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Los taxistas denuncian que «València se vuelva a quedar sin taxis» en vacaciones de Pascua

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Investigan a un taxista por no llevar al hospital a una mujer de parto

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) – La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha denunciado este jueves que la «mala regulación» de las vacaciones de Pascua ha provocado que «València se vuelva a quedar sin taxis», ya que la Generalitat ha decidido reducir estos días la flota en un 50 por ciento, a pesar de que, salvo el pasado lunes, se trate de una semana laborable.

El colectivo ha criticado en un comunicado que durante la mañana de este jueves ha sido «muy difícil conseguir un taxi en la ciudad», una problemática que se ha visto agravada en las paradas del muelle de cruceros, «donde cientos de clientes enfadados llevan horas esperando, muchos de ellos con el tiempo justo y cargados con maletas destino al aeropuerto».

Con el objetivo de que esta situación «no vuelva a ocurrir», la asociación no descarta la posibilidad de denunciar el calendario de regulaciones marcado por la Generalitat, «para que se pueda ofrecer el servicio que de verdad necesita la población».

La organización se ha preguntado «qué va a ocurrir con las necesidades de taxis del viernes al domingo, con la Copa Davis, en una semana con la mitad de los coches trabajando». «¿Nadie ha pensado que es un evento especial que necesita mayor cobertura?», ha señalado.

La Generalitat «ha decidido considerar esta semana también festiva dentro del calendario obligatorio de las vacaciones marcado para los taxistas», ha censurado la organización, que ve «increíble» que «durante estos días la mitad de los conductores deben quedarse en sus casas por decretazo de la consellera, sin poder trabajar, sin poder ofrecer un servicio público que está demandando la población y que es necesario».

«SE ESTÁ CARGANDO EL TURISMO DE CRUCEROS»
La presidenta de la plataforma, Isabel Segura, ha tachado de «incomprensible» que la «Conselleria vuelva a regular mal las vacaciones y deje sin servicio de taxi a la población esta semana, después de lo que pasó el primer día de Fallas», cuando la organización denunció que un error en la programación de las tarifas provocó la «paralización» del servicio en la ciudad .

«Aunque los niños no tengan colegio, la población sí que va a trabajar como un día normal y los cruceristas siguen llegando al puerto según el calendario marcado, no de improvisto», ha remarcado.

Segura cree que «con estas decisiones arbitrarias la administración autonómica no sólo castiga a los taxistas, sino que está perjudicando a toda la población que no dispone de un servicio de calidad».

De igual forma, ha recriminado que «se está cargando el turismo de cruceros». «Si se repite el caos de este jueves, posiblemente se planteen otros destinos con mejores transportes para sus clientes», ha alertado.

La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi «no entiende cuáles son los criterios de la Generalitat para regular las vacaciones de los taxistas, para que no puedan trabajar, aunque haya una demanda real, perjudicando gravemente al sector».

«Sin duda, el Gobierno autonómico está hundiendo al sector con esta mala gestión, con la recién aprobada Nueva Ley del Taxi o con la intención de implantar de las 12 + 4. ¿El propósito de la Conselleria no será el de facilitar la entrada de las VTC a la ciudad? Desde luego, con esta forma de gobernar, lo están consiguiendo. La falta de abastecimiento de taxis abre la puerta al intrusismo», ha zanjado este colectivo.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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