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Los valencianos, los que más se divorcian y se separan en España

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VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) – La Comunitat Valenciana es la autonomía en la que más disoluciones matrimoniales se produjeron durante el tercer trimestre de 2018, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y de los que ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. En total, en este periodo se registraron 2.695 divorcios y 125 separaciones.

El informe pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2018. El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, con 5,7; seguida de Andalucía y Canarias, con 5,1; Islas Baleares, con 5; y Galicia, con 4,9. La media nacional es de 4,7 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes.

Entre julio y septiembre de este año se produjeron 2.695 divorcios y 125 separaciones en la Comunidad Valenciana. Las 1.570 demandas de divorcio consensuado registradas en el tercer trimestre de este año suponen una reducción del 6,3 por ciento respecto de las presentadas en el mismo trimestre de 2017.

Por otra parte, los divorcios no consensuados experimentaron un incremento interanual del 13,6%, al registrar 1.125 demandas, frente a las 990 del tercer trimestre de 2017.

Por el contrario, las 72 separaciones consensuadas de 2018 suponen un 7,7% menos que el año anterior, mientras las 53 separaciones no consensuadas coinciden con la cifra de demandas presentadas en el tercer trimestre de 2017, por lo que no experimentan ninguna evolución.

Por provincias, en Valencia se presentaron 1.457 demandas de divorcio, tanto contenciosos como mutuo acuerdo y 74 de separación, tanto consensuados como no consensuados. En Alicante fueron 931 demandas de divorcio y 33 de separación, mientras que en Castellón se registraron 307 divorcios y 18 separaciones.

Por otra parte, las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a cuatro en toda la Comunitat, lo que supone un descenso del 42,9%, frente a las siete registradas en el mismo periodo de 2017.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas han mostrado un aumento interanual del 33,5% en el tercer trimestre de 2018 respecto del mismo periodo del 2017, al pasar de 221 a 298. Por el contrario, las modificaciones de medidas no consensuadas se redujeron un 4,2%, con 801 demandas en 2018, frente a las 836 de 2017.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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