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Oltra: «Rajoy se pasa el Pacto contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado»

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha criticado la partida prevista en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 al Pacto contra la Violencia de Género, ya que «de 200 millones que estaban comprometidos en ese pacto ahora vas a los presupuestos y hay 80 millones, se han quedado 120 millones por el camino: ¿dónde está el dinero?».

Oltra ha señalado que en la Comunitat Valenciana se firmó un Pacto valenciano «que estaba condicionado a ese dinero, y luego va Rajoy y dice ‘me paso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado'».

«De 200 millones pasamos a 80, dinero que tiene que venir a los territorios, que somos los que tenemos competencias de protección de las mujeres en situación de violencia de género», ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que es «muy difícil mantener relaciones institucionales desde la lealtad y la razonabilidad cuando tienes un Gobierno de España que no cumple ni una sola de las palabra que da».

«El Pacto de Estado está firmado, pero ¿qué valor tiene esa firma del Gobierno de España?», se ha preguntado la vicepresidenta. «En credibilidad poco, y en millones le faltan 120 millones de euros. Han puesto menos dinero del que se han dejado fuera», ha apuntado.

Oltra ha añadido que luego «el Gobierno va por ahí con el lazo morado; el lazo morado» se pone «en los presupuestos, que es donde se lucha contra la violencia de género».

DIFERENCIAS DE INVERSIONES POR TERRITORIOS
Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido a las inversiones previstas en el proyecto de los PGE para las comunidades autónomas y ha denunciado que, un año más, «los presupuestos dejan a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola».

En este sentido, ha mostrado un mapa con las inversiones previstas al que ha denominado el «mapa de la vergüenza, en el que nos situamos los penúltimos en inversión». En cualquier caso, para la vicepresidenta el problema no es tanto esta posición sino «las diferencias difícilmente explicables entre unos territorios y otros».

«Si fuéramos los penúltimos pero las diferencias con otras comunidades autónomas fueran de 10, 15 ó 30 euros por habitante todavía podríamos encajarlo, pero es que hay comunidades que prácticamente triplican la inversión que se hace en la Comunitat Valenciana», ha asegurado.

En este sentido, Oltra ha reiterado que estas diferencias entre territorios «es lo que rompe la igualdad. España se rompe por aquí, cuando inexplicablemente hay comunidades autónomas que tienen el doble y o el triple de inversiones que la Comunitat Valenciana y no está acreditado que tengan el doble o el triple de necesidades».

La vicepresidenta ha puesto algunos ejemplos de estas diferencias y ha señalado que es «inexplicable» que la ayuda al Transporte Metropolitano en la ciudad de València sea cero, cuando tienen ayuda Madrid, Barcelona, Canarias, Sevilla o Málaga.

«¿Por qué València ‘cero’ y el resto de ciudades sí tienen dinero para el transporte metropolitano? ¿València por qué no, cuando es la tercera ciudad de España?», se ha preguntado. En esta línea, ha asegurado que ya no existe «la excusa de que no hay autoridad metropolitana en el transporte, porque sí la hay».

También se ha cuestionado «por qué el Palau de les Arts recibe 600.000 euros cuando el Liceu de Barcelona recibe más de 7 millones de euros; esto es algo que también tendrán que explicarlo», ha concluido.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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