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La UCO registra el despacho de Zaplana en la sede de Telefónica en busca de más pruebas sobre ‘mordidas’

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MADRID/VALÈNCIA, 23 May. – Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido «con carácter inmediato» la relación laboral que mantenía con el exministro.

Zaplana fue arrestado por la UCO en el marco de la ‘operación Erial’ que coordina el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Las diligencias policiales incluían un total de 22 registros.

Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.

Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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