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Nadie quiere el cuerpo de Rosario Porto

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Dos días después del suicidio por ahorcamiento de Rosario Porto, nadie se ha presentado todavía en la prisión de Breva (Ávila), donde estaba internada, para reclamar el cuerpo.

La asesina convicta de su hija adoptiva Asunta apareció muerta en su celda de la cárcel abulense con un trozo de tela atado a su cuello. Rosario Porto había recogido la estancia y doblado todas sus pertenencias «como no había hecho nunca», según afirmó la funcionaria de prisiones que encontró el cadáver.

Los padres de la abogada gallega fallecieron hace años y no tenía hermanos, por lo que los únicos familiares cercanos que le quedaban son unos primos hermanos. De momento, nadie se ha acercado a Breva para hacerse cargo de sus restos. Se calcula que Rosario Porto deja un patrimonio de aproximadamente un millón doscientos mil euros.

Su estancia en prisión, en la que ingresó en 2015 después de ser condenada a 18 año por el asesinato de Asunta, ha estado llena de problemas. Pasó por varias cárceles españolas y recibió numerosos sanciones por su conducta. También llegó a tener una relación con un preso condenado a una pena alta, aunque no duró.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, Rosario pasó prácticamente todo su tiempo en prisión en estado de depresión. Intentó quitarse la vida en un par de ocasiones, una con pastillas y otra mediante ahorcamiento, por lo que se le activó el protocolo específico contra suicidios. En el momento de su muerte, su estado de ánimo parecía haber mejorado y se le había levantado este protocolo.

Rosario Porto y su exmarido, Alfonso Basterra, fueron considerados culpables en 2015 del asesinato de su hija Asunta. La niña fue hallada atada y estrangulada en Teo (La Coruña) el 22 de septiembre de 2013, un día después que sus padres denunciasen su desaparición. Los dos fueron detenidos, juzgados y condenados por la causar la muerte de su hija a 18 años de prisión.

 

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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