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Valencia

Mazón promete 10 consellerias y la mitad de asesores

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El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. EFE/ Javier Lizón/Archivo

Alicante, 30 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que si se convierte en el próximo president de la Generalitat su Consell tendría un máximo de diez consellerias y, además, que reducirá a la mitad el número de asesores en esos departamentos.

En una conferencia en su calidad de candidato del PP a la Generalitat titulada ‘La Comunitat que viene’, organizada por el Foro Alicante del diario Información, Mazón ha enmarcado esta reducción del número de consellerias en su objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración valenciana, de la que ha dicho que el actual gabinete del socialista Ximo Puig ha desembolsado 3.700 millones de euros en «gastos políticos» que son «prescindibles para reforzar las políticas públicas».

Mazón promete 10 consellerias

«Éste es el Gobierno más caro de la historia y reduciremos los asesores al 50 por ciento», ha explicado Mazón antes de añadir que «habrá un máximo de diez consellerias, no más», para «eliminar la grasa y el gasto supérfluo».

Otros de los adelantos que ha hecho el líder de los populares valencianos ha sido que concurrirá a las elecciones autonómicas como cabeza de lista por la circunscripción de Alicante y no por Valencia, como ha ocurrido hasta ahora normalmente.

«Vivo en la Playa de San Juan, nací en Alicante y me parece normal que concurra a la Generalitat Valenciana por Alicante», ha manifestado, consciente de que eso puede significar que pueda convertirse en el primer president valenciano que se haya presentado por la provincia alicantina.

El programa electoral de Mazón

Mazón ha avanzado algunas de las líneas estratégicas de su programa electoral y de los objetivos que pondrá en práctica al frente del Gobierno valenciano si consigue llegar al Palau de la Generalitat y ha marcado como prioridad número uno la Sanidad pública con medidas como eliminar «el requisito encubierto lingüístico» con el argumento de que «no puede ser que el valenciano cuente lo mismo para una plaza de médico que un doctorado» y también ha asegurado que creará una Dirección General de Atención Primaria para tratar de afrontar el «principal cuello de botella» en la atención médica que son los entre 15 y 20 días de espera para la atención en los centros de salud.

También ha señalado que se propone blindar el presupuesto público de la Sanidad para que estas políticas nunca reciban menos del 30 por ciento del dinero, cifra de la que ha dicho que no se ha alcanzado con el Consell de Puig, así como aprobar un sistema de incentivos para que los sanitarios «que quieran, puedan trabajar por la tarde».

Entre otras medidas, también ha criticado la «recentralización» del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante y Castellón a València, y ha avanzado que habrá un programa de «libertad de elección» por el que a los 50 días el paciente pueda elegir la vía pública o privada para una intervención.

La aprobación de una Ley del Tercer Sector que aumente del 3 por ciento actual al 7 la reserva de empleos en el sector público a personas discapacitadas, como ha dicho que ya ocurre en la Diputación de Alicante que él preside, y que el certificado de discapacidad esté en tres meses en vez de la media de hoy de 2 años son otras de las promesas.

Mazón ha situado en política social todo lo referente a vivienda social, donde ha dicho que el impuesto actualmente es lineal en el 10 por ciento y que el PP reducirá a un tipo máximo del 9 y generalizado del 5, con un tipo superreducido del 3 para los menores de 35 años, los de rentas inferiores a los 30.000 euros, discapacitados, habitantes de pequeños municipios, víctimas de maltrato y familias numerosas.

Además, se ha comprometido a impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección oficial (4.000 en Alicante) y a que los mayores de 65 años que atiendan en sus hogares a descendientes tengan deducciones fiscales.

Habrá educación universal de 0 a 3 años para las familias «que lo deseen» eligiendo el centro que prefieran y ha adelantado que impulsará un «pacto, que no ley», por la libertad educativa que será dialogada con la comunidad educativa y los partidos políticos.

«Eliminaremos los asesores lingüísticos a dedo» porque, en su opinión, suplantan a los necesarios inspectores educativos y se quitará la «oficina de la policía lingüística», de la que cree que existe por la influencia del «separatismo catalán», además de que retomará la obligatoriedad de la asignatura de música en la ESO y se reforzará en las aulas tanto la lectoescritura como el cálculo.

En política fiscal, ha sostenido que un Consell del PP reducirá el IRPF «a todos: un poquito a quien más tiene y 31 por ciento a quien menos tiene» y eliminaciones en los impuestos de donaciones, sucesiones, patrimonio y bajadas a la mitad algunos otros como el de Actos Jurídicos Documentados.

Entre otras muchas propuestas, el presidente del PPCV se ha comprometido a que Les Corts dejen de elegir a magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para que «los jueces elijan a los jueces» y ha asegurado que en los presupuestos de la Generalitat habrá inversiones territorializadas atendiendo al peso poblacional, de manera que Alicante tenga una reserva del 37 por ciento.

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Valencia

Comunicado de la concejala valenciana del PP tras insultar a Pedro Sánchez en un mitin

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Pedro Sánchez

La concejala del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca, Belén Navarro, ha pedido disculpas públicas tras insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin celebrado este domingo en Teruel. La edil reconoce que sus palabras fueron inapropiadas y admite que “la crítica política es legítima; el insulto, no”.

El incidente se produjo durante un acto de campaña electoral en Aragón en el que participaba el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Desde el público, Navarro profirió un insulto grave dirigido a Sánchez, que respondió desde el escenario entre aplausos y gritos de apoyo asegurando que “quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad”.

Comunicado de disculpas de la concejala del PP

Horas después del acto, Belén Navarro difundió un comunicado en el que asume su responsabilidad y pide perdón tanto a su partido como a la ciudadanía. “De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia”, señala.

La concejala lamenta el daño causado a la imagen del Partido Popular y afirma que su comportamiento no representa los valores que deben regir la actividad política en una democracia. “Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y reitero mi compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político”, concluye.

El PSOE exige su expulsión inmediata

Tras lo ocurrido, el PSOE ha elevado el tono y ha reclamado la expulsión “inmediata” de la concejala. Los socialistas han exigido una respuesta clara y sin ambigüedades por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Pérez Llorca, advirtiendo de que “no se trata de una anécdota aislada”.

En un comunicado, el PSOE califica de “indecente e intolerable” que una representante pública acuda a un mitin de otro partido para insultar al presidente del Gobierno. A su juicio, este comportamiento “degrada la convivencia democrática” y exige consecuencias políticas inmediatas.

“No es un episodio aislado”, advierten los socialistas

Desde el PSOE y el PSPV se insiste en que este tipo de actitudes responden a “una forma deliberada de deshumanizar al adversario político y degradar el debate público”. “No podemos normalizar el insulto ni las agresiones verbales en política. La discrepancia es legítima; la deshumanización y el señalamiento, no”, subrayan.

En la misma línea, el PSPV-PSOE de la comarca de La Serranía y el Rincón de Ademuz, donde se encuentra Vallanca, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala y ha condenado unos hechos que consideran “gravísimos”. Su secretario general comarcal, Ramiro Rivera, ha afirmado que “quien insulta de esta manera no puede representar a nadie”.

Reacciones del Gobierno y condena institucional

El incidente ha generado también reacciones dentro del Gobierno. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado lo ocurrido de “bochornoso” y ha advertido de que convertir el ataque verbal en estrategia política supone un grave retroceso democrático.

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Transportes y el de Política Territorial, han cuestionado que un cargo público recurra al insulto soez en un acto político, subrayando que este tipo de comportamientos deberían avergonzar a toda la clase política.

Debate político y límites democráticos

El episodio ha reabierto el debate sobre el tono del enfrentamiento político en España y los límites que no deberían cruzarse en una democracia. Mientras la concejala ha pedido disculpas y reconoce su error, el PSOE mantiene la presión para que el PP actúe con contundencia y deje claro que el insulto personal no tiene cabida en la política institucional.

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