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Más de 8.500 efectivos policiales velarán por la seguridad del 28A en la Comunitat

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Un total de 8.541 efectivos policiales velarán en la Comunitat Valenciana por la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones generales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de abril.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras participar este martes en la Comisión Mixta de Seguridad de la Comunitat para coordinar los dispositivos y la ciberseguridad de los comisiones generales y autonómicos del próximo 28 de abril, acompañada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo.

En concreto, de los 8.541 agentes, un total de 3.300 serán agentes de la Policía Nacional; 3.465 de la Guardia Civil; 111 de la Policía de la Generalitat y 1.665 serán efectivos de la Policía Local. Este dispositivo representa el 10% del total de agentes –unos 93.000– que velarán en España por la seguridad de los comicios.

Para Botella, este despliegue pone de manifiesto «el gran esfuerzo colectivo para garantizar el proceso electoral» que «es el corazón mismo de la democracia», ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que ya el pasado 13 de marzo se dictó la instrucción 5/2019 de la Secretaría de Estado precisamente para establecer todos los mecanismos de coordinación en toda España tanto desde un ámbito más tradicional como son los dispositivos, medios materiales y la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como en materia de ciberseguridad para garantizar «la protección de la libertad y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados».

En este punto, ha incidido en la importancia de «combatir las posibles influencias y campañas de desinformación que podrían afectar al proceso electoral». «Esto es algo que el Gobierno de España se ha tomado muy en serio y responde a una recomendación de 2018 de la Comisión Europea a todos loa Estados miembros para que tomaran medidas de cara a los calendarios electorales», ha explicado.

Así, ha subrayado que hay «garantía de seguridad» y «confianza en el proceso electoral». «Objetivamente España está muy preparada para celebrar estos comicios. Trabajamos intensamente para eliminar cualquier problema y anticiparnos a cualquier circunstancia», ha remarcado Botella.

FASES

Ha explicado que el operativo policial está dividido en tres fases. La primera que comprende desde la disolución de las Cortes Generales y hasta el 12 de abril, inicio de la campaña electoral. A partir de ese momento se estará en «una fase de alerta» hasta la jornada de reflexión, cuando se pondrá en marcha la «fase operativa» en la que habrá «máxima atención y disponibilidad» para atender «cualquier circunstancia que se pueda dar».

Por otro lado y preguntada por las medidas que se van a adoptar para frenar los ataques informáticos, Botella ha detallado que se ha diseñado una estructura organizativa «trasversal» con cuatro pilares: el primero que afecta al desarrollo del hardware y mecanismos informáticos; la protección de datos; la ciberseguridad en todos los centros de los diferentes ministerios y otro enfocado a la desinformación que está coordinado por la Secretaría de Estado en colaboración con el departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha explicado que por parte de Interior y a través de la instrucción de la Secretaría de Estado, se han activado «todas las capacidades cibernéticas junto a las FCSE para, por un lado, tener capacidad preventiva, alerta y vigilancia para monitorizar en todos los sistemas abiertos cualquier información dirigida a afectar el proceso electoral y, por otra, tener capacidad de respuesta».

Fuente: Europa Press

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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