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Valencia

Mazón promete 10 consellerias y la mitad de asesores

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El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. EFE/ Javier Lizón/Archivo

Alicante, 30 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que si se convierte en el próximo president de la Generalitat su Consell tendría un máximo de diez consellerias y, además, que reducirá a la mitad el número de asesores en esos departamentos.

En una conferencia en su calidad de candidato del PP a la Generalitat titulada ‘La Comunitat que viene’, organizada por el Foro Alicante del diario Información, Mazón ha enmarcado esta reducción del número de consellerias en su objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración valenciana, de la que ha dicho que el actual gabinete del socialista Ximo Puig ha desembolsado 3.700 millones de euros en «gastos políticos» que son «prescindibles para reforzar las políticas públicas».

Mazón promete 10 consellerias

«Éste es el Gobierno más caro de la historia y reduciremos los asesores al 50 por ciento», ha explicado Mazón antes de añadir que «habrá un máximo de diez consellerias, no más», para «eliminar la grasa y el gasto supérfluo».

Otros de los adelantos que ha hecho el líder de los populares valencianos ha sido que concurrirá a las elecciones autonómicas como cabeza de lista por la circunscripción de Alicante y no por Valencia, como ha ocurrido hasta ahora normalmente.

«Vivo en la Playa de San Juan, nací en Alicante y me parece normal que concurra a la Generalitat Valenciana por Alicante», ha manifestado, consciente de que eso puede significar que pueda convertirse en el primer president valenciano que se haya presentado por la provincia alicantina.

El programa electoral de Mazón

Mazón ha avanzado algunas de las líneas estratégicas de su programa electoral y de los objetivos que pondrá en práctica al frente del Gobierno valenciano si consigue llegar al Palau de la Generalitat y ha marcado como prioridad número uno la Sanidad pública con medidas como eliminar «el requisito encubierto lingüístico» con el argumento de que «no puede ser que el valenciano cuente lo mismo para una plaza de médico que un doctorado» y también ha asegurado que creará una Dirección General de Atención Primaria para tratar de afrontar el «principal cuello de botella» en la atención médica que son los entre 15 y 20 días de espera para la atención en los centros de salud.

También ha señalado que se propone blindar el presupuesto público de la Sanidad para que estas políticas nunca reciban menos del 30 por ciento del dinero, cifra de la que ha dicho que no se ha alcanzado con el Consell de Puig, así como aprobar un sistema de incentivos para que los sanitarios «que quieran, puedan trabajar por la tarde».

Entre otras medidas, también ha criticado la «recentralización» del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante y Castellón a València, y ha avanzado que habrá un programa de «libertad de elección» por el que a los 50 días el paciente pueda elegir la vía pública o privada para una intervención.

La aprobación de una Ley del Tercer Sector que aumente del 3 por ciento actual al 7 la reserva de empleos en el sector público a personas discapacitadas, como ha dicho que ya ocurre en la Diputación de Alicante que él preside, y que el certificado de discapacidad esté en tres meses en vez de la media de hoy de 2 años son otras de las promesas.

Mazón ha situado en política social todo lo referente a vivienda social, donde ha dicho que el impuesto actualmente es lineal en el 10 por ciento y que el PP reducirá a un tipo máximo del 9 y generalizado del 5, con un tipo superreducido del 3 para los menores de 35 años, los de rentas inferiores a los 30.000 euros, discapacitados, habitantes de pequeños municipios, víctimas de maltrato y familias numerosas.

Además, se ha comprometido a impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección oficial (4.000 en Alicante) y a que los mayores de 65 años que atiendan en sus hogares a descendientes tengan deducciones fiscales.

Habrá educación universal de 0 a 3 años para las familias «que lo deseen» eligiendo el centro que prefieran y ha adelantado que impulsará un «pacto, que no ley», por la libertad educativa que será dialogada con la comunidad educativa y los partidos políticos.

«Eliminaremos los asesores lingüísticos a dedo» porque, en su opinión, suplantan a los necesarios inspectores educativos y se quitará la «oficina de la policía lingüística», de la que cree que existe por la influencia del «separatismo catalán», además de que retomará la obligatoriedad de la asignatura de música en la ESO y se reforzará en las aulas tanto la lectoescritura como el cálculo.

En política fiscal, ha sostenido que un Consell del PP reducirá el IRPF «a todos: un poquito a quien más tiene y 31 por ciento a quien menos tiene» y eliminaciones en los impuestos de donaciones, sucesiones, patrimonio y bajadas a la mitad algunos otros como el de Actos Jurídicos Documentados.

Entre otras muchas propuestas, el presidente del PPCV se ha comprometido a que Les Corts dejen de elegir a magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para que «los jueces elijan a los jueces» y ha asegurado que en los presupuestos de la Generalitat habrá inversiones territorializadas atendiendo al peso poblacional, de manera que Alicante tenga una reserva del 37 por ciento.

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Deportes

PP, Compromís y PSPV acuerdan aprobar las fichas del Nou Mestalla con «condicionantes» para el Valencia CF

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Nuevo Mestalla
Vista general del Nou Mestalla. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 17 JULIO (OFFICIAL PRESS-EFE).-El PP, Compromís y PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València han alcanzado un acuerdo para aprobar en el próximo pleno del consistorio, el ordinario de julio que tendrá lugar la próxima semana, las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del Nou Mestalla y la reconversión del suelo del actual estadio. Ese documento contendrá los «condicionantes» que el Valencia CF deberá cumplir para ejecutar su nuevo campo de fútbol.

Vox, integrante del gobierno municipal junto al PP, queda fuera de este pacto, dado que sus concejales no han aceptado la propuesta que han respaldado los otros grupos por considerar que «permite conceder derechos urbanísticos» al máximo accionista, Peter Lim.

Acuerdo en la Comisión de Urbanismo

El acuerdo entre el PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Urbanismo, y los dos partidos fuera del ejecutivo local, Compromís y PSPV, se ha alcanzado este miércoles en la Comisión de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento y previa al pleno de la semana que viene. El pacto se ha logrado a través de una moción conjunta que ha prosperado a partir de la alternativa presentada por Giner a la propuesta que inicialmente ha presentado la oposición.

La moción aprobada contempla la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A ‘Antiguo Mestalla’ y B ‘Corts Valencianes’, que incluyen las fichas de gestión actualmente en tramitación.

Documento Cerrado para el Pleno de Julio

Ese consenso permite llegar a la sesión plenaria de julio con un documento cerrado para sacar adelante las fichas urbanísticas antes del 3 de agosto, fecha en la que caducaba la suspensión de licencias decretada y el club deportivo podía actuar según el planeamiento vigente y sin limitaciones.

El acuerdo establece que esas fichas han de incluir, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para que el Valencia CF pueda disponer de las plusvalías urbanísticas. Esto supone que el club no podrá tener los beneficios urbanísticos derivados de la planificación si no ejecuta y concluye el Nou Mestalla.

«Veintinueve de los treinta y tres concejales del Ayuntamiento se han comprometido a aprobar en el próximo pleno las fichas urbanísticas», ha afirmado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras el acuerdo alcanzado. Así, ha señalado que «ha imperado la cordura y el Valencia CF antes del 3 de agosto tendrá los condicionantes» establecidos para la construcción del nuevo estadio y la reconversión del actual.

Garantías y Avales

Giner ha asegurado que con la moción pactada entre PP, Compromís y PSPV-PSOE «se incluyen garantías y avales» para el club deportivo y en favor «del interés general de la ciudad». Asimismo, el edil del equipo de gobierno ha resaltado la «fortaleza institucional» que representa «un acuerdo tan amplio». «Es positivo», ha remarcado.

El titular de Urbanismo ha comentado que «a la hora de adoptar todas las decisiones» de ese pacto, el Mundial de Fútbol de 2023, para el que València se postula como sede, «no ha sido uno de los criterios que haya pesado» y ha resaltado que sí que lo ha sido «el interés general de la ciudad de València y de los valencianos».

Igualmente, ha destacado la iniciativa de incluir en la moción conjunta una «mención expresa al polideportivo de Benicalap», una infraestructura que el Valencia CF debe construir junto al nuevo estadio. «Hemos propuesto que se contemple y recoja en la moción», ha dicho Giner, que ha valorado que esa propuesta haya sido «muy bien aceptada por PSOE y Compromís».

«Nosotros en este tema siempre vamos a estar del lado de la legalidad jurídica, de la ciudad, de los valencianos y de los vecinos de Benicalap», ha expuesto Juan Giner.

Asimismo, ha manifestado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), ha expuesto en «diferentes intervenciones» que «se aprobarían las fichas y que el convenio –que han de suscribir el consistorio y el Valencia CF sobre el futuro estadio– sería una vez se inicien las obras». «Habló de garantías y avales y con esta moción se incluyen», ha insistido.

Día de Alegría y no de Reproches

Tras la comisión de Urbanismo también, la oposición ha mostrado su satisfacción por el pacto y ha destacado «el acto de responsabilidad» que este ha conllevado. «Es un día de alegría y no de reproches», ha dicho el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, que ha considerado que este representa «la mejor solución para la ciudad y el club».

Sanjuán ha apuntado que la moción es la «misma, en esencia», que hace dos meses presentó en el pleno y que no prosperó, como ha apuntado Giner, porque «uno de los párrafos era contrario a derecho».

El portavoz socialista ha asegurado que el acuerdo es «el más garantista, exigente» y el que «mejor maniata a una persona que ha incumplido con la ciudad», ha apuntado en alusión al máximo accionista del Valencia CF.

Desde Compromís, Sergi Campillo ha valorado que el acuerdo incluya una fianza «para que a Peter Lim no le salga gratis incumplir una vez más» y que «no podrá vender los terrenos del terciario y del antiguo Mestalla hasta que el nuevo esté acabado».

La Posición de Vox

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha indicado que «solo queda» esta formación «para la defensa de los intereses de los valencianistas» y ha insistido en su idea de «impedir derechos urbanísticos» que el Valencia CF pudiera vender «respecto del terciario de Nou Mestalla».

«No podíamos adherirnos a la moción del PP, PSOE y Compromís porque no hace referencia a la limitación de derechos sobre la zona B y en ningún caso establece la garantía consistente en un aval respecto de la totalidad de las obras» del nuevo campo, ha expuesto además de subrayar que la «obligación principal» e «incumplida» por el club es la construcción del futuro estadio.

Preguntado por si peligra el pacto de gobierno entre PP y Vox en València, Badenas ha dicho que la posición de su partido respecto a Nou Mestalla era conocida antes de suscribirse el acuerdo para el ejecutivo municipal y ha afirmado que ha sido «coherente».

«Ya se asumía que nosotros pudiéramos tener en este punto una posición discrepante con el PP», ha señalado, para afirmar que en el consistorio «hay muchas más cuestiones que interesan a la defensa de los intereses de los valencianos». «Por tanto, en la medida que el PP cumpla los acuerdos de gobierno vamos a seguir manteniendo este gobierno fuerte y eficaz que están dando buenos resultados para València», ha afirmado Juanma Badenas.

La licencia del Nou Mestalla: aforo de 70.000, 30 meses de obra y garantías si no arranca

El Ayuntamiento de València concedió el pasado viernes al Valencia la licencia para retomar las obras del Nou Mestalla, un estadio que exige que sea de setenta mil espectadores y que el club deberá acabar en un plazo máximo de treinta meses una vez retome las obras porque si no el consistorio le retiraría los beneficios urbanísticos que tiene, igual que si vuelve a pararlas.

Desde el consistorio aseguran que la licencia «cuenta con todos los informes técnicos que avalan su completa viabilidad jurídica» y que, una vez se le notifique al club, tendrá tres meses para presentar un proyecto de ejecución «para un estadio de fútbol de 70.000 espectadores» y un «calendario vinculante con hitos parciales», entre otros documentos.

El consistorio realizará entonces una auditoria externa e independiente del coste total de la obra y de la inversión que necesita cada una de las etapas, tal y como se aprobó en la comisión de urbanismo hace unas semanas.

Las condiciones para el Valencia

Una vez concedida la licencia definitiva, el club tendrá seis meses para iniciar las obras, salvo motivos de fuerza mayor. Si no lo hace, tendrá quince días desde que se lo notifique el consistorio para presentar una garantía por el 100% del precio que haya determinado la auditoria. Si las inicia y las para sin motivo de fuerza mayor, igualmente tendrá esos quince días para presentar una garantía por el dinero que quede por invertir para acabar el estadio.

Fuentes municipales explicaron a EFE que en ambos casos, el Ayuntamiento ejecutaría esa garantía y procedería a finalizar el estadio. Al mismo tiempo caducaría la licencia a favor del Valencia y derogaría la parte el Plan ATE que sigue en vigor lo que supondría que el club perdería los beneficios urbanísticos que mantiene en la parcela del Nou Mestalla y del actual estadio.

Además, el consistorio procedería a la resolución de los convenios suscritos en 2005 y 2007 por el Ayuntamiento con el Valencia por «incumplimiento grave de las obligaciones» y exigiría «la indemnización que proceda por los daños y perjuicios efectivamente causados».

Fuentes del gobierno que dirige María José Catalá calificaron como «muy exigentes» las condiciones establecidas y recordaron que el Valencia pedía entre 30 y 42 meses para acabar y que solo se le conceden 30.

Según esas mismas fuentes esos condicionantes establecidos protegen el interés de la ciudad «por encima de todo» y la blinda «ante posibles incumplimientos de la propiedad del Valencia». Además, aseguran que las penalizaciones por incumplimientos tienen «máximas garantías legales».

También remarcan que se evita que el Valencia «pueda aprovechar las plusvalías urbanísticas» que aseguran que tendría reconocidas de manera automática el 3 de agosto sin acabar el estadio y que se cumple con el acuerdo de una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras de conclusión.

El equipo de Catalá defiende que con esta licencia el consistorio va «un paso más allá de las condiciones que exigían los grupos de la oposición al incluir la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas al Valencia en caso de incumplimiento».

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