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Las muertes por COVID-19 suben a 1,6 millones, con 70,8 millones de contagios

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Ginebra, 14 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó hoy 10.700 muertes por COVID-19 en el planeta en las últimas 24 horas, por lo que el total desde el inicio de la pandemia se eleva a 1,6 millones, mientras que los casos ascienden a 70,8 millones, 649.000 de ellos registradas en la última jornada.

La curva de fallecimientos diarios se mantiene en ascenso desde finales de octubre, con una cifra récord de 13.000 el pasado día 11, mientras que la de casos por jornada, que había bajado levemente a nivel global en noviembre, vuelve a subir en diciembre hasta un máximo diario de 695.000, también en el día 11.

América, con 30,4 millones de casos y 780.000 muertes, se mantiene como la región más afectada, y la pasada jornada registró una cifra récord de 345.000 nuevos contagios.

Europa suma 21,4 millones de casos y 484.000 muertes, mostrando cierta estabilización en su gráfica de nuevos positivos tras un sensible descenso en noviembre.

EEUU es el país más afectado con 15,8 millones de casos y una curva fuertemente al alza, mientras que India sigue descendiendo en contagios por jornada pero se acerca a los 10 millones de infecciones.

A continuación, con aumentos de casos diarios en las últimas semanas, se encuentran Brasil, con 6,8 millones de contagios, y Rusia, con 2,6 millones.

Le siguen Francia (2,3 millones de casos) y Reino Unido (1,8 millones), que han frenado semanas de descensos, mientras que siguen a la baja los contagios diarios en Italia (1,8 millones de positivos) y España (1,7 millones).

Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 51 millones, y de los 20 millones de casos activos un 0,5 por ciento (106.000) se encuentran en estado grave o crítico.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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