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La policía ya ha identificado a 214 participantes en las fiestas del Galileo

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La Policía de la Generalitat ya ha identificado a 214 personas que participaron en las fiestas ilegales del colegio mayor Galileo Galilei, que están en el origen del mayor brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana, con 168 contagios confirmados.

La investigación está ya muy avanzada, aunque se esperan más identificaciones. Los participantes en las fiestas se exponen a multas que van de los 601 a los 30.000 euros por violar la normativa anticovid. También se advierte responsabilidad en dos directivos y dos trabajadores del centro, y se abrirá un expediente sancionador que podría determinar el cierre temporal del colegio mayor.

Según el informe policial, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen «clara» responsabilidad «por el total descontrol», «inacción» y «falta de medidas» ante la situación creada. También la aprecia en los miembros del consejo colegial encargados de las actividades lúdicas, que afirmaron ante los investigadores haber desconvocado la fiesta pero a los que posteriormente se ha identificado como participantes en la misma.

La policía acudió al centro el pasado 26 de septiembre después de que una llamada anónima avisara de lo que estaba sucediendo en la azotea. Un trabajador de guardia disolvió la fiesta, pero a la una de la madrugada la policía tuvo que volver por otra llamada en la que se advertía de otra reunión en una de las habitaciones. Los agentes identificaron a los participantes. Pasadas las tres de la madrugada se repitió el proceso: aviso a la policía de fiesta en otra habitación, misma falta de medidas de seguridad y nueva identificación de los presentes.

Las fiestas del Galileo Galilei y el brote de coronavirus que provocaron obligaron a la suspensión de las clases presenciales para los casi 25.000 alumnos de la Universitat Politècnica de València. Además, los contagios se extendieron por el resto de universidades del área metropolitana de València.

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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