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NUEVAS MEDIDAS| Andalucía cierra toda la actividad no esencial desde las 6 de la tarde y por completo en Granada

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo un endurecimiento de las medidas para hacer frente a la pandemia durante las dos próximas semanas. Todo ello con el doble objetivo de proteger la salud de los andaluces, así como el empleo y el sustento diario de miles de familias. De este modo, en virtud de la competencia que delegada por el Gobierno de España durante el estado de alarma y después de atender las recomendaciones del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el Ejecutivo andaluz ha decidido el cierre de todos los municipios de la comunidad, de forma que sólo se podrá entrar o salir de ellos con causa justificada, además de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Esta última medida, de aplicación en toda Andalucía, será excepcional en la provincia de Granada, donde el cierre será total.

«Es una decisión dura y difícil, pero hay que aplicarla para intentar evitar el colapso de los servicios sanitarios y recomendar a los granadinos que sólo salgan para aquello que sea estrictamente necesario», ha manifestado. También, ha informado que el Gobierno andaluz ha habilitado un mapa interactivo mapaCOVID.es desde el que ya se pueden consultar las medidas en cada uno de los municipios desde teléfono móvil, ordenador o Tablet.

A estas medidas, se suma la ampliación del horario de limitación de la movilidad nocturna (toque de queda), entre las 22 y las 7 horas. Asimismo, las universidades de toda Andalucía deberán impartir las clases ‘online’, siguiendo colegios e institutos con clases presenciales. Estas nuevas medidas se pondrán en marcha desde la medianoche del lunes al martes. En cuanto a las ya iniciadas el pasado 30 de octubre, se prorrogan durante el día de mañana lunes. Igualmente, el cierre perimetral de la comunidad autónoma se amplía dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre.

Moreno ha asegurado que las medidas ya en vigor «parecen estar empezando a surtir efectos de contención», pero ha advertido que no son suficientes. Y es que, esta semana la comunidad ha superado las cifras de personas hospitalizadas y pacientes en UCI alcanzadas en la primera ola de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril. Así, a día de hoy en Andalucía hay 3.151 personas hospitalizadas por la Covid-19, de las que 455 están en las Unidades de Cuidados Intensivos. «Hay que seguir actuando. Los datos nos obligan a seguir actuando, teniendo en cuenta, además, que vienen tiempos difíciles«, ha agregado.

Con esto último, el presidente se ha referido a la confluencia de la Covid-19 con la gripe, cuyas consecuencias «podrían ser fatales». Por este motivo, ha alentado a todos los andaluces que deban vacunarse a que lo hagan para evitar el colapso en los hospitales. La Junta, por su parte, en un esfuerzo sin precedentes, ha adquirido 2,3 millones de dosis y ha reservado otro millón «por lo que pudiera pasar». En este punto, ha señalado que la sociedad se está enfrentado a un virus que en estos ocho últimos días se ha llevado la vida de 315 personas en Andalucía, a los que ha dirigido su más sentido pésame y un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Además, ha insistido en la prudencia y la responsabilidad de todos los andaluces y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a cumplir las normas para no poner en riesgo más vidas.

En relación con el cierre de la actividad no esencial, Moreno ha comunicado que ha he encargado a los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo un plan autonómico de rescate a los afectados por estas medidas y ha propuesto al Gobierno de la Nación que active un plan de rescate a las empresas, especialmente del sector servicios y, dentro de él, de la hostelería y la restauración, «que van a salir damnificadas de esto».

Por último, con responsabilidad y lealtad, ha pedido al Gobierno de España que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en la aplicación de las medidas y para hacer cumplir las normas con la imprescindible labor de la Guardia Civil y Policía Nacional, a cuyos agentes ha expresado su agradecimiento y gratitud en nombre de todos los andaluces. «Es necesario que se den las instrucciones precisas y se movilicen los efectivos necesarios. Es vital disuadir concentraciones de personas, especialmente en las denominadas ‘zonas de botellón’. Siendo inflexibles con los imprudentes», ha apostillado.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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