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Lagarón, científico del CSIC: «Las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores»

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Este jueves la actualidad ha girado sobre las declaraciones de José María Lagarón, investigador del CSIC y fundador de la empresa Bioinicia al confirmar que “las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores, porque no nos estamos protegiendo de bacterias, no estamos en un hospital. Si alguien estornuda, o simplemente habla, como la mascarilla no es estanca, además, parte de esos aerosoles la atraviesan (entre un 15% y un 35%), y otra parte sale por los laterales”.

El experto, ha encendido las alarmas al hacer estas declaraciones durante una entrevista en Nius. Lagarón, que desarrolló la mascarilla FFP2 de nanofibras del CSIC, ha explicado que las mascarillas quirúrgicas «no son efectivas contra los aerosoles porque son abiertas y porque se testan contra bacterias, no contra virus. Cuando las testas, tienes que probar su eficiencia de filtración contra bacterias de 3 ó 4 micras, que debe ser superior al 95% o incluso al 98%. Pero nosotros tenemos una máquina para filtrar aerosoles, y cuando yo cojo una quirúrgica y la testo con aerosoles, me sale que la filtración estaría entre un 65% y un 80%. No más”, ha asegurado.

Lagarón también ha dicho que “hay la noción equivocada de que una mascarilla quirúrgica protege de que tú contagies a otros, pero eso no es verdad” y ha apunta que “protege de que las bacterias que yo emito puedan pasar a través de la mascarilla”. “Pero si yo tengo un virus, sólo me van a proteger en parte, hasta un 80% como mucho. Las más restrictivas llegan hasta el 85%”.

El investigador ha explicado que a él no le importa llevar una quirúrgica en la calle, o incluso una de tela, porque lo máximo que le pueden llegar son las partículas más gruesas. Pero, en cambio, ha aseverado: “Yo, en una habitación donde hay otras personas con quirúrgicas o textiles (que ya es el colmo), no puedo estar tranquilo. Si tienes un supercontagiador en una habitación, como no te pongas una FFP2 o FFP3 vas a acabar contagiado, seguro”, ha alertado antes de avisar: “Yo no enviaría a la gente a trabajar a una oficina sin una protección de FFP2″.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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