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Levantan parte del secreto del caso Azud, que investiga comisiones ilegales

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Levantan parte del secreto del caso Azud, que investiga comisiones ilegales
El cuñado de la ex alcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín, en una imagen de archivo. EFE/Biel Aliño

València, 21 abr (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Azud, que investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales.

El asunto está formado por más de 700 tomos, por lo que el juzgado ha citado para los próximos días a las partes en diferentes grupos para que tengan acceso a la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En este caso que investiga una trama de sobornos con trasfondo urbanístico hay investigadas unas 60 personas físicas, además de empresas.

Actualmente no hay ningún investigado en prisión provisional, pero sí han estado encarcelados el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y ex portavoz municipal socialista Rafa Rubio, el constructor Jaime Febrer y los empresarios Joaquín P.R. y Mónica M.G.

Para todos ellos se acordó el ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza en mayo del año pasado, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas, y fueron puestos en libertad en diferentes fechas a lo largo de 2021.

En el caso Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La instrucción nació en 2017, aunque no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.

Sin embargo, el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución), propiedad del empresario Jaume Febrer.

En el despacho de esta firma se halló documentación que permitió llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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