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Los vacunados con AstraZeneca esperan hoy la decisión sobre su segunda dosis

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EFE

Madrid, 30 abr (EFE).- Los menores de 60 años vacunados con una primera dosis AstraZeneca, unos 2 millones de personas, en su mayoría trabajadores esenciales, esperan que la Comisión de Salud Pública decida si recibirán un segundo pinchazo de este suero o si tendrán aún que esperar semanas a completar su inmunización.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tratarán de llegar a una conclusión sobre el futuro de estas personas cuando está por vencer el periodo de 12 semanas para los primeros vacunados con Vaxzevria (nombre comercial de AstraZeneca), que empezó a emplearse en nuestro país en trabajadores esenciales menores de 55 años a principios de febrero.

Su inmunización quedó en el limbo cuando Salud Pública desaconsejó su uso en menores de 60 años a raíz de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) confirmara la existencia de un «posible vínculo» del fármaco con casos muy poco frecuentes de trombosis con bajada de plaquetas.

Hay varias opciones: que completen la pauta con AstraZeneca en el tiempo que marca su prospecto, que es la opción recomendada por la EMA y por la que se han decantado países como Italia, donde está recomendada para mayores de 60 años y menores de 80, si bien está administrando la segunda dosis a los ya vacunados con una primera independientemente de su edad.

Otra alternativa es la de inocularles el suero anglosueco pero dilatando las 12 semanas entre dosis; por ella han optado países como Irlanda, que ha ampliado la pauta a las 16 semanas mientras espera más evidencia científica.

Y por último está la de mezclar marcas, en cuyo caso se esperaría a los resultados de CombiVacs, el ensayo que ha puesto en marcha el Instituto Carlos III en cinco hospitales españoles para probar la eficacia de mezclar Vaxzevria con Pfizer. Es lo que se está haciendo en Francia, Finlandia, Alemania o Suecia.

El aplazamiento de la decisión en España ha sido justificado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por la «complejidad» de la misma. «No hagamos cuestiones simplistas con esto», pidió ayer en el Congreso ante las numerosas críticas de los grupos por la incertidumbre en la que llevan sumidos desde hace semanas las personas vacunadas con AstraZeneca.

Consciente de la inquietud que pueden estar sufriendo este grupo, uno de los primeros que la estrategia definió como diana, quiso lanzarles un mensaje de tranquilidad porque solo con la primera dosis la vacuna ya tiene una eficacia contra la covid del 76 %.

Quienes sí lo tienen más claro son aquellos vacunados con este medicamento y con los otros que requieren dos dosis (Pfizer y Moderna) y que hayan pasado la covid: si tienen más de 65 años, se les inyectará la segunda, pero si no, bastará solo con una.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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