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Las ITV de la Comunitat volverán a manos públicas en 2023

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reservar cita de ITV Valencia

(EFE).- La Conselleria de Economía ha comunicado a las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no habrá prórroga del contrato, mientras continúa trabajando en la creación de una empresa que asumirá su gestión directa tras la reversión al sistema público de estas estaciones.

El contrato para la gestión de las ITV mediante una concesión administrativa finaliza a los 25 años de la concesión, es decir, a finales de 2022, puesto que la adjudicación se produjo en noviembre de 1997, y el pliego estableció que podían establecerse prórrogas de diez años comunicadas con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

El plazo de concesión finaliza el 5 de noviembre de 2022 y, un año antes de cumplirse el plazo de 25 años, la Conselleria de Economía como titular del servicio de ITV ha comunicado a las empresas que efectúa la denuncia del expediente contractual y que no existirá prórroga de la concesión, según informan fuentes de esta Conselleria.

Economía está trabajando en la creación de la empresa a la que revertirá el servicio de ITV y el acuerdo del Botánic II recoge que se hará «con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para los usuarios y una gestión transparente y eficiente».

El conseller Rafa Climent aseguró, hace casi un año, que la Generalitat espera ganar 39,2 millones de euros anuales con la gestión directa de las ITV tras su reversión al sistema público en 2023, un proceso en el que se comprometió a asumir a todos los empleados y a estudiar la rebaja de tarifas.

Según el Informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para esta reversión, prorrogar la concesión actual otros diez años es la opción «económicamente más desfavorable» para la Generalitat.

En noviembre de 1997 se adjudicaron los lotes números 1 a 5 y al mes siguiente las empresas ITV Vega Baja y Pistas Iteuve firmaron un contrato de adhesión al régimen concesional que suponía la extinción de la autorización administrativa de la que disponían y que fue concedida en su momento por el ministerio competente en la materia.

A partir de entonces, ambas empresas pasaron a ser titulares del contrato de los lotes 6 y 7 en los mismos términos que las adjudicatarias de los lotes 1 a 5.

Durante la vigencia del contrato, se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles.

Las empresas dejarán de prestar servicio el 31 de diciembre de 2022, y la gestión de las ITV pasará a ser directa por parte de la Generalitat.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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