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Nadie quiere el cuerpo de Rosario Porto

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Dos días después del suicidio por ahorcamiento de Rosario Porto, nadie se ha presentado todavía en la prisión de Breva (Ávila), donde estaba internada, para reclamar el cuerpo.

La asesina convicta de su hija adoptiva Asunta apareció muerta en su celda de la cárcel abulense con un trozo de tela atado a su cuello. Rosario Porto había recogido la estancia y doblado todas sus pertenencias «como no había hecho nunca», según afirmó la funcionaria de prisiones que encontró el cadáver.

Los padres de la abogada gallega fallecieron hace años y no tenía hermanos, por lo que los únicos familiares cercanos que le quedaban son unos primos hermanos. De momento, nadie se ha acercado a Breva para hacerse cargo de sus restos. Se calcula que Rosario Porto deja un patrimonio de aproximadamente un millón doscientos mil euros.

Su estancia en prisión, en la que ingresó en 2015 después de ser condenada a 18 año por el asesinato de Asunta, ha estado llena de problemas. Pasó por varias cárceles españolas y recibió numerosos sanciones por su conducta. También llegó a tener una relación con un preso condenado a una pena alta, aunque no duró.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, Rosario pasó prácticamente todo su tiempo en prisión en estado de depresión. Intentó quitarse la vida en un par de ocasiones, una con pastillas y otra mediante ahorcamiento, por lo que se le activó el protocolo específico contra suicidios. En el momento de su muerte, su estado de ánimo parecía haber mejorado y se le había levantado este protocolo.

Rosario Porto y su exmarido, Alfonso Basterra, fueron considerados culpables en 2015 del asesinato de su hija Asunta. La niña fue hallada atada y estrangulada en Teo (La Coruña) el 22 de septiembre de 2013, un día después que sus padres denunciasen su desaparición. Los dos fueron detenidos, juzgados y condenados por la causar la muerte de su hija a 18 años de prisión.

 

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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