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Pedro Sánchez publica su tesis doctoral en internet para zanjar la polémica

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Pedro Sánchez aceptaba este jueves que la Universidad Camilo José Cela digitalice y haga pública su tesis doctoral ante las dudas que sembró en sede parlamentaria este miércoles Albert Rivera y de que ABC haya publicado que el presidente del Gobierno plagió algunos párrafos. El presidente ha anunciado que emprenderá acciones legales si el periódico no rectifica.

Sánchez defendió su tesis doctoral en el año 2012 en el centro privado y obtuvo un sobresaliente cum laude –la máxima calificación–. Después volcó parte de ese texto Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012) en un libro en el que Carlos Ocaña figura como coautor.

El Presidente del Ejecutivo ha publicado este viernes su tesis doctoral vía internet tal como anunció con el fin de «facilitar aún más el acceso». Previamente La Moncloa había emitido un comunicado en el que señala que el trabajo ha pasado los controles antiplagio de software.

«Tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el presidente Pedro Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Turnitin y PlagScan, determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias.

En el caso del Turnitin ha obtenido un 13%. En PlagScan ha cifrado un 0.96%, cada uno con su metodología. Estos porcentajes se deben a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación que cualquier software casi por defecto no puede discriminar a pesar de lo avanzado de su tecnología.

Existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales, de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación.

Teniendo en cuenta que es frecuente que los softwares de análisis de textos científicos detecten partes de trabajos como coincidencia que sin embargo se encuentran debidamente citados, referenciados, es importante contrastar la información y todas las referencias dándoles sentido a las mismas.

Tanto en el estudio de Turnitin como en PlagScan se han excluido, como es natural, los artículos de actualidad de naturaleza periodística con posterioridad a la tesis actual, la bibliografía y las fuentes con similitudes inferiores al 1%, como por ejemplo, todas las veces que se repite el título de la tesis o parte del mismo. Se han depurado también en la medida de lo posible las coincidencias bibliográficas en las notas al pie de página, pudiéndose, con un análisis más pormenorizado, obtener en los dos softwares todavía unos porcentajes menores en coincidencias».

La Plataforma TESEO es donde el Presidente del Ejecutivo español ha decidido ‘colgar’ su tesis para zanjar la polémica.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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