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PSOE y Junts cierran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez

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Pedro Sánchez amnistía
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Madrid/Barcelona (OFFICIAL PRESS-EFE).-El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, han firmado este jueves en Bruselas el acuerdo que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez y que incluye la amnistía para casos de la denominada “lawfare” o judicialización de la Justicia, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana.

El “número tres” del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado que el acuerdo para una futura amnistía relativa al proceso independentista en Cataluña en 2017 llega en un momento “clave” para España y “constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”.

Cerdán ha añadido que el acuerdo para una futura amnistía no incluye “nombres” y cubre a las personas relacionadas “directa o indirectamente” con el procés independentista “entre 2012 y 2023”.

Una amnistía para casos de judicialización de la política

La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.

En este sentido, señalan que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto “lawfare” o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican ” un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes”

El documento contempla además que Junts pida “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya” a la Generalitat.

El pacto de investidura se sitúa en el comienzo de una negociación con distintas posiciones por ambas partes, y condiciona “la estabilidad de la legislatura” a “los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”.

De este modo, reseña algunas propuestas del lado de Junts, como es, “en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno”, que esta formación “propondrá de entrada una modificación de la LOFCA” (la norma que regula la financiación de las autonomías) “que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat”.

Junts propondrá celebrar un referéndum sobre Cataluña

Junts ha propuesto en el acuerdo la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el “futuro político de Cataluña”, mientras los socialistas señalan que defenderán el “amplio desarrollo” del Estatut de 2006.

En el pacto figura la puesta en marcha de un “mecanismo internacional” entre ambas organizaciones para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos” a los que lleguen.

En ese marco, las dos formaciones señalan que concretarán los contenidos de los acuerdos a negociar, según consta en el documento difundido por el PSOE. Junts ha avanzado que propondrá, en la primera reunión de negociación este mismo mes de noviembre, la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña “amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

Al respecto, el PSOE señala que “defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

Noveno aniversario del 9N

El acuerdo llega precisamente cuando se cumplen nueve años de la consulta soberanista del 9N de 2014, impulsada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y que marcó un punto de inflexión en el proceso independentista.

A ello ha aludido esta mañana el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un mensaje en la red social X: “Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña comenzó un camino sin retorno. Sin renuncias, con persistencia y determinación ¡lo lograremos! (ens en sortirem!)”.

También al 9N, aunque de forma más críptica e invocando al poeta Salvador Espriu, se ha referido a esta fecha Puigdemont en X: “Dejar de ser aquel perro cobarde que lamía la áspera mano que lo ha sometido tanto tiempo, y convertirse en único señor: esto es lo que nos mueve desde que hoy hace 9 años comenzamos a caminar de nuevo”.

Yolanda Díaz: La serenidad y la convivencia se imponen al ruido y al odio

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves tras la firma del pacto que “la serenidad y la convivencia se han impuesto al ruido y al odio”.

“El 23J dijimos que íbamos a tener un gobierno de coalición progresista. Han sido meses difíciles, pero la serenidad y la convivencia se han impuesto al ruido y al odio. Seguiremos avanzando en la senda del progreso social. Más derechos, más futuro”, ha escrito en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

 

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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