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Oltra: «Rajoy se pasa el Pacto contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado»

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha criticado la partida prevista en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 al Pacto contra la Violencia de Género, ya que «de 200 millones que estaban comprometidos en ese pacto ahora vas a los presupuestos y hay 80 millones, se han quedado 120 millones por el camino: ¿dónde está el dinero?».

Oltra ha señalado que en la Comunitat Valenciana se firmó un Pacto valenciano «que estaba condicionado a ese dinero, y luego va Rajoy y dice ‘me paso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado'».

«De 200 millones pasamos a 80, dinero que tiene que venir a los territorios, que somos los que tenemos competencias de protección de las mujeres en situación de violencia de género», ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que es «muy difícil mantener relaciones institucionales desde la lealtad y la razonabilidad cuando tienes un Gobierno de España que no cumple ni una sola de las palabra que da».

«El Pacto de Estado está firmado, pero ¿qué valor tiene esa firma del Gobierno de España?», se ha preguntado la vicepresidenta. «En credibilidad poco, y en millones le faltan 120 millones de euros. Han puesto menos dinero del que se han dejado fuera», ha apuntado.

Oltra ha añadido que luego «el Gobierno va por ahí con el lazo morado; el lazo morado» se pone «en los presupuestos, que es donde se lucha contra la violencia de género».

DIFERENCIAS DE INVERSIONES POR TERRITORIOS
Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido a las inversiones previstas en el proyecto de los PGE para las comunidades autónomas y ha denunciado que, un año más, «los presupuestos dejan a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola».

En este sentido, ha mostrado un mapa con las inversiones previstas al que ha denominado el «mapa de la vergüenza, en el que nos situamos los penúltimos en inversión». En cualquier caso, para la vicepresidenta el problema no es tanto esta posición sino «las diferencias difícilmente explicables entre unos territorios y otros».

«Si fuéramos los penúltimos pero las diferencias con otras comunidades autónomas fueran de 10, 15 ó 30 euros por habitante todavía podríamos encajarlo, pero es que hay comunidades que prácticamente triplican la inversión que se hace en la Comunitat Valenciana», ha asegurado.

En este sentido, Oltra ha reiterado que estas diferencias entre territorios «es lo que rompe la igualdad. España se rompe por aquí, cuando inexplicablemente hay comunidades autónomas que tienen el doble y o el triple de inversiones que la Comunitat Valenciana y no está acreditado que tengan el doble o el triple de necesidades».

La vicepresidenta ha puesto algunos ejemplos de estas diferencias y ha señalado que es «inexplicable» que la ayuda al Transporte Metropolitano en la ciudad de València sea cero, cuando tienen ayuda Madrid, Barcelona, Canarias, Sevilla o Málaga.

«¿Por qué València ‘cero’ y el resto de ciudades sí tienen dinero para el transporte metropolitano? ¿València por qué no, cuando es la tercera ciudad de España?», se ha preguntado. En esta línea, ha asegurado que ya no existe «la excusa de que no hay autoridad metropolitana en el transporte, porque sí la hay».

También se ha cuestionado «por qué el Palau de les Arts recibe 600.000 euros cuando el Liceu de Barcelona recibe más de 7 millones de euros; esto es algo que también tendrán que explicarlo», ha concluido.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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