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Luis Planas, un ministro valenciano para un sector agrario que resiste

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Luis Planas
El valenciano Luis Planas, en la imagen, continuará al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFE/J. Warnand

Madrid/València, 20 nov (OFFICIAL PRESS-EFE)-. El valenciano Luis Planas continuará al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cinco años después de una primera toma de posesión en la que nadie podía ni imaginar que la realidad le pusiera sobre la mesa una pandemia, un volcán, Filomena o una guerra que desafiaran la seguridad alimentaria mundial.

Por no hablar de los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el aumento de los costes de producción, la guerra arancelaria internacional, el encarecimiento de los insumos, el paso de los cereales por el Mar Negro o los vuelcos de camiones españoles en la frontera con Francia.

Una prueba tras otra para el músculo agroalimentario español que ha conseguido seguir funcionando y garantizar el suministro de alimentos, y al que Luis Planas le ha pedido cintura para gestionar las tormentas perfectas y afrontar que «el mundo gira y cambia» y hay que adaptarse a él.

Luis Planas

Luis Planas tomó posesión por primera vez de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación el 7 de junio de 2018; fue ratificado el 13 de enero de 2020, y ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le mantiene al frente del Departamento.

Ha sido senador, diputado nacional y del Parlamento Europeo, embajador en Marruecos y en la Unión Europea, y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, reconocido por todos por su perfil europeísta, su talante negociador y su capacidad incansable de trabajo, de la que ha dado buena cuenta su agenda pública diaria.

Licenciado en Derecho e inspector de Trabajo, insistía en una entrevista con EFE en enero de 2021 en que le gustaba mucho la política pero también la gestión pública, «el buen uso de los fondos públicos».

La reforma de la PAC, la pandemia, Filomena…

Y en esos términos fajó la posición española en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), con el calendario final de 2023 a 2027, por la pandemia de la covid que, junto con los fondos de recuperación que gestiona Agricultura, supone 47.724 millones.

Se ha mostrado defensor constante del «triángulo» jóvenes y mujeres, agua y digitalización para revitalizar el territorio rural, en el que la subida de precios, la falta de rentabilidad y la desafección del agro están dificultando el relevo generacional.

También requirió un esfuerzo titánico, desde el Ministerio al último productor, la reacción de la cadena alimentaria a la crisis de la covid, que fue un auténtico test de estrés para la producción y la distribución de alimentos, y para la gestión de las explotaciones y la mano de obra.

Años en los que los tractores salieron a las calles tanto a defender sus derechos como a desinfectar las calles; y en el que la erupción en La Palma o Filomena no dieron un respiro… pero no lograron dejar sin alimentos los lineales de los supermercados.

La Presidencia Española y la Guerra de Ucrania

La presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 permitió a Planas mostrar a sus homólogos el sector pesquero en julio (en Vigo) y el agrario y tecnológico en septiembre (Córdoba), en lo que suponen además de reflejo del sistema agroalimentario de los países del sur comunitario.

La guerra de Ucrania y la sequía, y la consecuente subida de los precios, se han confrontado con medidas como la rebaja del IVA de alimentos básicos, los cheques comida y las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, que han superado los 1.300 millones.

Reformador de la ley de la cadena, ha peleado por lograr precios justos y evitar las prácticas desleales en una cadena tensionada; ha lidiado con los problemas de sanidad animal y vegetal, y con las reclamaciones de las comunidades autónomas, algunas sufriendo además las consecuencias de los aranceles norteamericanos (por el conflicto Boeing-Airbus), como en el caso de la aceituna negra de mesa.

Por su parte, el sector pesquero continúa pendiente de desafíos como el relevo generacional, la rentabilidad o las consecuencias de las estrategias ambientales comunitarias en su día a día, como en el caso del arrastre o de los tacs y cuotas anuales.

Decía Planas en otra entrevista con EFE que «la gran pregunta es cómo arreglamos esto juntos, con espíritu de arrimar el hombro». El ministro incansable para un sector que resiste los tsunamis ambientales, legales y económicos uno detrás de otro.

Laura Cristóbal

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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