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Valencia

Ordenan el cese de estos apartamentos turísticos en Valencia

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Estos son los consejos para cerrar tu casa de vacaciones
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València, 16 ene (EFE).- El servicio de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo de València, que dirige Sandra Gómez, ha ordenado esta semana el cese de actividad de cinco apartamentos turísticos que, a pesar de estar inscritos en el registro de actividades de la Generalitat, no contaban con la licencia de compatibilidad urbanística que exige el Ayuntamiento de València.

En un comunicado, Gómez ha destacado que «València cuenta con una de las regulaciones más estrictas» para poder controlar este fenómeno que, ha recordado, es fundamentalmente urbano.

En este sentido, ha precisado que “ninguna vivienda turística puede quedar al margen de las normas urbanísticas que determina el Plan General de Ordenación Urbana”.

Actualmente, el PGOU señala que sólo se admiten viviendas turísticas en plantas que se sitúen por debajo de los usos residenciales y, además, que no sean colindantes con viviendas.

“Esta misma semana hemos decretado el cierre de otros cinco apartamentos turísticos ilegales que estaban operando en nuestra ciudad sin el informe de compatibilidad urbanística. La ciudad de València es un ejemplo por tener una normativa de las más estrictas y rigurosas a la hora de poder operar con este tipo de alojamientos turísticos”, ha destacado la vicealcaldesa.

Además, se han establecido límites en Ciutat Vella donde el Plan Especial de Protección establece como zona de prioridad residencial todos los barrios del distrito, con la excepción de San Francesc.

Igualmente, el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar, que está a punto de aprobarse, se fija, además de los criterios del PGOU, una restricción adicional que establece un máximo del 10 % por manzana en todo el barrio.

También se firmó un convenio con la Generalitat para que la Policía Local pudiera colaborar en la inspección de apartamentos y proceder al cese de actividad y restauración de la legalidad.

De hecho, las resoluciones aprobadas por el servicio de Disciplina Urbanística responden a la actuación de inspección de la Policía Local que constatan que no disponen de las licencias de compatibilidad o que se están comercializando en las webs especializadas.

“Apostamos por dar una oferta que sea de calidad y que cumpla con las estrictas directrices de seguridad y calidad que queremos dar a nuestros visitantes. Este modelo de apartamentos turísticos ilegales, dispersos, que conviven en edificios residenciales va en contra de todo ello. Por eso, estamos siendo muy estrictos a través del Servicio de Inspección a la hora de inspeccionar y clausurar este tipo de alojamientos”, ha manifestado Gómez.

Cuatro de los cinco apartamentos clausurados se encontraban en distintos barrios de nuestra ciudad como el Grau, en El Cabanyal, en Quatre Carreres o Ciutat Vella, han informado las mismas fuentes.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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