta importante de alcohol y sustancias estupefacientes.

Al individualizar las penas, los magistrados imponen la más alta, 18 años de cárcel, a uno de los agresores frente a los 21 años y dos meses solicitados por la Fiscalía, y a los 16 años y cuatro meses que pedía la acusación particular.

El resto de los tres acusados ha sido condenado a 14 años y dos meses, 14 años y 10 meses y 17 años y dos meses de cárcel, respectivamente. Todas estas penas llevan aparejada las correspondientes órdenes de prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada.

El fallo, que puede ser recurrido en apelación, ordena la obtención, incluso forzosa, de pruebas de ADN de los cuatro condenados para su inclusión en una base de datos policial, «habida cuenta la gravedad de los hechos y la reiteración de la agresión a la víctima».

 

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Dos detenidos por la muerte de un trabajador en el colegio de Massanassa afectado por la dana

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Imagen de archivo del día en que falleció un operario en el derrumbe del tejado del colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia). EFE/Ana Escobar

València, 10 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 46 y 59 años, ambos de nacionalidad española, por un presunto delito de homicidio imprudente grave tras el fallecimiento de un trabajador de la empresa pública Tragsa en el colegio Lluís Vives de Massanassa, localidad valenciana gravemente afectada por la dana del 29 de octubre. Según han informado fuentes policiales, las detenciones se llevaron a cabo este miércoles a las nueve de la mañana por agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana.

Los hechos: un derrumbe mortal

El trágico accidente ocurrió el domingo 24 de noviembre, cuando parte del tejado del colegio Lluís Vives se derrumbó, causando la muerte de un operario de 51 años y dejando herido a otro trabajador de 35 años, que sufrió heridas leves en la pierna y escoriaciones en la cabeza. El trabajador fallecido formaba parte del equipo que estaba realizando labores de limpieza y reparación en el centro tras los daños causados por las inundaciones.

Quiénes son los detenidos

Los detenidos son el conductor de la excavadora implicada en el derrumbe y el encargado de la obra durante el día del siniestro. Ambos quedaron en libertad tras prestar declaración en comisaría, mientras el caso ha sido trasladado a un juzgado de Catarroja, que se encargará de continuar con las diligencias.

Denuncia de negligencia por parte de Intersindical Valenciana

Tras el accidente, el sindicato Intersindical Valenciana presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, señalando a la Conselleria de Educación por la presunta negligencia en la gestión de las labores de limpieza en el colegio afectado. Según el sindicato, la tragedia fue consecuencia de la falta de medidas preventivas y de seguridad en un entorno que ya había sido clasificado como peligroso.

El sindicato recordó que el 9 de noviembre, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, emitió un decreto municipal prohibiendo el acceso al recinto del colegio, basándose en informes técnicos que alertaban del riesgo de derrumbe. A pesar de este aviso, los operarios fueron enviados a realizar tareas en el lugar sin contar con las condiciones estructurales adecuadas.

Medidas de seguridad insuficientes

Intersindical Valenciana también destacó que los informes técnicos del servicio de infraestructuras clasificaron el edificio en nivel rojo, indicando peligro inminente de colapso. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, no se establecieron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que debían intervenir en el colegio.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del derrumbe y las posibles responsabilidades penales de los implicados. Mientras tanto, los familiares del trabajador fallecido esperan justicia por un accidente que, según denuncian, se pudo evitar si se hubieran tomado las medidas de seguridad pertinentes.

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