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Las empresas químicas valencianas alertan ante la subida de los costes de las materias primas

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Las empresas químicas valencianas alertan ante la subida de los costes de las materias primas

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA) ha celebrado este viernes el primero de los Desayunos QUIMACOVA donde se ha reflexionado sobre la evolución e impacto de la subida de costes de las materias primas al sector. Al encuentro han acudido más de una veintena de directivos de distintas empresas del sector químico valenciano quienes han manifestado su preocupación ante esta situación.

La jornada ha contado con la ponencia de Juan Grima, socio del despacho de abogados Cuatrecasas, quien ha desarrollado las consecuencias legales que puede tener para los proveedores incumplir los contratos por esta subida de costes.

Las empresas químicas valencianas alertan ante la subida de los costes de las materias primas

Grima ha trasladado varias recomendaciones para una buena praxis legal en estas situaciones y ha recordado los remedios jurídicos existentes frente a situaciones imprevisibles de incrementos muy gravosos de los costes de las materias primas o en escenarios de fuerza mayor que hagan imposible cumplir los compromisos contractuales. “En la situación actual, con acontecimientos como el COVID19 y la guerra de Ucrania, los contratos debieran anticiparse y contemplar ya estas situaciones y, en la medida de lo posible, incorporar cláusulas de protección, aunque no siempre será posible en las negociaciones con terceros”.

Al primer Desayuno QUIMACOVA también ha asistido el presidente de la asociación, Miguel Burdeos, quien ha celebrado la inauguración de este foro: “Con la puesta en marcha de estos desayunos de trabajo, desde QUIMACOVA buscamos generar un foro de debate para nuestros asociados que sirva para compartir experiencias, casos de éxitos o inquietudes que afecten a nuestro sector”.

Así, y con la voluntad de aglutinar las necesidades del sector, los Desayunos QUIMACOVA se perfilan como un espacio de networking para los directivos de las empresas del sector químico de la Comunidad Valenciana. Todo ello con el objetivo de compartir a nivel estratégico diversas materias que están preocupando, y que preocuparán en los próximos meses a las compañías químicas.

Los próximos encuentros versarán sobre la descarbonización, en el mes de julio, la economía circular, en octubre, y las adquisiciones y fusiones en el mes de diciembre.

Sobre QUIMACOVA

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA) está formada por más de 200 empresas del sector químico en nuestra región. La entidad busca fomentar el asociacionismo sectorial para promover la competitividad de las empresas químicas, ser la patronal de referencia en el mercado y tener una gran participación en las decisiones que les afectan en el ámbito legislativo, económico y social.

Las empresas representadas por QUIMACOVA suponen el 85% de la facturación total del sector en la Comunidad Valenciana, aglutinan el 70% del empleo y más del 70% de ellas invierten en I+D+i.

QUIMACOVA pertenece a la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El sector químico cuenta con una cifra de negocio de más de 5.300 millones de euros anuales en la Comunidad Valenciana y aporta en la actualidad el 11’6% del PIB autonómico a través de la actividad generada por sus más de 600 empresas censadas y sus más de 15.000 empleos directos.

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Francisco D’Agostino obtiene el embargo total de bienes de Manuel March tras sentencia por incumplimiento contractual

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El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

 

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