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Más de 5.000 mujeres denuncian malos tratos en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, Jun. (EUROPA PRESS) -Más de 5.300 mujeres denunciaron malos tratos en el primer trimestre del año en la Comunitat Valenciana, autonomía que ha registrado en este período la tercera mayor tasa del país de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con un índice de 20,48, según los datos hechos públicos hoy por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género.

La ratio valenciana supera el índice nacional, que fue de 15,89, y coloca al territorio solo por detrás de Murcia, que alcanzó las 21,9 víctimas de violencia por cada 10.000 mujeres, y Baleares, con 21,76, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de un comunicado.

Durante el primer trimestre, un total de 5.150 mujeres constan como víctimas de violencia de género en los juzgados y tribunales valencianos, lo que significa un aumento del 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, con 5.057. De las 5.150 víctimas registradas entre enero y marzo de este año, 3.347 mujeres eran españolas y 1.803 extranjeras.

El número de denuncias presentadas en el periodo analizado, 5.365, experimentó una reducción interanual del 2,5%, respecto a las 5.501 presentadas en el primer trimestre de 2017.

PROCEDENCIA DENUNCIAS
Cerca de un 54% de las denuncias, 2.880, fueron presentadas por la propia víctima, o bien directamente en el juzgado, o bien a través de los correspondientes atestados policiales. Además, 116 fueron interpuestas por familiares, 1.402 por intervención directa policial y 812 causas se abrieron a partir de partes de lesiones presentados directamente en el juzgado. El resto, 155, procedieron de servicios de asistencia o terceros.

Según el informe estadístico, 708 de las víctimas valencianas se acogieron a la dispensa legal de la obligación de declarar como testigo contra el presunto agresor, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 13,7% del total de mujeres víctimas, cifra similar al primer trimestre de 2017, que fue de un 13,4%.

En los primeros tres meses del año se solicitaron 1.113 órdenes de protección –que incluyen las medidas de protección y seguridad de las víctimas– en los juzgados de Violencia sobre la Mujer valencianos. Se adoptaron 3.919, un 82%, y se denegaron 189, un 17%. Las 8 restantes no se admitieron.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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