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Valencia

Mazón promete 10 consellerias y la mitad de asesores

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El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. EFE/ Javier Lizón/Archivo

Alicante, 30 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que si se convierte en el próximo president de la Generalitat su Consell tendría un máximo de diez consellerias y, además, que reducirá a la mitad el número de asesores en esos departamentos.

En una conferencia en su calidad de candidato del PP a la Generalitat titulada ‘La Comunitat que viene’, organizada por el Foro Alicante del diario Información, Mazón ha enmarcado esta reducción del número de consellerias en su objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración valenciana, de la que ha dicho que el actual gabinete del socialista Ximo Puig ha desembolsado 3.700 millones de euros en «gastos políticos» que son «prescindibles para reforzar las políticas públicas».

Mazón promete 10 consellerias

«Éste es el Gobierno más caro de la historia y reduciremos los asesores al 50 por ciento», ha explicado Mazón antes de añadir que «habrá un máximo de diez consellerias, no más», para «eliminar la grasa y el gasto supérfluo».

Otros de los adelantos que ha hecho el líder de los populares valencianos ha sido que concurrirá a las elecciones autonómicas como cabeza de lista por la circunscripción de Alicante y no por Valencia, como ha ocurrido hasta ahora normalmente.

«Vivo en la Playa de San Juan, nací en Alicante y me parece normal que concurra a la Generalitat Valenciana por Alicante», ha manifestado, consciente de que eso puede significar que pueda convertirse en el primer president valenciano que se haya presentado por la provincia alicantina.

El programa electoral de Mazón

Mazón ha avanzado algunas de las líneas estratégicas de su programa electoral y de los objetivos que pondrá en práctica al frente del Gobierno valenciano si consigue llegar al Palau de la Generalitat y ha marcado como prioridad número uno la Sanidad pública con medidas como eliminar «el requisito encubierto lingüístico» con el argumento de que «no puede ser que el valenciano cuente lo mismo para una plaza de médico que un doctorado» y también ha asegurado que creará una Dirección General de Atención Primaria para tratar de afrontar el «principal cuello de botella» en la atención médica que son los entre 15 y 20 días de espera para la atención en los centros de salud.

También ha señalado que se propone blindar el presupuesto público de la Sanidad para que estas políticas nunca reciban menos del 30 por ciento del dinero, cifra de la que ha dicho que no se ha alcanzado con el Consell de Puig, así como aprobar un sistema de incentivos para que los sanitarios «que quieran, puedan trabajar por la tarde».

Entre otras medidas, también ha criticado la «recentralización» del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante y Castellón a València, y ha avanzado que habrá un programa de «libertad de elección» por el que a los 50 días el paciente pueda elegir la vía pública o privada para una intervención.

La aprobación de una Ley del Tercer Sector que aumente del 3 por ciento actual al 7 la reserva de empleos en el sector público a personas discapacitadas, como ha dicho que ya ocurre en la Diputación de Alicante que él preside, y que el certificado de discapacidad esté en tres meses en vez de la media de hoy de 2 años son otras de las promesas.

Mazón ha situado en política social todo lo referente a vivienda social, donde ha dicho que el impuesto actualmente es lineal en el 10 por ciento y que el PP reducirá a un tipo máximo del 9 y generalizado del 5, con un tipo superreducido del 3 para los menores de 35 años, los de rentas inferiores a los 30.000 euros, discapacitados, habitantes de pequeños municipios, víctimas de maltrato y familias numerosas.

Además, se ha comprometido a impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección oficial (4.000 en Alicante) y a que los mayores de 65 años que atiendan en sus hogares a descendientes tengan deducciones fiscales.

Habrá educación universal de 0 a 3 años para las familias «que lo deseen» eligiendo el centro que prefieran y ha adelantado que impulsará un «pacto, que no ley», por la libertad educativa que será dialogada con la comunidad educativa y los partidos políticos.

«Eliminaremos los asesores lingüísticos a dedo» porque, en su opinión, suplantan a los necesarios inspectores educativos y se quitará la «oficina de la policía lingüística», de la que cree que existe por la influencia del «separatismo catalán», además de que retomará la obligatoriedad de la asignatura de música en la ESO y se reforzará en las aulas tanto la lectoescritura como el cálculo.

En política fiscal, ha sostenido que un Consell del PP reducirá el IRPF «a todos: un poquito a quien más tiene y 31 por ciento a quien menos tiene» y eliminaciones en los impuestos de donaciones, sucesiones, patrimonio y bajadas a la mitad algunos otros como el de Actos Jurídicos Documentados.

Entre otras muchas propuestas, el presidente del PPCV se ha comprometido a que Les Corts dejen de elegir a magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para que «los jueces elijan a los jueces» y ha asegurado que en los presupuestos de la Generalitat habrá inversiones territorializadas atendiendo al peso poblacional, de manera que Alicante tenga una reserva del 37 por ciento.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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