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Valencia

La Generalitat pide a la jueza de la F1 que determine si se desvió dinero en los costes del circuito

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VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) – La Abogacía de la Generalitat ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de València, que ha instruido la causa por presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1, en la que ha procesado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos y empresarios, que como diligencias complementarias o suplementarias acuerde que los medios técnicos que correspondan determinen si hubo desviación en los costes de la obra, que no pudo analizar el Interventor en su informe.

Según ha podido saber Europa Press, esta ha sido la petición que la Abogacía de la Generalitat ha formulado en un escrito presentado ante la jueza, después de que la magistrada acordara, en un primer auto del pasado 2 de mayo, el procesamiento de Camps; del que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; del exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008.

La magistrada sostenía que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial y daba traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en el plazo de diez días formularan escrito de acusación, pidieran apertura de juicio oral, el archivo de la causa o solicitaran la práctica de diligencias complementarias.

En el caso de la Fiscalía, ha pedido por dos veces el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no existen elementos de prueba suficientes para calificar los hechos, a nivel de indicios, por los delitos de prevaricación –que sería administrativa y estaría prescrita– ni de malversación.

Y en cuanto a la Abogacía de la Generalitat, ha formulado dos peticiones en este caso: en primer lugar, el procesamiento de Belén Reyero, asesora de Camps, al considerar que no era una «convidada de piedra», un extremo sobre el que ya se pronunció la jueza desestimándolo, y ahora solicita diligencias complementarias para que, a través de medios técnicos, se concrete si hubo desviación en los costes de la construcción del circuito.

La Abogacía ha presentado este escrito ante la jueza un día antes de vencer el plazo para contestar a su petición sobre la causa de las asistencias técnicas y contratos de construcción del circuito.

La magistrada, en sus autos de 2 de mayo y 23 de mayo, daba la posibilidad de solicitar diligencias suplementarias y/o complementarias para que se realizara un informe técnico sobre lo que el Interventor de la Generalitat, que actuó en calidad de perito judicial, advirtió en su informe de que «no tenía la competencia técnica» para pronunciarse sobre esos costes.

En concreto, el Interventor dijo que no se disponía del «criterio técnico suficiente» para poder pronunciarse sobre los presupuestos base de licitación y los precios de los contratos; las valoraciones técnicas realizadas en los informes de evaluación de las ofertas técnicas de los licitadores y las puntuaciones asignadas como consecuencia de éstas y sobre las circunstancias técnicas de la necesidad de tramitar las modificaciones de los contratos.

Por estos motivos, la Abogacía pide que ese extremo que el Interventor admite que no ha podido analizar, «se examine por los medios técnicos que correspondan».

INFORME CUANDO YA ESTABA CERRADA
Esta acusación recuerda en su escrito que conoció el informe del Interventor cuando ya estaba cerrada la causa –que subraya que no se declaró compleja– y por este motivo solicita ahora estas diligencias suplementarias y/o complementarias, «dado que es el Interventor el que dice que no tiene la competencia técnica para acreditar de forma material si hubo desviación en los costes del circuito», según ha podido saber Europa Press.

En el último auto de 23 de mayo la jueza decidió rechazar el archivo de la causa y cargó contra Fiscalía al considerar «sorprendente» y «poco seria» la petición formulada en este sentido por Anticorrupción, entre otras razones, al ser precisamente este órgano quien presentó la querella inicial que dio lugar al procedimiento.

Así mismo, rechazaba la argumentación del ministerio público de la prescripción de los hechos «al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal (malversación de caudales públicos), tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas».

Además, añadía que el contenido del informe de la Intervención General de la Generalitat, donde se señalaba que no se constatan hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados, «no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos» y que, por ende, sea de apreciación esa prescripción.

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Valencia

Las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito ampliarán su registro a nuevos delitos

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Las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito (OAVD) de la Comunitat Valenciana incluirán en su registro nuevos delitos para garantizar la asistencia a todas las víctimas, según ha asegurado la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.

Esta medida permitirá «poner de verdad en el centro del sistema a la víctima de cualquier delito, sea hombre, mujer, joven o mayor», ha subrayado Núñez.

Así, se ampliará la atención a delitos como amenazas y acoso en el ámbito laboral, delitos informáticos como la ciberestafa o el ciberacoso, delitos contra discapacitados o por motivos religiosos, delitos de trata y explotación sexual, acoso y ciberacoso escolar, delitos contra la integridad física, delitos contra el patrimonio o la ocupación ilegal de viviendas.

Según Núñez, se incluyen delitos que hasta ahora no se estaban registrando, «porque nuestra prioridad es garantizar la asistencia y protección a todas y cada una de las víctimas”, informa la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha visitado la Oficina de Atención a las Víctimas de Delito en Llíria, “para visibilizar y dar a conocer que la Generalitat pone a disposición de todos los ciudadanos una red de oficinas en el caso de que sean víctimas por cualquier tipo de delito».

«No sólo asistencia letrada, sino también psicológica y social. Consideramos importante colocar a la víctima de la violencia en el centro del sistema, aplicar el Estatuto de la Víctima, sea quien sea la víctima: mujer, hombre, joven o mayor”.

Ha recordado que en las últimas semanas han ocurrido en ese partido judicial dos delitos «absolutamente execrables», como el del hombre que presuntamente cometió agresiones sexuales en personas de su entorno familiar durante décadas o del presunto intento de secuestro por parte de un inmigrante ilegal que tenía una orden de expulsión que no había sido ejecutada.

Preguntada por cuándo se pondrá en marcha el registro de los diferentes delitos, ha señalado: «Estamos trabajando en él, uno de los temas que se ha visto es cómo empezar a tomar los datos a través de un programa informático para poder determinar el número de delitos que tienen más incidencias en determinadas comarcas y mancomunidades y poder desarrollar los diferentes protocolos para actuar de manera directa en la protección total y absoluta de la victima y de sus familias en muchos casos».

En el caso de las oficinas de denuncia, de las que en la actualidad hay una en cada provincia, «se trabaja para que esas denuncias no solo tengan que ponerlas mujeres víctimas de su pareja o expareja, hombres, sino que también se pueda estirar incluso a las menores de edad que, en muchos casos, están siendo victimas de delitos como una agresión sexual».

«Consideramos que la víctima es víctima, con independencia de quien sea su agresor y del delito que se cometa sobre él», ha dicho Núñez, quien ha recordado que cuando llegaron al Consell las tres oficinas de denuncias estaban «perfectamente dotadas» y las 37 OAVD estaban «infradotadas» y «queremos que estén en igualdad de condiciones».

Reunión con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La titular de Justicia e Interior también se ha reunido con representantes de la Guardia Civil para intensificar la colaboración porque, ha dicho, para “proteger a todas las víctimas necesitamos coordinarnos con la Guardia Civil y con la Policía Nacional».

«Por eso, les hemos solicitado que nos remitan todos los casos de delitos en los distintos partidos judiciales, para poder ayudar a todas las víctimas, y no sólo los casos de violencia sobre la mujer, como se venía haciendo hasta ahora”, ha destacado Núñez.

La Conselleria, ha dicho, está impulsando nuevos protocolos de actuación y realizando mejoras en las aplicaciones para adaptar algunos delitos a las nuevas tipificaciones del Código Penal, añadir otros delitos nuevos o que en los últimos tiempos están cobrando mayor relevancia, y para poder ofrecer datos de la evolución de la atención desde la Red de OAVD.

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito

La Generalitat cuenta con 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

Estas oficinas atienden temas como el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia de hijos a padres o la violencia sobre la mujer y son un servicio público y gratuito al que pueden acceder los ciudadanos bien por iniciativa propia, o a través de terceros como Fiscalía, otros órganos judiciales, la Policía o la Guardia Civil.

Los servicios que ofrecen incluyen la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; una primera atención psicosocial; información y orientación sobre los recursos que la comunidad pone a su disposición, y la posible derivación a otros espacios especializados cuando proceda.

También realizan la coordinación con otras instituciones; el seguimiento e información de la situación procesal de la víctima; y la intervención –psicológica, social o de crisis– con afectados por delitos violentos.

 

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