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La policía ya ha identificado a 214 participantes en las fiestas del Galileo

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La Policía de la Generalitat ya ha identificado a 214 personas que participaron en las fiestas ilegales del colegio mayor Galileo Galilei, que están en el origen del mayor brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana, con 168 contagios confirmados.

La investigación está ya muy avanzada, aunque se esperan más identificaciones. Los participantes en las fiestas se exponen a multas que van de los 601 a los 30.000 euros por violar la normativa anticovid. También se advierte responsabilidad en dos directivos y dos trabajadores del centro, y se abrirá un expediente sancionador que podría determinar el cierre temporal del colegio mayor.

Según el informe policial, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen «clara» responsabilidad «por el total descontrol», «inacción» y «falta de medidas» ante la situación creada. También la aprecia en los miembros del consejo colegial encargados de las actividades lúdicas, que afirmaron ante los investigadores haber desconvocado la fiesta pero a los que posteriormente se ha identificado como participantes en la misma.

La policía acudió al centro el pasado 26 de septiembre después de que una llamada anónima avisara de lo que estaba sucediendo en la azotea. Un trabajador de guardia disolvió la fiesta, pero a la una de la madrugada la policía tuvo que volver por otra llamada en la que se advertía de otra reunión en una de las habitaciones. Los agentes identificaron a los participantes. Pasadas las tres de la madrugada se repitió el proceso: aviso a la policía de fiesta en otra habitación, misma falta de medidas de seguridad y nueva identificación de los presentes.

Las fiestas del Galileo Galilei y el brote de coronavirus que provocaron obligaron a la suspensión de las clases presenciales para los casi 25.000 alumnos de la Universitat Politècnica de València. Además, los contagios se extendieron por el resto de universidades del área metropolitana de València.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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