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Los ERTES se prorrogarán hasta el 31 de enero

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El Consejo de Ministros aprobará hoy la prórroga de los los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero. Finalmente, se ha alcanzado la unanimidad entre todos los agentes sociales después que el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido esta mañana, haya dado el visto bueno al preacuerdo al que llegaron ayer gobierno y sindicatos.

El acuerdo aumenta las exoneraciones de las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, los que las empresas pueden presentar si su actividad se ve afectada por las restricciones impuestas por las autoridades españolas o extranjeras. Esas exoneraciones, a los que podrán acogerse todas las empresas que lo necesiten, podrán llegar a partir del 1 de octubre hasta del 100% en empresas de menos de 50 trabajadores que no puedan desarrollar su actividad.

Si se limita el desarrollo normal de la actividad por parte de las autoridades españolas, y con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, las exoneraciones serán del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 70% en diciembre y del 60% en enero de 2021 si la empresa contaba con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de este año. Si tenían más de 50 asalariados, las exoneraciones quedan en el 90%, el 80%, el 60% y el 50% por cada mes del periodo octubre-enero.

Además, el acuerdo incrementa la protección de fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial, que cobrarán el 100% de la prestación por desempleo con los límites que fije la ley. También conserva el ‘contador a cero’ en las prestaciones de los ERTE, que mantendrán el 70% de la base reguladora aunque se cobren durante más de seis meses.

Otros de los puntos del nuevo acuerdo es el compromiso para la apertura de una mesa de negociación en la que se busque la protección de los trabajadores temporales afectados por un ERTE que han acabado en el paro y que no han cotizado bastante para cobrar una prestación por desempleo.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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