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La UE multa a Google con 1.490 millones de euros

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VALÈNCIA- La Comisión Europea (CE) ha impuesto una multa a Google que asciende a 1.490 millones de euros. El motivo de esta sanción es el uso abusivo de anuncios con ‘AdSense for Search’, un servicio de publicidad online que ofrece el gigante tecnológico.

La compañía de la multinacional estadounidense Alphabet Inc. acumula un total de tres multas de la CE en menos de dos años. Google incumple las normas comunitarias antimonopolio al impedir a sus rivales insertar anuncios relacionados con las búsquedas.

Por otro lado, se trata de la sanción menos elevada hasta la fecha. En julio de 2018 recibió una multa de 4.340 millones de euros. Al rededor de un año antes, la CE impuso otra de 2.420 millones de euros. La razón de estas sanciones no están directamente relacionadas con la actual. La suma de estas tres penas económicas alcanza los 8.300 millones de euros.

La comisaria de la Unión Europea, Margrethe Vestager, ha explicado la situación en sus redes sociales. «El tercer caso de Google: Google ha sido multado con 14.90 millones de euros por prácticas ilegales en la búsqueda de publicidad para consolidar su posición dominante en el mercado. No deberían hacer eso – negaba a los consumidores la posibilidad de elegir, productos innovadores y precios justos», ha escrito Vestager en Twitter.

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Leire Díez se defiende: “Ni soy fontanera ni cobarde”

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Leire Díez

“No trabajo para el PSOE, investigo tramas para un libro”

La exmilitante del PSOE Leire Díez niega vínculos operativos con el partido y afirma que los audios filtrados forman parte de una investigación periodística independiente.

La periodista y exmilitante socialista Leire Díez ha vuelto a rechazar públicamente cualquier relación laboral con el PSOE, tras la filtración de varios audios donde supuestamente realizaba gestiones sensibles que afectan a altos funcionarios. Según ha declarado, dichas grabaciones corresponden a un trabajo de investigación periodística que está desarrollando para un libro de próxima publicación.

“Ni soy fontanera ni cobarde”, ha afirmado con contundencia, marcando distancia con quienes la señalan como un agente oficioso del partido.

¿Qué se sabe de los audios filtrados?

Los audios, difundidos recientemente por diversos medios, han generado polémica por el tono y el contenido de las conversaciones, en las que Díez parece intentar influir o intervenir en actuaciones administrativas. Sin embargo, la periodista sostiene que estas interacciones estaban grabadas dentro del marco de una investigación personal sobre redes de poder, conflictos de interés y funcionamiento institucional en España.

Díez asegura que no tenía autorización ni instrucciones de ninguna organización política, y que todo lo hizo “por iniciativa propia, con fines exclusivamente periodísticos”.

Una exmilitante bajo el foco

Aunque fue militante del PSOE en el pasado, Leire Díez ya no forma parte de ninguna estructura orgánica del partido. Su desvinculación, asegura, fue total y anterior a los hechos que ahora se cuestionan. Subraya además que no percibe salario, ayuda ni encargo de parte del partido, y que su labor no debe confundirse con una operación encubierta.

¿Qué dice el PSOE?

Hasta ahora, ningún portavoz oficial del PSOE ha confirmado relación contractual alguna con Díez, ni se ha atribuido ninguna responsabilidad sobre sus actos. Fuentes extraoficiales del partido, citadas en algunos medios, deslizan que sus actuaciones fueron “a título personal” y que su nombre no figura en ninguna estructura interna actual.

Leire Díez, periodismo de investigación y controversia

Díez ha trabajado como comunicadora en distintos entornos y ha estado vinculada a temas de actualidad política. El libro en el que trabaja, según ha declarado, busca arrojar luz sobre “las dinámicas ocultas del poder en la administración pública española”, y se basa en conversaciones reales, fuentes directas y documentación obtenida durante los últimos años.

Este caso recuerda otros momentos recientes en los que el periodismo de investigación ha generado reacciones políticas y judiciales, poniendo en cuestión los límites entre reporterismo encubierto y legalidad institucional.

 

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