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Pedro Sánchez anuncia el mayor envío de armamento de España a Ucrania

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Sánchez, junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha visitado la ciudad de Borodianka, cercana a Kiev, y ha comprobado sobre el terreno la devastación y la muerte de civiles provocada por los bombardeos de Rusia.

Pedro Sánchez ha transmitido a Volodímir Zelenski, en nombre del Gobierno y del pueblo de España, «nuestro más sentido pésame por la pérdida de vidas inocentes ucranianas» y ha insistido en que España seguirá condenando en los términos más enérgicos la brutal e injustificada agresión a Ucrania y seguirá brindándoles «toda la ayuda que esté en nuestras manos».

Durante su intervención, Volodímir Zelenski ha destacado que la visita envía una poderosa señal de unidad contra la invasión rusa, y ha subrayado la necesidad de continuar con sanciones eficaces contra la Federación Rusa.

Este viaje de Pedro Sánchez, el primero que realiza un presidente del Gobierno español a Ucrania, cuando se cumplen 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, tiene un doble objetivo: «transmitir nuestro pleno apoyo a Ucrania en estos momentos tan difíciles y advertir al presidente Putin sobre nuestra firme determinación de condenar esta guerra injusta e injustificada».

Nuevas medidas de apoyo de España a Ucrania

Pedro Sánchez, Volodímir Zelenski y Mette Frederiksen

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Durante la intervención conjunta, Sánchez ha anunciado que España acaba de enviar 200 toneladas de material militar, el mayor envío realizado por nuestro país hasta el momento, lo que duplica el volumen entregado hasta ahora. En cuanto a la ayuda humanitaria, el presidente del Gobierno ha concretado que, de los 31 millones comprometidos por España, 7 millones de euros se dedicarán a reforzar la protección de mujeres y menores a través de UNICEF y del Fondo de Naciones Unidas para la Población. Asimismo, Pedro Sánchez ha confirmado que nuestro país reabrirá su Embajada en Kiev.

El presidente Sánchez ha informado de que España, uno de los más de 40 países que ha apoyado la investigación de crímenes de guerra y lucha contra la impunidad en Ucrania, va a poner a disposición del Tribunal Penal Internacional un equipo multidisciplinar integrado por 8 expertos del Ministerio del Interior, así como 39 médicos forenses para trabajo de campo procedentes de distintas Comunidades Autónomas, y personal forense y facultativos para labores de laboratorio del Ministerio de Justicia. El objetivo es contribuir a los trabajos de investigación sobre presuntos crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad en Ucrania. Este equipo colaborará en la recogida y análisis de pruebas que ayuden a la identificación de las víctimas, del material explosivo utilizado, y de las técnicas empleadas; así como a la identificación de los autores de los hechos investigados.

España apoya a Ucrania desde el inicio de la invasión

Mette Frederiksen, Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Desde el primer momento, España ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania y ha secundado la aplicación de sanciones aprobadas por la Unión Europea, que trabaja en la actualidad en el sexto paquete de sanciones.

«Ucrania ha expresado claramente su vocación europea, haciendo uso de su derecho a elegir su propio destino y tiene nuestro apoyo en esta legítima aspiración. Está claro que Ucrania pertenece a la familia europea. Me llevaré a España vuestro testimonio; el testimonio de esperanza que representa la resistencia de Ucrania, pero también el testimonio de rechazo e indignación por las atrocidades de la guerra y sus perpetradores», ha destacado el presidente del Gobierno.

Las cifras de la crisis humanitaria siguen en aumento, con más de 5 millones de refugiados. Como ha destacado el jefe del Ejecutivo, «el pueblo español ha demostrado, una vez más, su solidaridad con los que más lo necesitan» y continúa con su labor de acogida en los centros de Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga habilitados para ello. De hecho, España es el 6º país de la UE que más desplazados ha acogido, más de 137.000 personas, de los que más de 66.000 ya se han acogido al régimen de protección temporal.

El presidente del Gobierno ha recalcado ante Zelenski: «Soy consciente de que las necesidades son enormes, y España se compromete a ayudar. Por esta razón, continuaremos brindando todo nuestro apoyo a Ucrania».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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