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Luz verde a la tramitación de la Ley integral contra la corrupción de Ciudadanos

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El presidente de Ciudadanos (Cs) recrimina a PP y a PSOE que ‘no se extrañen de que la gente se preocupe por la corrupción porque llevan un ritmo de un imputado por semana’

“La corrupción es un problema de España y con la ley que presenta Ciudadanos queremos proteger a los buenos y castigar a los malos”, ha advertido el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera. En su opinión, “hay que actuar a conciencia y de manera integral y transversal” en la lucha contra la corrupción porque “es el segundo problema de los españoles según el CIS”.

Rivera ha defendido en el Pleno del Congreso el Proyecto de Ley de Cs de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que el partido naranja ya presentó en septiembre del año pasado. “No se extrañen de que la gente se preocupe por la corrupción porque llevan un ritmo de un imputado por semana”, ha espetado el líder de Cs a PP y a PSOE.

La ley de Cs contra la corrupción apuesta por “proteger a los que denuncian la corrupción y no a los corruptos”. “Es una buena noticia para los buenos porque, si se aprueba esta ley, a los que denuncian la corrupción no solo se les premiará con una palmadita en la espalda, sino que tendrán una ley que les ampare”, ha destacado Rivera.

El presidente de Cs también ha defendido que la ley exige que “los indultos se motiven si no son por corrupción y se prohíban si son por corrupción”. Rivera ha lamentado que “a algunos corruptos” les suceda “como en el ciclo del agua: son imputados, juzgados, condenados e indultados”. Para el líder del partido naranja, “si un juez condena a alguien en segunda instancia, un gobierno no es nadie para levantar esa condena”.

Además, la ley de Cs contra la corrupción también convierte en delito el enriquecimiento ilícito porque “si un cargo público incrementa de manera exponencial su patrimonio y no puede demostrar de dónde sale se debe investigar”, según Rivera.

La propuesta del partido naranja también quiere eliminar “la traba que impuso el PP” al instaurar “un plazo máximo para investigar los procesos penales”. “No debe haber ni cortapisas ni límites para investigar a los corruptos”, ha defendido el líder de Cs, que ha exigido “dotar de dinero y recursos a los jueces”.

“Los españoles quieren que se cumplan las condenas pero también que se devuelva el dinero”, ha afirmado Rivera, que ha apostado porque “los partidos políticos, los sindicatos y las patronales se hagan cargo de la corrupción en su seno”. El presidente de Cs ha pedido que “el PP devuelva hasta el último euro que Bárcenas robó a los españoles”.

La ley de Cs también se preocupa por “defender a los secretarios de ayuntamientos y a los interventores de la administración local para que puedan hacer cumplir la ley frente a la corrupción urbanística”, ha explicado Rivera.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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