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Las ITV de la Comunitat volverán a manos públicas en 2023

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reservar cita de ITV Valencia

(EFE).- La Conselleria de Economía ha comunicado a las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no habrá prórroga del contrato, mientras continúa trabajando en la creación de una empresa que asumirá su gestión directa tras la reversión al sistema público de estas estaciones.

El contrato para la gestión de las ITV mediante una concesión administrativa finaliza a los 25 años de la concesión, es decir, a finales de 2022, puesto que la adjudicación se produjo en noviembre de 1997, y el pliego estableció que podían establecerse prórrogas de diez años comunicadas con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

El plazo de concesión finaliza el 5 de noviembre de 2022 y, un año antes de cumplirse el plazo de 25 años, la Conselleria de Economía como titular del servicio de ITV ha comunicado a las empresas que efectúa la denuncia del expediente contractual y que no existirá prórroga de la concesión, según informan fuentes de esta Conselleria.

Economía está trabajando en la creación de la empresa a la que revertirá el servicio de ITV y el acuerdo del Botánic II recoge que se hará «con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para los usuarios y una gestión transparente y eficiente».

El conseller Rafa Climent aseguró, hace casi un año, que la Generalitat espera ganar 39,2 millones de euros anuales con la gestión directa de las ITV tras su reversión al sistema público en 2023, un proceso en el que se comprometió a asumir a todos los empleados y a estudiar la rebaja de tarifas.

Según el Informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para esta reversión, prorrogar la concesión actual otros diez años es la opción «económicamente más desfavorable» para la Generalitat.

En noviembre de 1997 se adjudicaron los lotes números 1 a 5 y al mes siguiente las empresas ITV Vega Baja y Pistas Iteuve firmaron un contrato de adhesión al régimen concesional que suponía la extinción de la autorización administrativa de la que disponían y que fue concedida en su momento por el ministerio competente en la materia.

A partir de entonces, ambas empresas pasaron a ser titulares del contrato de los lotes 6 y 7 en los mismos términos que las adjudicatarias de los lotes 1 a 5.

Durante la vigencia del contrato, se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles.

Las empresas dejarán de prestar servicio el 31 de diciembre de 2022, y la gestión de las ITV pasará a ser directa por parte de la Generalitat.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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