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Mónica Oltra pide evitar desplazamientos no imprescindibles y reducir la vida social

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La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pedido reducir los desplazamientos «al mínimo» en la Comunitat Valenciana y evitar los que no sean «imprescindibles», así como intentar «tener un poquito menos de vida social», dada la curva actual de la pandemia de coronavirus.

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, donde se le ha preguntado si la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid puede afectar a la Comunitat por los desplazamientos entre ambos territorios: «Sí que es recomendable, en el momento de la curva en el que estamos, porque no son las condiciones epidémicas del 1 de julio, reducir los desplazamientos al mínimo, no solo de Madrid a aquí sino en general, hay que ser muy cuidadosos».

Evitar desplazamientos que no sean «imprescindibles», cumplir las medidas generales de prevención, como el lavado de manos, el uso de mascarilla, la ventilación y la distancia social, e intentar «tener un poquito menos de vida social», algo que sabe que es «complicado», pero hay que «ser muy cautelosos» hasta que haya una salida de la pandemia.

La vicepresidenta ha explicado que el Consell está más «preocupado y ocupado» en la gestión de la pandemia en este territorio que por «meter el dedo en el ojo al vecino», si bien ha admitido que la afectación de la covid-19 en la Comunidad de Madrid «desgraciadamente es muy grande», por lo que seguro que también preocupa a sus gobernantes.

Oltra ha indicado que espera que la intervención del Gobierno de España sirva no solo para preservar la salud de los madrileños, «que ya tienen bastante con lo que tienen», sino del resto del territorio, y ha destacado que el refuerzo que se ha hecho del sistema sanitario valenciano está pensado en mejorar la calidad de los valencianos, «no porque puedan venir de otros lugares».

Sobre las restricciones de movilidad, Oltra ha defendido que en la Comunitat, cuando ha hecho falta hacerlo en una población porque se ha «disparado» el contagio comunitario, así se ha hecho.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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