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Más de 5.000 mujeres denuncian malos tratos en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, Jun. (EUROPA PRESS) -Más de 5.300 mujeres denunciaron malos tratos en el primer trimestre del año en la Comunitat Valenciana, autonomía que ha registrado en este período la tercera mayor tasa del país de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con un índice de 20,48, según los datos hechos públicos hoy por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género.

La ratio valenciana supera el índice nacional, que fue de 15,89, y coloca al territorio solo por detrás de Murcia, que alcanzó las 21,9 víctimas de violencia por cada 10.000 mujeres, y Baleares, con 21,76, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de un comunicado.

Durante el primer trimestre, un total de 5.150 mujeres constan como víctimas de violencia de género en los juzgados y tribunales valencianos, lo que significa un aumento del 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, con 5.057. De las 5.150 víctimas registradas entre enero y marzo de este año, 3.347 mujeres eran españolas y 1.803 extranjeras.

El número de denuncias presentadas en el periodo analizado, 5.365, experimentó una reducción interanual del 2,5%, respecto a las 5.501 presentadas en el primer trimestre de 2017.

PROCEDENCIA DENUNCIAS
Cerca de un 54% de las denuncias, 2.880, fueron presentadas por la propia víctima, o bien directamente en el juzgado, o bien a través de los correspondientes atestados policiales. Además, 116 fueron interpuestas por familiares, 1.402 por intervención directa policial y 812 causas se abrieron a partir de partes de lesiones presentados directamente en el juzgado. El resto, 155, procedieron de servicios de asistencia o terceros.

Según el informe estadístico, 708 de las víctimas valencianas se acogieron a la dispensa legal de la obligación de declarar como testigo contra el presunto agresor, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 13,7% del total de mujeres víctimas, cifra similar al primer trimestre de 2017, que fue de un 13,4%.

En los primeros tres meses del año se solicitaron 1.113 órdenes de protección –que incluyen las medidas de protección y seguridad de las víctimas– en los juzgados de Violencia sobre la Mujer valencianos. Se adoptaron 3.919, un 82%, y se denegaron 189, un 17%. Las 8 restantes no se admitieron.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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