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OPOSICIONES| FGV convoca 15 plazas para València y Alicante

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Muere una mujer arrollada por el metro en Valencia

El consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aprobado la Oferta de Empleo Público de la empresa, correspondiente a 2018, que incluye 15 plazas para las explotaciones de Valencia y Alicante.
La oferta aprobada se suma a las 15 plazas correspondientes a 2017 y que se cubrirán de manera conjunta en los próximos meses, por lo que la Oferta de Empleo Público que presenta FGV será de 30 plazas. Una vez definidas las bases, en un proceso de negociación en el que participa la representación sindical, se publicarán en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La empresa se reserva hasta un 13,3% de los puestos para personas con diversidad funcional, siendo el mínimo exigido por Ley de un 7%. Este porcentaje se desglosa entre puestos reservados a personas con diversidad funcional física, sensorial o psíquica y puestos reservados a personas con diversidad funcional intelectual.
Además, con el fin de promover la igualdad efectiva de género, se tendrá en cuenta como primer criterio de desempate la resolución en favor del género que estuviera infrarrepresentado en la empresa.

La propuesta que se ha aprobado corresponde al 100% de la tasa de reposición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2017 de 29 de diciembre de 2017 de los Presupuestos de la Generalitat para 2018.
La relación de puestos a cubrir es la siguiente: 4 oficiales para Taller Machado; 3 oficiales para Talleres de València Sud; 3 maquinistas depósito Talleres Machado; 2 maquinistas talleres El Campello; 2 oficiales celador de línea electrificada; 1 oficial de subestaciones y telemando.

A estas 15 plazas hay que sumar las otras 15 correspondientes a 2017: 2 maquinistas para Benidorm; 1 maquinista para talleres El Campello; 7 oficiales para talleres Machado; 2 oficiales para talleres de València Sud; 2 factores de circulación en Altea; y 1 factor de circulación en Creueta.
En esta misma reunión del consejo de administración de FGV también se ha aprobado la modificación del Código de Buen Gobierno, Regalos, Atenciones y Cortesías de la empresa pública. Los cambios permiten agilizar el proceso para informar o solicitar autorización; y facilitar la adhesión individual de los trabajadores de niveles superiores.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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