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Valencia

Los hosteleros aseguran que mañana habrá más familias arruinadas por una decisión unilateral

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València, 19 ene (EFE).- La hostelería de la Comunitat Valenciana augura que, con más de 20.000 empleos destruidos y un 30 % de empresas ya cerradas por la pandemia, «mañana habrá más familias arruinadas» por «la decisión unilateral» de la Generalitat de declarar el cierre total de este sector durante catorce días.

El presidente de CONHOSTUR y de la Federación de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, nuevas restricciones, ha afirmado que se trata de una decisión «política, más que sanitaria», y el Botànic estará «más unido que nunca».

«Si ayer el presidente dice que no tiene intención de cerrar, y hoy unilateralmente nos cierra, hay que felicitar a los políticos que nos querían cerrar porque lo han conseguido», ha lamentado Espinar, que ha señalado que más del 60 % de los contagios se produce en el ámbito familiar.

Ha asegurado que si todas las reuniones navideñas se hubieran realizado en el ámbito de la hostelería, «ahora no tendríamos estas cifras» tan altas de contagios.

Espinar ha asegurado que la situación financiera de las empresas del sector es muy delicada. «Mañana día 20 hay que pagar impuestos, ¿me puede decir el president de la Generalitat cómo los pagamos?», ha declarado.

Además, los productos perecederos irán otra vez a la basura, ha dicho para criticar la «precipitación» con que entran en vigor las medidas adoptadas y el modo en que el sector ha conocido la restricción a su actividad, a través de los medios de comunicación.

A fecha de diciembre, el sector ha destruido más de 20.000 empleos en la Comunitat Valenciana, donde ha cerrado el 30 % de los negocios, un porcentaje que puede crecer hasta el 50 % con el cierre decretado ahora, que no solo afecta a empresarios y autónomos sino también a «miles de trabajadores abocados a un ERTE».

El cierre de la hostelería durante catorce días a partir de las 00.00 horas del jueves será «el último empujón» para que muchas empresas «no puedan volver a abrir sus negocios», según Espinar.

Ha reclamado que se compense con la cobertura de los costes fijos de los negocios y, aunque el Plan Resiste para los sectores más afectados por la pandemia supone ayudas para la hostelería, esta necesita además un plan de rescate porque 2021 será «un año muy complicado».

Espinar también se ha referido a la velocidad de vacunación, ya que hasta que no se dé un 70 % de inmunidad de rebaño, no habrá turistas internacionales en la Comunitat Valenciana.

Según Espinar, «la gente está agotada, financieramente (no tiene) nada, y esto va a provocar que tiren la toalla y se dediquen a otra cosa, una pena que ocurra por la gestión de la pandemia que nos ha llevado a la ruina».

En estos momentos, ha advertido, la situación financiera del sector le permite aguantar «unos veinte días» más.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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