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Oltra: «Rajoy se pasa el Pacto contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado»

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha criticado la partida prevista en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 al Pacto contra la Violencia de Género, ya que «de 200 millones que estaban comprometidos en ese pacto ahora vas a los presupuestos y hay 80 millones, se han quedado 120 millones por el camino: ¿dónde está el dinero?».

Oltra ha señalado que en la Comunitat Valenciana se firmó un Pacto valenciano «que estaba condicionado a ese dinero, y luego va Rajoy y dice ‘me paso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado'».

«De 200 millones pasamos a 80, dinero que tiene que venir a los territorios, que somos los que tenemos competencias de protección de las mujeres en situación de violencia de género», ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que es «muy difícil mantener relaciones institucionales desde la lealtad y la razonabilidad cuando tienes un Gobierno de España que no cumple ni una sola de las palabra que da».

«El Pacto de Estado está firmado, pero ¿qué valor tiene esa firma del Gobierno de España?», se ha preguntado la vicepresidenta. «En credibilidad poco, y en millones le faltan 120 millones de euros. Han puesto menos dinero del que se han dejado fuera», ha apuntado.

Oltra ha añadido que luego «el Gobierno va por ahí con el lazo morado; el lazo morado» se pone «en los presupuestos, que es donde se lucha contra la violencia de género».

DIFERENCIAS DE INVERSIONES POR TERRITORIOS
Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido a las inversiones previstas en el proyecto de los PGE para las comunidades autónomas y ha denunciado que, un año más, «los presupuestos dejan a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola».

En este sentido, ha mostrado un mapa con las inversiones previstas al que ha denominado el «mapa de la vergüenza, en el que nos situamos los penúltimos en inversión». En cualquier caso, para la vicepresidenta el problema no es tanto esta posición sino «las diferencias difícilmente explicables entre unos territorios y otros».

«Si fuéramos los penúltimos pero las diferencias con otras comunidades autónomas fueran de 10, 15 ó 30 euros por habitante todavía podríamos encajarlo, pero es que hay comunidades que prácticamente triplican la inversión que se hace en la Comunitat Valenciana», ha asegurado.

En este sentido, Oltra ha reiterado que estas diferencias entre territorios «es lo que rompe la igualdad. España se rompe por aquí, cuando inexplicablemente hay comunidades autónomas que tienen el doble y o el triple de inversiones que la Comunitat Valenciana y no está acreditado que tengan el doble o el triple de necesidades».

La vicepresidenta ha puesto algunos ejemplos de estas diferencias y ha señalado que es «inexplicable» que la ayuda al Transporte Metropolitano en la ciudad de València sea cero, cuando tienen ayuda Madrid, Barcelona, Canarias, Sevilla o Málaga.

«¿Por qué València ‘cero’ y el resto de ciudades sí tienen dinero para el transporte metropolitano? ¿València por qué no, cuando es la tercera ciudad de España?», se ha preguntado. En esta línea, ha asegurado que ya no existe «la excusa de que no hay autoridad metropolitana en el transporte, porque sí la hay».

También se ha cuestionado «por qué el Palau de les Arts recibe 600.000 euros cuando el Liceu de Barcelona recibe más de 7 millones de euros; esto es algo que también tendrán que explicarlo», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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