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Valencia

Mazón (PP) promete bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y 10 nuevas deducciones

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El presidente del PPCV, Carlos Mazón, durante la presentación de la ampliación de la reforma fiscal del PPCV. EFE/Biel Aliño
València, 12 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado la propuesta de reforma fiscal de su partido, que actualiza la elaborada en 2021 con diez nuevas deducciones fiscales en el IRPF y que propone bajar el tipo impositivo a las rentas medias y bajas desde el 9 % al 8,75 %, lo que ha asegurado que beneficiará a todas las personas con rentas de hasta 35.000 euros, un 80 % de los contribuyentes.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PPCV para presentar este plan fiscal que, ha dicho, tiene “el objetivo de aliviar el infierno y la alta imposición fiscal que se vive en la Comunitat Valenciana” y de “actualizar permanentemente la realidad fiscal”.

Mazón, que ha explicado que, si su partido gana las elecciones autonómicas del 28 de mayo, su reforma fiscal entrará en vigor con fecha del 1 de enero de 2023, ha destacado que es “una necesidad” en un momento en que los salarios medios en la Comunitat son «un 9 % inferiores a la media de España, y la renta per cápita es un 12,6 % inferior”.

Con todo el plan, ha detallado, los contribuyentes valencianos se ahorrarían 1.750 millones de euros, todavía más que con la anterior propuesta de reforma del PP, que situaba el ahorro en 1.530 millones, y conseguirá que el 80 % de los contribuyentes sean «los que menos impuestos paguen de toda España”.

La reducción en el tipo impositivo del IRPF que propone el PP incluye la rebaja para los tramos más bajos de renta -que perciban menos de 35.000 euros al año – del 9 % actual al 8,75 %, con lo que, en combinación con el mínimo exento de la Comunitat Valenciana, haría que este tramo de renta fuera el que menos pagara de toda España.

En las franjas altas de renta, el PP plantea “evitar el carácter confiscatorio” de la tributación, con un tipo máximo del 24,5 %, igual al estatal, para que “ningún ciudadano de España, gane lo que gane, pague más del 50 % de lo que gana, porque eso no sería un impuesto sino confiscar”.

En cuanto al resto de impuestos, la propuesta de Mazón prevé “la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, el impuesto a la muerte”, la equiparación de sucesiones con donaciones, para “casi eliminar los dos”, y la conversión en progresivo del impuesto de transmisiones patrimoniales.

DIEZ NUEVAS DEDUCCIONES

Por otra parte, la reforma fiscal que ha presentado Mazón propone un paquete de diez nuevas deducciones fiscales en el IRPF de dos tipos: relacionadas con servicios sociales y otras para “incentivar la actividad económica”.

En el plano social, se incluyen deducciones de hasta 350 euros para las personas mayores de 65 años que acojan en su casa a un descendiente, hasta 600 si son dos descendientes o más, además de rebajas de hasta 300 euros sobre los gastos derivados de patologías de salud mental, de 200 en el caso de enfermedades raras y de daño cerebral adquirido o alzheimer.

En materia de salud bucodental, se prevén descuentos de hasta 300 euros en el IPRPF, y de hasta 200 en gafas, lentillas y salud visual, mientras que se busca estimular la práctica deportiva con deducciones de hasta 300 euros para los gastos de gimnasios y entidades federadas.

Para “favorecer la actividad económica”, suman a la cuota cero para autónomos deducciones de 250 euros para autónomos para nuevos autónomos menores de 35 años o los que se vuelvan a dar de alta después de dos años, así como para inversiones que hagan autónomos menores de 35 años, mayores de 50 o con discapacidad, mientras que se rebajaría 150 euros a los autónomos que contraten a un primer empleado menor de 35 años o mayor de 50.

“Bajaremos la presión fiscal que la Generalitat ejerce sobre los ciudadanos en un 13,21 %”, ha asegurado Carlos Mazón, que ha detallado que los incentivos darían lugar a un crecimiento del 1,5 % del PIB de la Comunitat, y a una subida del consumo de los hogares de un 1,98 %, además de un descenso del paro de dos puntos.

Asimismo, ha afirmado que 1,9 millones de valencianos se verían beneficiados por las diferentes deducciones.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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