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La UCO registra el despacho de Zaplana en la sede de Telefónica en busca de más pruebas sobre ‘mordidas’

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MADRID/VALÈNCIA, 23 May. – Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido «con carácter inmediato» la relación laboral que mantenía con el exministro.

Zaplana fue arrestado por la UCO en el marco de la ‘operación Erial’ que coordina el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Las diligencias policiales incluían un total de 22 registros.

Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.

Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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