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Oltra dice al juez que no supo nada de la acusación a su ex entre 2017 y 2019

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Oltra dice al juez que no supo nada de la acusación a su ex entre 2017 y 2019
La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. EFE/ Manuel Bruque

La ex vicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, declaró este lunes en el Juzgado de Instrucción número 15 que no supo nada de la acusación por abusos a una menor -tutelada por el Consell-, de la que era objeto su entonces marido, desde agosto de 2017, cuando éste le informa, hasta que es condenado, más de dos años después, en diciembre de 2019.

Según consta en la declaración judicial, a la que ha tenido acceso EFE, Oltra aseguró a preguntas del fiscal que «en agosto de 2017 no sabía cuánto tiempo llevaba el proceso» en marcha e insistió en que ni conocía los «entresijos» del mismo, ni ha indagado en el proceso penal, ni ha leído el expediente informativo que se abrió en la Conselleria y por el que está acusada de un supuesto delito de encubrimiento.

A preguntas del juez, Oltra aseguró que no se enteró de que su entonces marido dejó de trabajar como educador en el centro de menores entre el 20 de febrero y el 12 de marzo de 2017, después de cometer los abusos.

Dijo que ese mes tuvo que desplazarse fuera de Valencia, que estuvo en Bruselas y en Madrid, que su entonces marido trabajaba de noche una semana sí y otra no y que le dijo que «le debían días», que no se preocupase por sus hijos por lo intenso de su agenda, que él los atendía.

El juez le preguntó quién de la Conselleria debía saber que su marido había sido apartado de su puesto de trabajo, ya que varios de los procesados han negado haber tenido constancia de ello, a lo que Oltra respondió que «eso es autoorganización de la Administración, es como si yo hubiera sido consellera de Sanidad y le preguntara quién entra en quirófano».

Oltra negó haber dado ninguna instrucción al personal de la Conselleria respecto al caso de abusos y aseguró desconocer cómo sabía el personal del centro de menores y los propios menores acogidos que el acusado de abusos era su marido.

El juez le exhibió un correo del 21 de febrero de 2017 entre una técnico de la Conselleria y la directora del centro de menores en el que la primera le dice a la segunda que «He hablado con Paco (su superior), en total discreción, hemos valorado que mejor que vea a la niña la psicóloga de la sección y depende derivaríamos a Espill o ya vemos».

Al respecto, le preguntó si entiende que la técnico pusiese el acento en «la total discreción con la que habla con su superior», a lo que la ex vicepresidenta respondió que «los técnicos trabajan según su leal saber y entender y sin interferencias».

Preguntada acerca de cómo entendía que existiendo un servicio de atención psicológica externo, contratado para evaluar o tratar casos como el de la menor abusada, se recurriese a una psicóloga de la sección, Oltra manifiestó que debió ser una decisión de estos profesionales.

Igualmente, al ser cuestionada sobre cómo entiende que los hechos no fuesen puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, aseguró que se debieron seguir «unos procedimientos basados en la buena fe, según su leal saber y entender, de acuerdo a una instrucción de septiembre de 2017».

Preguntada acerca de por qué desde la Conselleria de Igualdad se solicitó la versión de su exmarido «sin haberse formulado una sola pregunta a la niña o adolescente», Oltra apuntó que no lo puede valorar.

Sobre el motivo por el cual dijo a los medios de comunicación que había sido ella quien había ordenado a la directora general que abriera el expediente informativo del caso de abusos, Oltra dijo que «fue un estallido emocional».

«El día previo se había producido la imputación de cinco personas, incluida la directora general, y mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia. Me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también. Fue un momento de alta tensión emocional. Fue mi manera de desahogarme», aseguró ante el juez.

Preguntada acerca de cuál fue la razón de que existiendo ya un proceso penal en marcha se sometiera a la niña o adolescente a una nueva entrevista con una técnico jurídica de la Conselleria, que en opinión del juez se hizo sin que aparentemente se respetaran sus derechos como víctima, Oltra respondió que lo desconoce, pero que sabe que trabajaron sin interferencia alguna, al menos proveniente de ella.

El fiscal le preguntó si sabe de quién partió la idea de que se abriese ese expediente interno en la Conselleria, a lo que la exconsellera manifestó que «ahora sé que partió de la directora general».

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Valencia

Ciutat Vella, más de 107.000 multas en sólo 9 meses

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Ciutat Vella, más de 107.000 multas en sólo 9 meses
Un coche de la Policía Nacional patrulla por la Plaza de la Virgen de Valencia.EFE/ Juan Carlos Cárdenas/Archivo

El Grupo Popular ha presentado una moción al pleno para que se suspenda las multas por circular en la APR (Área de Prioridad Residencial) de Ciutat Vella hasta llegar a un consenso con vecinos, comerciantes y comisiones falleras.  

La realidad es que las supuestas campañas informativas no han funcionado pues en 9 meses se han impuesto más de 107.000 sanciones a vecinos por circular por Ciutat Vella sin autorización, ello ha supuesto una recaudación de más de 1,2 millones de euros. 

En los meses de verano se han impuestos 40.000 multas, un 56% más en sólo dos meses.  Sólo en la cámara ubicada en la calle Corona se han puesto más de 27.549 multas, siendo una zona claramente residencial. Y en la ubicada en la calle María Cristina, lejos de evolucionar de una manera decreciente, han incrementado desde julio en más de un 600%.

Incremento de franjas de pago

El concejal del PP, Carlos Mundina, alerta que “ni han funcionado las campañas ni se ha consensuado la medida. Las cifras de multas impuestas ponen en evidencia que no ha existido información y que la medida sólo responde a seguir haciendo caja por parte del Gobierno de Compromís y PSOE, que además de imponer esta prohibición de circular por Ciutat Vella sin consenso también ha incrementado las franjas de pago por aparcar en las zonas azules y naranjas, ahora se paga de 14 a 16 horas y una hora más por la noche de 10 a 21 horas”.

Mundina asegura que en estos momentos con la cesta de la compra desbocada y la vuelta al colegio más cara de la historia “es tiempo de rebajas fiscales, pero el alcalde Ribó sigue queriendo hacer caja para seguir regando con ayudas a los grupos catalanistas que han recibido cerca de un millón de euros en subvenciones a dedo” . 

La moción del PP reclama que “se suspenda la aplicación del régimen sancionador regulado en el APR de Ciutat Vella Nord que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2021, hasta que se alcance un consenso con residentes, comerciantes, hosteleros, profesionales, centros educativos y entidades culturales y festivas del barrio”.

Asimismo en la moción del PP se pide que “no se tramiten, se anulen y se dejen sin efecto las sanciones impuestas desde el pasado 1 de diciembre hasta la fecha”, y añade la moción que “se habilite por el Ayuntamiento de Valencia una oficina de reclamaciones, que sirva, para que desde el consenso y el acuerdo de todas las personas y colectivos afectados por la implantación de la APR de Ciutat Vella Nord, se arbitren soluciones para favorecer la obtención de autorizaciones a todas las personas y colectivos que tienen necesidad de acceder al mismo, así como se contemplen las demandas de residentes, comerciantes, profesionales y hosteleros respecto a las condiciones de aplicación y ordenación de la movilidad en la misma”.

Los populares recuerdan en su moción que “el artículo 20 de la Ordenanza de Movilidad, en su apartado segundo establece los objetivos que debe cumplir la implantación de una APR, sin embargo, dicha implantación en el área geográfica denominada “Ciutat Vella Nord”, dista mucho de cumplir los objetivos recogidos en el citado precepto, toda vez que ni con anterioridad a su implantación ni actualmente se han establecido medidas para medir y controlar las emisiones de contaminación acústica y/o atmosférica del área, y tampoco está previsto la realización de estudios sobre esta materia para comprobar la incidencia de esta medida en los diversos registros que miden los índices de contaminación acústica y atmosférica por el tránsito de vehículos”.

Además, “no ordena adecuadamente ni mejora la movilidad en dicho ámbito al haber creado recorridos como los denominados “bucles” que penalizan y perjudican la accesibilidad de los propios residentes, así como de los comerciantes y titulares de actividades económicas que desarrollan su negocio en el interior de la APR”.

El PP afirma que “la oposición y el cuestionamiento de la aplicación de la APR “Ciutat Vella Nord” es unánime, desde residentes a colectivos festivos radicados en el ámbito, desde profesores a padres de alumnos y desde comerciantes y hosteleros a proveedores de servicios, todos coinciden que el momento elegido no es el más oportuno, las condiciones de su aplicación dejan fuera a muchas personas y colectivos de poder acceder a la APR, la complejidad y la procelosa tramitación de las autorizaciones dificulta su obtención, y si a todas estas circunstancias unimos la falta absoluta de acuerdo y consenso, lo que se ha conseguido es el efecto contrario, esto es el rechazo”.

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