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Más de 8.500 efectivos policiales velarán por la seguridad del 28A en la Comunitat

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Un total de 8.541 efectivos policiales velarán en la Comunitat Valenciana por la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones generales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de abril.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras participar este martes en la Comisión Mixta de Seguridad de la Comunitat para coordinar los dispositivos y la ciberseguridad de los comisiones generales y autonómicos del próximo 28 de abril, acompañada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo.

En concreto, de los 8.541 agentes, un total de 3.300 serán agentes de la Policía Nacional; 3.465 de la Guardia Civil; 111 de la Policía de la Generalitat y 1.665 serán efectivos de la Policía Local. Este dispositivo representa el 10% del total de agentes –unos 93.000– que velarán en España por la seguridad de los comicios.

Para Botella, este despliegue pone de manifiesto «el gran esfuerzo colectivo para garantizar el proceso electoral» que «es el corazón mismo de la democracia», ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que ya el pasado 13 de marzo se dictó la instrucción 5/2019 de la Secretaría de Estado precisamente para establecer todos los mecanismos de coordinación en toda España tanto desde un ámbito más tradicional como son los dispositivos, medios materiales y la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como en materia de ciberseguridad para garantizar «la protección de la libertad y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados».

En este punto, ha incidido en la importancia de «combatir las posibles influencias y campañas de desinformación que podrían afectar al proceso electoral». «Esto es algo que el Gobierno de España se ha tomado muy en serio y responde a una recomendación de 2018 de la Comisión Europea a todos loa Estados miembros para que tomaran medidas de cara a los calendarios electorales», ha explicado.

Así, ha subrayado que hay «garantía de seguridad» y «confianza en el proceso electoral». «Objetivamente España está muy preparada para celebrar estos comicios. Trabajamos intensamente para eliminar cualquier problema y anticiparnos a cualquier circunstancia», ha remarcado Botella.

FASES

Ha explicado que el operativo policial está dividido en tres fases. La primera que comprende desde la disolución de las Cortes Generales y hasta el 12 de abril, inicio de la campaña electoral. A partir de ese momento se estará en «una fase de alerta» hasta la jornada de reflexión, cuando se pondrá en marcha la «fase operativa» en la que habrá «máxima atención y disponibilidad» para atender «cualquier circunstancia que se pueda dar».

Por otro lado y preguntada por las medidas que se van a adoptar para frenar los ataques informáticos, Botella ha detallado que se ha diseñado una estructura organizativa «trasversal» con cuatro pilares: el primero que afecta al desarrollo del hardware y mecanismos informáticos; la protección de datos; la ciberseguridad en todos los centros de los diferentes ministerios y otro enfocado a la desinformación que está coordinado por la Secretaría de Estado en colaboración con el departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha explicado que por parte de Interior y a través de la instrucción de la Secretaría de Estado, se han activado «todas las capacidades cibernéticas junto a las FCSE para, por un lado, tener capacidad preventiva, alerta y vigilancia para monitorizar en todos los sistemas abiertos cualquier información dirigida a afectar el proceso electoral y, por otra, tener capacidad de respuesta».

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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