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Más de 8.500 efectivos policiales velarán por la seguridad del 28A en la Comunitat

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Un total de 8.541 efectivos policiales velarán en la Comunitat Valenciana por la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones generales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de abril.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras participar este martes en la Comisión Mixta de Seguridad de la Comunitat para coordinar los dispositivos y la ciberseguridad de los comisiones generales y autonómicos del próximo 28 de abril, acompañada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo.

En concreto, de los 8.541 agentes, un total de 3.300 serán agentes de la Policía Nacional; 3.465 de la Guardia Civil; 111 de la Policía de la Generalitat y 1.665 serán efectivos de la Policía Local. Este dispositivo representa el 10% del total de agentes –unos 93.000– que velarán en España por la seguridad de los comicios.

Para Botella, este despliegue pone de manifiesto «el gran esfuerzo colectivo para garantizar el proceso electoral» que «es el corazón mismo de la democracia», ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que ya el pasado 13 de marzo se dictó la instrucción 5/2019 de la Secretaría de Estado precisamente para establecer todos los mecanismos de coordinación en toda España tanto desde un ámbito más tradicional como son los dispositivos, medios materiales y la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como en materia de ciberseguridad para garantizar «la protección de la libertad y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados».

En este punto, ha incidido en la importancia de «combatir las posibles influencias y campañas de desinformación que podrían afectar al proceso electoral». «Esto es algo que el Gobierno de España se ha tomado muy en serio y responde a una recomendación de 2018 de la Comisión Europea a todos loa Estados miembros para que tomaran medidas de cara a los calendarios electorales», ha explicado.

Así, ha subrayado que hay «garantía de seguridad» y «confianza en el proceso electoral». «Objetivamente España está muy preparada para celebrar estos comicios. Trabajamos intensamente para eliminar cualquier problema y anticiparnos a cualquier circunstancia», ha remarcado Botella.

FASES

Ha explicado que el operativo policial está dividido en tres fases. La primera que comprende desde la disolución de las Cortes Generales y hasta el 12 de abril, inicio de la campaña electoral. A partir de ese momento se estará en «una fase de alerta» hasta la jornada de reflexión, cuando se pondrá en marcha la «fase operativa» en la que habrá «máxima atención y disponibilidad» para atender «cualquier circunstancia que se pueda dar».

Por otro lado y preguntada por las medidas que se van a adoptar para frenar los ataques informáticos, Botella ha detallado que se ha diseñado una estructura organizativa «trasversal» con cuatro pilares: el primero que afecta al desarrollo del hardware y mecanismos informáticos; la protección de datos; la ciberseguridad en todos los centros de los diferentes ministerios y otro enfocado a la desinformación que está coordinado por la Secretaría de Estado en colaboración con el departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha explicado que por parte de Interior y a través de la instrucción de la Secretaría de Estado, se han activado «todas las capacidades cibernéticas junto a las FCSE para, por un lado, tener capacidad preventiva, alerta y vigilancia para monitorizar en todos los sistemas abiertos cualquier información dirigida a afectar el proceso electoral y, por otra, tener capacidad de respuesta».

Fuente: Europa Press

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El juez del caso Begoña Gómez imputa a una alto cargo de Moncloa

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Begoña Gómez- ARCHIVO EFE

El magistrado solicita agendas, correos y pasaportes de la esposa del presidente y de su asesora, además de convocar una nueva ronda de testigos.

Madrid, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) — El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha decidido imputar a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, al tiempo que rechaza volver a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, donde también une las dos piezas separadas del procedimiento y mantiene la vía del tribunal del jurado por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.


Judit Alexandra González, nueva imputada en la investigación

El juez cita a González el próximo 12 de noviembre para informarla de los hechos que se le imputan y escuchar su declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos, descartando su comparecencia como testigo.

Con esta decisión, González se convierte en la quinta persona investigada en la causa, junto a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado argumenta que la secretaria general, por su posición, tenía la capacidad de supervisar las labores de las personas designadas para funciones públicas, y que su omisión de control podría constituir malversación por comisión por omisión, al no evitar actividades privadas desarrolladas desde un cargo público.


El juez pide agendas, correos y pasaportes a Moncloa

En su resolución, el instructor solicita a Moncloa que entregue las agendas oficiales de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, con el fin de que la UCO de la Guardia Civil analice si las reuniones, viajes y desplazamientos correspondían a actividades personales o profesionales.

También pide los pasaportes de ambas para cotejar las fechas y coincidencias de sus viajes al extranjero, así como todos los correos electrónicos intercambiados entre ellas. Además, reclama información sobre los viajes sufragados con fondos públicos desde la contratación de Álvarez en 2018 hasta la actualidad, su vida laboral y los datos salariales actualizados de 2025.

Peinado solicita asimismo los antecedentes sobre el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, precisando puestos, funciones y número de asistentes designados simultáneamente.


El juez rechaza volver a citar a Pedro Sánchez y a Bolaños

El magistrado descarta la petición de las acusaciones populares de volver a llamar a Pedro Sánchez como testigo, al considerar que sería una diligencia “inútil e impertinente”.

Recuerda que el presidente del Gobierno ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su relación con la investigada. “Nada aportó para el esclarecimiento de los hechos y nada hace prever que cambiara de postura”, subraya el juez.

En la misma línea, Peinado rechaza citar de nuevo a Félix Bolaños, al entender que su anterior declaración fue “reticente” y que no aportaría información relevante para el avance de la instrucción.


Nuevos testigos citados para noviembre

El juez convoca una nueva ronda de declaraciones: el 12 de noviembre deberán comparecer Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio. Posteriormente, el 28 de noviembre, están citadas María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena.

Asimismo, Peinado ha requerido a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todas las comunicaciones, correos o mensajes en los que figure la asesora de Gómez como emisora, destinataria o en copia.

 

 

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