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La policía ya ha identificado a 214 participantes en las fiestas del Galileo

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La Policía de la Generalitat ya ha identificado a 214 personas que participaron en las fiestas ilegales del colegio mayor Galileo Galilei, que están en el origen del mayor brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana, con 168 contagios confirmados.

La investigación está ya muy avanzada, aunque se esperan más identificaciones. Los participantes en las fiestas se exponen a multas que van de los 601 a los 30.000 euros por violar la normativa anticovid. También se advierte responsabilidad en dos directivos y dos trabajadores del centro, y se abrirá un expediente sancionador que podría determinar el cierre temporal del colegio mayor.

Según el informe policial, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen «clara» responsabilidad «por el total descontrol», «inacción» y «falta de medidas» ante la situación creada. También la aprecia en los miembros del consejo colegial encargados de las actividades lúdicas, que afirmaron ante los investigadores haber desconvocado la fiesta pero a los que posteriormente se ha identificado como participantes en la misma.

La policía acudió al centro el pasado 26 de septiembre después de que una llamada anónima avisara de lo que estaba sucediendo en la azotea. Un trabajador de guardia disolvió la fiesta, pero a la una de la madrugada la policía tuvo que volver por otra llamada en la que se advertía de otra reunión en una de las habitaciones. Los agentes identificaron a los participantes. Pasadas las tres de la madrugada se repitió el proceso: aviso a la policía de fiesta en otra habitación, misma falta de medidas de seguridad y nueva identificación de los presentes.

Las fiestas del Galileo Galilei y el brote de coronavirus que provocaron obligaron a la suspensión de las clases presenciales para los casi 25.000 alumnos de la Universitat Politècnica de València. Además, los contagios se extendieron por el resto de universidades del área metropolitana de València.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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