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Las ITV de la Comunitat volverán a manos públicas en 2023

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reservar cita de ITV Valencia

(EFE).- La Conselleria de Economía ha comunicado a las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no habrá prórroga del contrato, mientras continúa trabajando en la creación de una empresa que asumirá su gestión directa tras la reversión al sistema público de estas estaciones.

El contrato para la gestión de las ITV mediante una concesión administrativa finaliza a los 25 años de la concesión, es decir, a finales de 2022, puesto que la adjudicación se produjo en noviembre de 1997, y el pliego estableció que podían establecerse prórrogas de diez años comunicadas con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

El plazo de concesión finaliza el 5 de noviembre de 2022 y, un año antes de cumplirse el plazo de 25 años, la Conselleria de Economía como titular del servicio de ITV ha comunicado a las empresas que efectúa la denuncia del expediente contractual y que no existirá prórroga de la concesión, según informan fuentes de esta Conselleria.

Economía está trabajando en la creación de la empresa a la que revertirá el servicio de ITV y el acuerdo del Botánic II recoge que se hará «con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para los usuarios y una gestión transparente y eficiente».

El conseller Rafa Climent aseguró, hace casi un año, que la Generalitat espera ganar 39,2 millones de euros anuales con la gestión directa de las ITV tras su reversión al sistema público en 2023, un proceso en el que se comprometió a asumir a todos los empleados y a estudiar la rebaja de tarifas.

Según el Informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para esta reversión, prorrogar la concesión actual otros diez años es la opción «económicamente más desfavorable» para la Generalitat.

En noviembre de 1997 se adjudicaron los lotes números 1 a 5 y al mes siguiente las empresas ITV Vega Baja y Pistas Iteuve firmaron un contrato de adhesión al régimen concesional que suponía la extinción de la autorización administrativa de la que disponían y que fue concedida en su momento por el ministerio competente en la materia.

A partir de entonces, ambas empresas pasaron a ser titulares del contrato de los lotes 6 y 7 en los mismos términos que las adjudicatarias de los lotes 1 a 5.

Durante la vigencia del contrato, se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles.

Las empresas dejarán de prestar servicio el 31 de diciembre de 2022, y la gestión de las ITV pasará a ser directa por parte de la Generalitat.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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