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Valencia

Luis Planas, un ministro valenciano para un sector agrario que resiste

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Luis Planas
El valenciano Luis Planas, en la imagen, continuará al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFE/J. Warnand

Madrid/València, 20 nov (OFFICIAL PRESS-EFE)-. El valenciano Luis Planas continuará al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cinco años después de una primera toma de posesión en la que nadie podía ni imaginar que la realidad le pusiera sobre la mesa una pandemia, un volcán, Filomena o una guerra que desafiaran la seguridad alimentaria mundial.

Por no hablar de los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el aumento de los costes de producción, la guerra arancelaria internacional, el encarecimiento de los insumos, el paso de los cereales por el Mar Negro o los vuelcos de camiones españoles en la frontera con Francia.

Una prueba tras otra para el músculo agroalimentario español que ha conseguido seguir funcionando y garantizar el suministro de alimentos, y al que Luis Planas le ha pedido cintura para gestionar las tormentas perfectas y afrontar que «el mundo gira y cambia» y hay que adaptarse a él.

Luis Planas

Luis Planas tomó posesión por primera vez de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación el 7 de junio de 2018; fue ratificado el 13 de enero de 2020, y ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le mantiene al frente del Departamento.

Ha sido senador, diputado nacional y del Parlamento Europeo, embajador en Marruecos y en la Unión Europea, y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, reconocido por todos por su perfil europeísta, su talante negociador y su capacidad incansable de trabajo, de la que ha dado buena cuenta su agenda pública diaria.

Licenciado en Derecho e inspector de Trabajo, insistía en una entrevista con EFE en enero de 2021 en que le gustaba mucho la política pero también la gestión pública, «el buen uso de los fondos públicos».

La reforma de la PAC, la pandemia, Filomena…

Y en esos términos fajó la posición española en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), con el calendario final de 2023 a 2027, por la pandemia de la covid que, junto con los fondos de recuperación que gestiona Agricultura, supone 47.724 millones.

Se ha mostrado defensor constante del «triángulo» jóvenes y mujeres, agua y digitalización para revitalizar el territorio rural, en el que la subida de precios, la falta de rentabilidad y la desafección del agro están dificultando el relevo generacional.

También requirió un esfuerzo titánico, desde el Ministerio al último productor, la reacción de la cadena alimentaria a la crisis de la covid, que fue un auténtico test de estrés para la producción y la distribución de alimentos, y para la gestión de las explotaciones y la mano de obra.

Años en los que los tractores salieron a las calles tanto a defender sus derechos como a desinfectar las calles; y en el que la erupción en La Palma o Filomena no dieron un respiro… pero no lograron dejar sin alimentos los lineales de los supermercados.

La Presidencia Española y la Guerra de Ucrania

La presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 permitió a Planas mostrar a sus homólogos el sector pesquero en julio (en Vigo) y el agrario y tecnológico en septiembre (Córdoba), en lo que suponen además de reflejo del sistema agroalimentario de los países del sur comunitario.

La guerra de Ucrania y la sequía, y la consecuente subida de los precios, se han confrontado con medidas como la rebaja del IVA de alimentos básicos, los cheques comida y las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, que han superado los 1.300 millones.

Reformador de la ley de la cadena, ha peleado por lograr precios justos y evitar las prácticas desleales en una cadena tensionada; ha lidiado con los problemas de sanidad animal y vegetal, y con las reclamaciones de las comunidades autónomas, algunas sufriendo además las consecuencias de los aranceles norteamericanos (por el conflicto Boeing-Airbus), como en el caso de la aceituna negra de mesa.

Por su parte, el sector pesquero continúa pendiente de desafíos como el relevo generacional, la rentabilidad o las consecuencias de las estrategias ambientales comunitarias en su día a día, como en el caso del arrastre o de los tacs y cuotas anuales.

Decía Planas en otra entrevista con EFE que «la gran pregunta es cómo arreglamos esto juntos, con espíritu de arrimar el hombro». El ministro incansable para un sector que resiste los tsunamis ambientales, legales y económicos uno detrás de otro.

Laura Cristóbal

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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