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Más de 5.000 mujeres denuncian malos tratos en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, Jun. (EUROPA PRESS) -Más de 5.300 mujeres denunciaron malos tratos en el primer trimestre del año en la Comunitat Valenciana, autonomía que ha registrado en este período la tercera mayor tasa del país de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con un índice de 20,48, según los datos hechos públicos hoy por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género.

La ratio valenciana supera el índice nacional, que fue de 15,89, y coloca al territorio solo por detrás de Murcia, que alcanzó las 21,9 víctimas de violencia por cada 10.000 mujeres, y Baleares, con 21,76, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de un comunicado.

Durante el primer trimestre, un total de 5.150 mujeres constan como víctimas de violencia de género en los juzgados y tribunales valencianos, lo que significa un aumento del 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, con 5.057. De las 5.150 víctimas registradas entre enero y marzo de este año, 3.347 mujeres eran españolas y 1.803 extranjeras.

El número de denuncias presentadas en el periodo analizado, 5.365, experimentó una reducción interanual del 2,5%, respecto a las 5.501 presentadas en el primer trimestre de 2017.

PROCEDENCIA DENUNCIAS
Cerca de un 54% de las denuncias, 2.880, fueron presentadas por la propia víctima, o bien directamente en el juzgado, o bien a través de los correspondientes atestados policiales. Además, 116 fueron interpuestas por familiares, 1.402 por intervención directa policial y 812 causas se abrieron a partir de partes de lesiones presentados directamente en el juzgado. El resto, 155, procedieron de servicios de asistencia o terceros.

Según el informe estadístico, 708 de las víctimas valencianas se acogieron a la dispensa legal de la obligación de declarar como testigo contra el presunto agresor, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 13,7% del total de mujeres víctimas, cifra similar al primer trimestre de 2017, que fue de un 13,4%.

En los primeros tres meses del año se solicitaron 1.113 órdenes de protección –que incluyen las medidas de protección y seguridad de las víctimas– en los juzgados de Violencia sobre la Mujer valencianos. Se adoptaron 3.919, un 82%, y se denegaron 189, un 17%. Las 8 restantes no se admitieron.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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