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La UCO registra el despacho de Zaplana en la sede de Telefónica en busca de más pruebas sobre ‘mordidas’

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MADRID/VALÈNCIA, 23 May. – Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido «con carácter inmediato» la relación laboral que mantenía con el exministro.

Zaplana fue arrestado por la UCO en el marco de la ‘operación Erial’ que coordina el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Las diligencias policiales incluían un total de 22 registros.

Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.

Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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