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Valencia

PP y Vox anuncian una nueva ley para À Punt 

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Imagen facilitada por el PP de la rueda de prensa celebrada junto a Vox este jueves en Les Corts. EFE

València, 21 mar (OP-EFE).-

La nueva ley que dirigirá el servicio de radiotelevisión valenciana que actualmente presta À Punt establece la creación de una nueva empresa pública denominada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.(CACVSA), que será «moderna y mucho más profesional, ágil, adaptada a los tiempos que corren y muy similar al resto de televisiones autonómicas».

Así se recoge en la normativa que han presentado el PP y Vox en Les Corts este jueves, que cuando sea aprobada derogará la ley que permitió recuperar el servicio público en 2016. La nueva ley propone fusionar los dos entes actuales (CVMC y SAMC) en uno único, garantizando que se subrogaría a todos los trabajadores y que se interrumpirían los procesos selectivos hasta que la ley entre en vigor.

Preguntado por si se incluirá emisión en castellano, el secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que la proposición no marca porcentajes de lengua porque las pautas se establecerán en un posterior contrato-programa, pero ha abogado porque «todos los valencianos, vivan donde vivan», puedan entender À Punt.

Precisamente este contrato programa es una de las cuestiones que se mantendrán respecto al actual À Punt y será de tres años. Sin embargo, dejarán de enmarcarse en un mandato marco de seis años para pasar a estar en una carta de servicios y objetivos de nueve años. La propuesta se refiere en general a los servicios que regirá la CACVSA como medios audiovisuales y no a radiotelevisión.

Según la proposición, el consejo de À Punt contará con ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y uno por la FVMP. Este consejo propondrá al director general de la radiotelevisión, que será nombrado por el Consell. Habrá una primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, se hará por mayoría absoluta. El director tendrá la potestad de nombrar al resto de personal de dirección de los medios.

Cuestionado por el gasto del ente, el síndic de Vox ha remarcado que la proposición no dicta «una cantidad concreta», aunque ha defendido la necesidad de «aplicar sentido común, austeridad y mayores controles». Además, ha añadido en otro punto que, aunque su grupo firme esta ley, es «coherente» con su rechazo a que la comunicación se ofrezca desde entidades públicas.

DIGITALIZACIÓN Y CONTENIDOS

La ley explica que nace de la necesidad de adaptarse e interactuar con suficiencia en el actual entorno digital avanzado, algo que los redactores consideran que la actual corporación no ha conseguido.

«La audiencia ya no se congrega frente a la televisión tradicional a las horas que decide el programador y frente a una sola pantalla; y el consumo de programas en diferido, que además se pueden visionar incluso en otras plataformas que no son la propia televisión que los ha producido, es otra realidad incontestable».

Según el texto, «el planteamiento de la prestación del servicio de la radiodifusión y televisión; a través de dos entidades dispares, una corporación y una sociedad anónima con dificultades en la toma de decisiones y gestión, no tuvo en cuenta esta situación de partida ya consolidada y se centró en replicar sus contenidos en una versión multimedia, como una mera copia y no como un producto propio», han señalado.

Por ello, y tras señalar la caída en el consumo de televisión lineal, la normativa remarca que «se hace necesario dotar al sistema audiovisual público valenciano de un nuevo mecanismo, más ágil y transformador, para que cumpla sin limitaciones el acceso de la ciudadanía valenciana a unos medios de comunicación plenamente adaptados a un presente en permanente estado de cambio y evolución constante».

«El modelo que se desarrolla en esta proposición de ley es plural y debe aspirar a que la sociedad valenciana se sienta representada, tanto en su composición como en los contenidos audiovisuales y multimedia que se programen, y para que, de manera permanente, se recojan las diversas sensibilidades sociales, tanto mayoritarias como minoritarias, sin discriminación por motivos ideológicos, políticos a de otra índole recogidos en la Constitución».

En este sentido, subraya el texto, se busca que «la entidad prestadora sea competitiva y, por tanto, un instrumento eficaz de vertebración de la identidad valenciana como pueblo dentro del conjunto de la nación». «La necesaria promoción de nuestra cultura y tradiciones pasan por darle un gran impulso a la industria audiovisual valenciana», añade.

La nueva CACVSA contará con un Consejo de Informativos, al igual que À Punt, aunque en la nueva ley no aparece nada sobre el Consell de la Ciutadania, un órgano consultivo de la CVMC.

PAV Y RED AUTONÓMICA

La propuesta incluye también la creación de dos servicios: la Red autonómica de sinergia audiovisual y la Plataforma Audiovisual Valenciana. En la primera, se buscará trabajar por la «pluralidad social y política de todo el territorio autonómico, los contenidos de proximidad e impulsando la red de TDT y Radios del espectro audiovisual de la Comunitat Valenciana para constituirse como un motor del desarrollo de este sector».

Con ello, se buscará alcanzar «acuerdos y firmar convenios de colaboración para que todos los ciudadanos vean reflejados en los medios públicos dependientes de la CACVSA la actualidad de cada una de las provincias, comarcas y municipios de la Comunitat Valenciana».

Esta red recogerá «la información de proximidad emanada de las distintas organizaciones político-sociales del territorio de la Comunitat Valenciana y les dará difusión a través de los canales creados para tal efecto».

Por otra parte, la CACVSA dentro de su estrategia de comunicación creará una Plataforma Audiovisual Valenciana (PAV) que pueda «aglutinar a los contenidos de elaboración propia, la producción e información de los distintos medios de comunicación con emisiones en TDT autorizadas por el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana a través de los convenios y acuerdos necesarios contemplados en la presente ley».

Esta plataforma dispondrá de un espacio específico destinado al público infantil y una oferta específica dedicada al ámbito educativo y cultural. La PAV «se constituirá como un nuevo espacio digital a la carta que recoja los contenidos de los medios adscritos a la CACVSA, los que compartan los distintos medios de comunicación locales, comarcales, provinciales o autonómicos para consolidar un espacio cultural y social de cercanía al acceso de todos, que fomenten nuestras señas de identidad dentro del conjunto de la nación, así como las distintas costumbres, tradiciones y peculiaridades del territorio de la Comunitat Valenciana».

En la PAV también se contemplará un espacio específico para que el sector audiovisual valenciano pueda promocionar o compartir sus producciones. La CACVSA impulsara a través de esta plataforma el mantenimiento, desarrollo y las fórmulas de regulación y normas de uso y difusión del archivo audiovisual autonómico de acuerdo con la normativa en vigor en esta materia.

PERSONAL DE À PUNT

La CACVSA se subrogará en la misma posición jurídica que ostentaba las extintas CVMC y la SAMC en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o extra convencional, y de seguridad social de los trabajadores.

«Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así como sus derechos sociales, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, el personal laboral que presta sus servicios en la CVMC y la SAMC se adscribirá a la CACVSA en la mismas condiciones y derechos de los que eran titulares», han señalado.

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Sucesos

Un juez belga rebaja cargos a los jóvenes que mataron al camionero con una alcantarilla

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camionero muerto tapa alcantarilla
Imagen de archivo de un camión siniestrado. EFE PABLO MARTIN

El juez de instrucción belga que investiga la implicación de cinco jóvenes en la trágica muerte del rumano Gheorghe Tibil, el camionero vecino de Almoradí (Alicante), al golpearle una tapa de alcantarilla arrojada desde un puente mientras conducía ha rebajado provisionalmente los cargos de «asesinato» a «obstrucción malintencionada del tráfico que causa la muerte».

La Fiscalía de Namur había descrito el suceso como asesinato, lo que implicaría premeditación y podría entrañar una condena a cadena perpetua por los hechos acontecidos en la noche del pasado viernes al sábado hacia la 1.30 horas en la autopista belga E42 a la altura del municipio de Héron, entre las localidades de Lieja y Namur.

Pero al trasladar el expediente al juez de instrucción, este ha retenido la imputación por obstrucción malintencionada con resultado de muerte para los tres mayores de edad implicados, para los que ha pedido prisión preventiva.

Si se confirman los cargos, podrían implicar una condena de entre 20 y 30 años, aunque esta podría ser menor si el tribunal considera que hay circunstancias atenuantes, explicaron a EFE fuentes del Ministerio público.

Las pesquisas judiciales apuntan a que los jóvenes habrían consumido óxido nitroso, conocido «gas de la risa», pero esta circunstancia no supondría un atenuante.

«No, lo hacen voluntariamente» y saben «que puede alterar su libre albedrío (…). La droga no es en absoluto un atenuante», indican las fuentes, que agregan que sí podría entenderse como circunstancia atenuante el hecho de que los sospechosos no tengan antecedentes penales.

La imputación final, en todo caso, se decidirá entre el juez de instrucción, la fiscalía y el tribunal una vez concluya la fase de «instrucción secreta» y se sepa «cómo ha estado implicado cada uno», agregaron las fuentes.

Los cinco implicados, tres jóvenes de 18 años y dos de 17, fueron detenidos el domingo, después de que uno se entregara a la policía y delatara a sus compañeros. Aparentemente, se adelantó a sus amigos, que también habían acordado entregarse y señalan al primero como máximo responsable.

El juez de instrucción pide prisión preventiva para los tres mayores de edad detenidos, lo que implicaría al menos dos meses de cautiverio. El tribunal decidirá mañana, viernes, sobre esa cuestión.

En cuanto a los menores, uno de los jóvenes de 17 años se encuentra internado en un centro para menores en Saint-Hubert y el otro está en su casa «con condiciones», agregaron las fuentes.

Por su parte, la empresa española Castillo Trans, con sede en Benejúzar (Alicante) para la que trabajaba Tibil, conductor rumano de 50 años afincado en la zona, se ha constituido en parte civil, lo que implica que tendrá acceso al dosier y que puede reclamar una indemnización.

Según la imputación final, podrían ser juzgados por un tribunal de lo penal (Cour d’assisies), que gestionan los crímenes más graves, o por un tribunal correccional, dedicado a delitos de menor envergadura.

Reconstrucción de los hechos

Matan a un camionero de Alicante al lanzarle la tapa de una alcantarilla desde un puente en Bélgica

Los cinco jóvenes, que son amigos y naturales de la zona de las Ardenas belgas, habían cenado en el establecimiento de comida rápida Chez Bill donde trabajaba uno de ellos desde julio de 2023 mientras estudia para ser vigilante de seguridad, según explicó al diario Sundinfo la gerente del restaurante.

Al acabar su turno, el joven comió patatas fritas con sus amigos en el restaurante, situado a 3 kilómetros de donde se produjo el drama, y después les llevó en coche.

Fue entonces cuando decidieron tirar por el puente una tapa de la alcantarilla de unos 20 kilos atada a una cuerda de un metro, que atravesó el parabrisas y causó la muerte inmediata del conductor, aunque las versiones de los jóvenes sobre cómo se produjeron los hechos varían.

Según trasladaron fuentes judiciales al diario Sudinfo, uno habría ejercido de líder, dos habrían lanzado el contundente objeto y los otros dos se habrían mantenido al margen.

El conductor, que en ese momento hablaba por teléfono con un amigo, falleció en el acto y su pareja, que dormía a su lado y hasta unos minutos antes pilotaba el vehículo, logró hacerse con el control del camión y detenerlo para evitar un accidente de tráfico.

Según la emisora RTL Info, unos días antes se produjo un incidente similar en el mismo lugar y el camionero herido presentó una denuncia.

El alcalde de la localidad ha indicado que varias tapas de alcantarilla habían desaparecido en la zona, sin establecer vínculo entre ambos casos, señaló el diario Le Soir.

 

Indignación ante la muerte del camionero

La empresa alicantina ha publicado un comunicado en el que lamentan lo sucedido. «La necia acción ha quitado la vida a una buena persona, un gran profesional y ha dejado rota a toda una familia. Desde nuestra empresa ya se han puesto todos los medios para localizar a los causantes de esta tragedia y que posteriormente la familia tenga las herramientas para que se les responsabilice por estos hechos», reza el mensaje.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «conmoción y profundo pesar» tras conocer el fallecimiento de Gheorghe Tibil, un conductor profesional de la empresa alicantina Castillo Trans.

Tal y como ha confirmado la empresa en un comunicado, el conductor circulaba por una autopista de Bélgica cuando se vio sorprendido por el lanzamiento de una tapa de alcantarillado desde un puente.

Ante estos hechos, la CETM quiere expresar «su más profundo pésame a familiares y amigos, así como a la plantilla de Castillo Trans, ante este injusto desenlace», trasladándole también su apoyo a su mujer, que le acompañaba en ese momento en el camión.

«Deseamos su pronta recuperación y le trasladamos todo nuestro cariño. Desde la CETM condenamos este ataque y esperamos que las autoridades belgas investiguen los hechos y encuentren a los responsables de su muerte. Un crimen así no puede quedar impune, por lo que confiamos en que se haga justicia», ha denunciado la patronal.

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