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Multas para todos por la fiesta del Galileo Galilei

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La fiesta del colegio mayor Galileo Galilei de València puede acabar teniendo graves consecuencias para participantes, organizadores y la dirección del centro. La policía autonómica ya ha acabado el grueso de la investigación que le ordenó la conselleria de Justicia y ahora se abre el expediente sancionador que determinará las responsabilidades y las multas correspondientes, que pueden ir desde los 601 hasta los 30.000 euros.

La macrofiesta, que acabó con 168 casos positivos de coronavirus y el cierre de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València para 25.000 alumnos, fue una «grave violación» de las normas contra la pandemia, en palabras de la consellera Gabriela Bravo. Entre las sanciones, ha advertido la titular de Justicia del Consell, podría estar estar también el cierre temporal del colegio mayor.

La Policía continúa con sus investigaciones, aunque ya ha identificado a 40 estudiantes que participaron en la fiesta de la azotea y en las fiestas que se celebraron en dos de las habitaciones del centro. Pero la investigación se extiende a los trabajadores del colegio mayor, a los cuatro miembros del consejo responsable de programar actividades lúdicas, al coordinador académico y al director del centro. Según la consellera, “existe una grave responsabilidad de la dirección del Galileo Galilei por su falta de diligencia y permitir por inactividad o pasividad la organización de tres fiestas y el descontrol que están en el origen del brote”.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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