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Valencia

La vacunación «irregular» de tres alcaldes se investigará y piden que dimitan

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La vacunación contra la covid de tres alcaldes socialistas de la Comunitat Valenciana, que ha sido calificada de «irregular» por el president del Consell, Ximo Puig, ha generado la apertura de dos investigaciones por parte de la Generalitat y la petición de «contundencia» y de dimisiones por parte del resto de partidos.

Los alcaldes de los municipios alicantinos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, han afirmado que se vacunaron el viernes pasado porque sobraron dosis de las enviadas al centro de salud para el personal sanitario, y el de Rafelbunyol (Valencia), Fran López, lo hizo el primer día de la campaña en la residencia de ancianos porque, según sostiene, se lo ofrecieron y no lo pensó.

La Conselleria de Sanidad abrió ayer, tras conocerse el caso de los alcaldes alicantinos, una investigación en esos dos departamentos de salud, y la Conselleria de Igualdad ha anunciado hoy otra investigación para aclarar por qué en la residencia de Rafelbunyol se permitió el acceso «a una persona ajena» a la plantilla o a los proveedores, los únicos que tienen permitido entrar.

El president de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha afirmado que cuando acabe la investigación «se tomarán las decisiones oportunas», una vez se determine «qué ha pasado y quiénes han sido los responsables de una actuación absolutamente minoritaria y absolutamente irregular».

Puig ha incidido en que este tipo de situaciones «son menores» dentro de un proceso de vacunación que se desarrolla «muy bien», pues ya se han administrado más de 80.000 vacunas en la Comunitat Valenciana, y en el que hay que ser «escrupulosos» en priorizar a los colectivos más vulnerables.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha aseverado que la vacunación de estos alcaldes «no tiene ninguna justificación» y se va a investigar «hasta las últimas consecuencias», porque «aquí no sobran vacunas» y «nadie se puede saltar la cola», sino que hay que vacunarse «cuando toque».

«No hay que darle vueltas, esto no está bien», ha lamentado la vicepresidenta, quien ha insistido en que hay que garantizar la «igualdad y la equidad» de este proceso y seguir el plan que se ha consensuado, y ha asegurado que no puede «entender» estos comportamientos que merecen el «reproche» social.

Desde el ámbito de los partidos, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha aseverado que la vacunación de estos tres alcaldes es «un error» y un «bochorno» para los socialistas, y les ha instado a «pedir perdón» a sus municipios por su actitud «imprudente, irresponsable y muy poco meditada».

El PP ha pedido la dimisión de los tres alcaldes por «saltarse los protocolos de vacunación e incurrir en un agravio comparativo con el resto de vecinos» e incurrir en una actuación «antiética por el fondo y por la forma», y ha reclamado «contundencia» a Puig, mientras que Ciudadanos ha calificado de «abuso de poder» esta actuación.
Desde Compromís, el síndic en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha afirmado que «no está bien» lo que han hecho estos tres alcaldes, porque «no es ejemplar», mientras que Compromís per Rafelbunyol ha pedido la dimisión del alcalde por su «irresponsabilidad» y ha lamentado que «su gusto por el postureo le llevó a ser el primer alcalde vacunado en España con solo 29 años».

Por lo que respecta a los alcaldes vacunados, el de El Verger, Ximo Coll, ha insistido este viernes en que actuó «totalmente de buena fe» y se volvería a poner la vacuna, porque si no lo hubieran hecho él y su pareja, la alcaldesa de Els Poblets, las dosis «se iban a desechar». «Nuestra vacuna no ha ido a nosotros en detrimento de nadie» y «no nos hemos saltado el protocolo», ha declarado a EFE.

Sin embargo, el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha afirmado que, «humildemente, a día de hoy, visto con perspectiva y el revuelo que se está liando, igual no fue la mejor decisión», y ha insistido en que estaba en la residencia porque es de gestión municipal y él es el «máximo responsable», y cuando se lo ofrecieron creyó que era «un gesto» para dar seguridad el primer día de la campaña. (

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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