València, 21 abr (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Azud, que investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales.
El asunto está formado por más de 700 tomos, por lo que el juzgado ha citado para los próximos días a las partes en diferentes grupos para que tengan acceso a la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En este caso que investiga una trama de sobornos con trasfondo urbanístico hay investigadas unas 60 personas físicas, además de empresas.
Actualmente no hay ningún investigado en prisión provisional, pero sí han estado encarcelados el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y ex portavoz municipal socialista Rafa Rubio, el constructor Jaime Febrer y los empresarios Joaquín P.R. y Mónica M.G.
Para todos ellos se acordó el ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza en mayo del año pasado, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas, y fueron puestos en libertad en diferentes fechas a lo largo de 2021.
En el caso Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La instrucción nació en 2017, aunque no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.
Sin embargo, el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución), propiedad del empresario Jaume Febrer.
En el despacho de esta firma se halló documentación que permitió llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.
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