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Valencia

Los hosteleros aseguran que mañana habrá más familias arruinadas por una decisión unilateral

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València, 19 ene (EFE).- La hostelería de la Comunitat Valenciana augura que, con más de 20.000 empleos destruidos y un 30 % de empresas ya cerradas por la pandemia, «mañana habrá más familias arruinadas» por «la decisión unilateral» de la Generalitat de declarar el cierre total de este sector durante catorce días.

El presidente de CONHOSTUR y de la Federación de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, nuevas restricciones, ha afirmado que se trata de una decisión «política, más que sanitaria», y el Botànic estará «más unido que nunca».

«Si ayer el presidente dice que no tiene intención de cerrar, y hoy unilateralmente nos cierra, hay que felicitar a los políticos que nos querían cerrar porque lo han conseguido», ha lamentado Espinar, que ha señalado que más del 60 % de los contagios se produce en el ámbito familiar.

Ha asegurado que si todas las reuniones navideñas se hubieran realizado en el ámbito de la hostelería, «ahora no tendríamos estas cifras» tan altas de contagios.

Espinar ha asegurado que la situación financiera de las empresas del sector es muy delicada. «Mañana día 20 hay que pagar impuestos, ¿me puede decir el president de la Generalitat cómo los pagamos?», ha declarado.

Además, los productos perecederos irán otra vez a la basura, ha dicho para criticar la «precipitación» con que entran en vigor las medidas adoptadas y el modo en que el sector ha conocido la restricción a su actividad, a través de los medios de comunicación.

A fecha de diciembre, el sector ha destruido más de 20.000 empleos en la Comunitat Valenciana, donde ha cerrado el 30 % de los negocios, un porcentaje que puede crecer hasta el 50 % con el cierre decretado ahora, que no solo afecta a empresarios y autónomos sino también a «miles de trabajadores abocados a un ERTE».

El cierre de la hostelería durante catorce días a partir de las 00.00 horas del jueves será «el último empujón» para que muchas empresas «no puedan volver a abrir sus negocios», según Espinar.

Ha reclamado que se compense con la cobertura de los costes fijos de los negocios y, aunque el Plan Resiste para los sectores más afectados por la pandemia supone ayudas para la hostelería, esta necesita además un plan de rescate porque 2021 será «un año muy complicado».

Espinar también se ha referido a la velocidad de vacunación, ya que hasta que no se dé un 70 % de inmunidad de rebaño, no habrá turistas internacionales en la Comunitat Valenciana.

Según Espinar, «la gente está agotada, financieramente (no tiene) nada, y esto va a provocar que tiren la toalla y se dediquen a otra cosa, una pena que ocurra por la gestión de la pandemia que nos ha llevado a la ruina».

En estos momentos, ha advertido, la situación financiera del sector le permite aguantar «unos veinte días» más.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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