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Mazón propone una «revolución fiscal» para fomentar el consumo y el empleo

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València, 17 sep (EFE).- El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha adelantado este viernes parte de su propuesta de «revolución fiscal» que contempla la reducción del IRPF al mínimo legal para las rentas más bajas y que persigue fomentar el consumo y la recuperación del empleo.

Mazón ha realizado este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en València, tras reunirse con diputados en el Congreso y senadores del partido en la Comunitat para avanzar las líneas estratégicas de cara al nuevo curso político.

«Esta rebaja fiscal afectará a todos los impuestos autonómicos, también al IRPF, para ayudar a los sueldos más bajos y recuperar la competitividad y el empleo, que están dormidos. Buscamos más cotización, más retorno, más actividad que permita incluso reducir el déficit actual«, ha asegurado.

Aunque ha apuntado que será el próximo miércoles cuando dé más detalles sobre esta propuesta, Mazón ha expuesto que se contempla una rebaja del IRPF del 10 % al 9 %, «que es el tope legal«, y el aumento del mínimo personal exento de tributación, que pasaría a ser de 6.150 euros.

Ambas medidas combinadas, según el presidente del PP, supondrían una rebaja de hasta el 31 % en los impuestos que pagan las rentas más bajas en la Comunitat Valenciana actualmente.

«Un joven que ingrese 14.225 euros al año, que los hay, con este gobierno cotiza 52 euros, pero con la propuesta del PP pasaría a no pagar impuestos, dejaría de tributar. Y otro que ingrese 15.000 euros, en estos momentos con Ximo Puig paga 233 euros, pero con la rebaja fiscal pagaría 159 euros, un 31 % menos», ha explicado.

«Esto es lo más urgente, lo prioritario para quienes más lo necesitan, pero hablaremos también de sucesiones, de donaciones, de impuestos patrimoniales… será la revolución fiscal más potente de cuantas se han planteado en la Comunitat», ha adelantado, «de forma que el tacón fiscal dejará de oprimir el cuello del contribuyente».

Preguntado sobre qué plantea el PP valenciano para las rentas más altas, Mazón ha contestado: «donde más esfuerzo se hace es en las bajas, pero el miércoles lo contaremos bien, porque lo que proponemos son bajadas de impuestos para todo el mundo».

«El objetivo es fomentar el consumo, la contratación y el empleo, y la reforma ayudará también a quienes generan empleo, porque sin ellos difícilmente podremos recuperar al conjunto de la sociedad. No seríamos tan presuntuosos de llamarla revolución fiscal si no afectase a todos», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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