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Mazón suprime 6 empresas y auditará el sector público ante alarmas de irregularidades del Botànic

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Mazón suprime 6 empresas y auditará sector público
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ofrece una rueda de prensa sobre la situación del sector público. EFE/Ana Escobar

València, 16 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Consell ha encargado la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar «aspectos de dudosa legalidad» en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y suprimirá seis empresas «fantasma» cuyas funciones están duplicadas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido este martes para informar de la situación del sector público y conocer si existen responsabilidades a partir de «un conjunto de alarmas lo suficientemente graves» para realizar una auditoría general y conocer «la verdad».

Mazón ha asegurado que ha habido «mucho ocultismo» y la auditoría exhaustiva revelará si las posibles irregularidades detectadas en la última legislatura del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís y Podem) derivan en responsabilidad civil, penal o mercantil, que en su caso se trasladará a los juzgados.

El Gobierno valenciano activa ya esa auditoría general que implicará la elaboración de una auditoría forensic (que revisará pagos y transferencias uno a uno) del sector público instrumental y una auditoría operativa, de las que se espera tener resultados parciales a lo largo de este año y una conclusión a finales del ejercicio 2024.

4.000 contrataciones no autorizadas y 713 millones a dedo

Los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat han detectado «ineficacia, gasto desmesurado, descontrol y malgasto», aspectos de «dudosa legalidad» que el Gobierno del PP y Vox va a investigar, ha anunciado el president.

Esos informes revelan posibles irregularidades en procedimientos de contratación, falta de control y rigor de los recursos públicos, duplicidades en gastos, retribuciones a directivos, trabajadores colocados «a dedo» y pagos a terceras personas «sin autorización ni control».

Esas alarmas se traducen en que el 92 % del sector público no realiza los procedimientos de contratación conforme marca la ley y en los últimos cuatro años se adjudicaron directamente 254.122 contratos por 713 millones de euros (159 millones en contratos menores y 554 millones de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación).

«Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic», que se «saltó» parte de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Oficina Independiente de Supervisión y Contratación.

En personal, ha citado más de 4.000 contrataciones solo en 2021 que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, y ha denunciado como ejemplo que, a las puertas de las elecciones del 28M, la empresa SGISE «trató de colar 1.800 nuevos empleos».

La plantilla del sector público aumentó un 35 % y el gasto en personal se disparó un 47 %, lo que supone pasar de 400 millones de coste en nóminas en 2015 a casi 600 millones en el último año de gestión íntegra del gobierno anterior, en muchos casos sin autorización, según ha detallado.

Mazón se ha referido también a la tesorería para asegurar que en 22 de las 48 entidades sujetas a verificación se ha detectado riesgo alto en el área de controles de pagos, al haber pagos sin autorización de la persona correspondiente o pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente.

Seis empresas con funciones duplicadas

Ha anunciado la supresión de seis empresas «fantasma» mediante un proyecto de ley en Les Corts, que tienen atribuidas funciones que ya están prestando direcciones generales de la Generalitat o la empresa Vaersa, por lo que la prestación del servicio público está «totalmente garantizada».

Estas son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Agencia de Cambio Climático y la Agencia de Residuos y Economía Circular, así como la Escuela Valenciana de Administración Pública.

Las seis empresas no suponen gasto público alguno puesto que se crearon por el Botànic en la última fase de la pasada legislatura pero no llegaron a desarrollarse, y su cierre supone «cortar la puerta que se dejaron preparada» y avanzar en la optimización de los recursos públicos, según el president.

«Malgastar dinero público se ha acabado, y vamos a contar toda la verdad a los ciudadanos», ha manifestado Mazón, que no descarta eliminar más empresas públicas, acometer reformas o reorganizaciones.

El personal adscrito no político a estas empresas -un número muy reducido- se incorporará a la Dirección General correspondiente.

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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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