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Las farmacias estrenan el sistema contra medicamentos falsificados

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VALÈNCIA, 8 Feb. – Las 1.241 farmacias de la provincia de Valencia inician este sábado, 9 de febrero, el nuevo sistema contra los medicamentos falsificados con la entrada en vigor de la normativa europea que obliga a los agentes del sector a verificar y autentificar los fármacos fabricados, distribuidos y dispensados en España.

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) está aprobado por normativa europea y es de aplicación a todos los agentes de la cadena de valor del medicamento (fabricantes, distribuidores y farmacéuticos), con el objetivo de prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, recuerda en un comunicado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de València (Micof).

En concreto, el SEVeM consiste en la incorporación en el envase de los medicamentos de dos dispositivos de seguridad: un identificador único o código bidimensional ‘Datamatrix’ que identifica individualmente el envase y un dispositivo contra manipulaciones en el embalaje exterior, que puede ser un sello o un precinto que permita verificar visualmente si el envase del medicamento ha sido manipulado o no.

Estos dispositivos de seguridad presentes en el envase de los medicamentos tendrán que ser verificados y autenticados en la oficina de farmacia por parte del profesional farmacéutico en el momento de la dispensación.

Para ello, el farmacéutico escaneará el código de cada envase y se conectará al repositorio nacional, que estará sincronizado con la plataforma europea, para confirmar que el producto que llega al paciente es el mismo que salió de la planta de producción farmacéutica.

Para el presidente del Micof, Jaime Giner, se trata de «un nuevo éxito de las farmacias, que vuelven a dar muestras, una vez más, de su capacidad tecnológica y de su compromiso con la seguridad de los pacientes».

«Las farmacias valencianas siempre se han adaptado con éxito a cada uno de los retos que ha demandado la sociedad o la legalidad europea y, con el desarrollo de este sistema, se da respuesta en tiempo y forma a la normativa europea y a los ciudadanos valencianos», ha aseverado.

En cuanto a la falsificación de medicamentos en el canal legal, Giner ha aclarado que no supone «un problema real ni en la provincia de Valencia ni en España gracias al actual modelo de farmacia», aunque ha advertido que «supone una amenaza global, que no entiende de fronteras y que requiere de una lucha conjunta. Para los farmacéuticos, la seguridad de los pacientes es nuestra prioridad».

El titular del MICOF ha agradecido el trabajo realizado de forma conjunta y a todos los niveles para llevar a cabo e implantar este complejo proyecto tecnológico en todas las farmacias de la provincia. Desde la institución colegial se han realizado pruebas de conexión al SEVeM a través de Nodofarma Verificación y se han impartido talleres y sesiones formativas a los colegiados para que todas las farmacias estén preparadas y el sistema funcione «a la perfección» a partir de este sábado.

«La farmacia valenciana está realizando un gran trabajo para garantizar la seguridad de los pacientes, y también para que en todo este proceso tecnológico de verificación de medicamentos el paciente no se vea afectado, ni repercuta en la calidad del servicio farmacéutico que prestamos las farmacias».

SOLO UN CÓDIGO NUEVO
Por ello, el presidente del MICOF ha asegurado que «los pacientes solo notarán que hay un código nuevo en los envases. Del resto nos encargamos los farmacéuticos».

Con la adaptación de las oficinas de farmacia al nuevo servicio, «los farmacéuticos asumen el 100% de los gastos que suponen la adaptación de los dispositivos electrónicos de lectura y sus programas de gestión al nuevo sistema y Nodofarma, nodo de conexión con SEVeM, así como otras mermas que aparecerán durante estos años».

También ha incidido en el «enorme esfuerzo» realizado desde la farmacia comunitaria para mejorar la seguridad de los pacientes «ofreciendo más servicios con menos recursos ya que no se está percibiendo ninguna retribución económica por parte de la Administración».

«YA ES HORA DE COMPENSAR NUESTRO ESFUERZO»
El titular del colegio ha resaltado que «la inversión global supone un desembolso de millones de euros para el colectivo», por lo que ha reivindicado que «ya es hora de que la Administración compense nuestro esfuerzo adecuadamente, ya que solo queremos servir al ciudadano recibiendo la retribución justa».

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos se constituyó el 21 de julio de 201, como sociedad limitada sin ánimo de lucro, para poner en marcha y gestionar el Sistema Español de Verificación de Medicamentos en base a lo establecido por la directiva anti-falsificación.

Forman la sociedad Farmaindustria, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Fuente : Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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