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Los comercios se unirán para abaratar la factura de la luz

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València, 14 sep (EFE).- La Confederación Española de Comercio (CEC) mantiene conversaciones con consultoras y empresas distribuidoras para impulsar una especie de central de compras que permita a los comercios acceder a una tarifa de la luz «mucho más barata» y en condiciones «mucho más ventajosas» gracias al volumen que contratarían.

Así lo ha señalado este martes a los medios de comunicación el presidente de la CEC, Rafael Torres, quien ha justificado la necesidad de esta medida en que, de media, la factura eléctrica de los comercios está subiendo en torno al 50 %, por lo que si se unen tendrán «mucho más poder y mucha más capacidad de negociación» al respecto.

Ha indicado que no puede concretar cuándo se podría poner en marcha esta medida, aunque ha afirmado que «si estuviera más o menos listo a finales septiembre o la primera quincena de octubre sería maravilloso», ya que, según ha hecho hincapié, la afectación en la factura eléctrica de los comercios que están en el sistema regulado es «gravísima».

«Desde luego, nosotros nos queremos mover más rápido que el Gobierno y no hacer las cosas con unas miras tan a medio y largo plazo, o con perspectivas de poca durabilidad de las medidas, que caducan por ejemplo a final de año», ha señalado.

El también presidente de la patronal Confecomerç de la Comunitat Valenciana ha indicado sobre las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «falta ver la letra pequeña» y cómo va a afectar la bajada de la luz, pues si al final se quedan fuera los comercios que tienen contratados más de 10 kilowatios, como ha pasado con la bajada del IVA, estos suponen el 70 o 80 % del total.

Ha defendido la necesidad de medidas «a corto plazo», como revisar todos los impuestos y tasas que estén afectados en la factura de la luz, ya que los cambios de la normativa tendrán «un efecto más a medio y largo plazo», por lo que, aunque todo lo que abarate la factura «es bueno», no les «sirve para ahora mismo».

Torres ha reivindicado esta propuesta de aglutinar a muchas asociaciones y comercios con el fin de funcionar como una central de compras y conseguir así una tarifa eléctrica más barata en que el papel de la Confederación es ayudar «en todo aquello que sea posible» a mejorar las condiciones de sus representados.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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