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Pedro Sánchez, ¿presidente del gobierno antes de 2020?

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Madrid, 23 dic.- La Mesa del Congreso ha habilitado los días 28, 29 y 30 de diciembre, de jornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura de Pedro Sánchez, aunque también está abierta la posibilidad de que se convoque para el próximo año.

Fuentes parlamentarias han explicado que la reunión celebrada por la Mesa no ha aportado ninguna pista sobre cuándo podría tener lugar el debate de investidura, pero sí ha adoptado esta decisión, de carácter meramente preventivo, por si finalmente pudiera celebrarse antes de que acabe el año, sin obstáculos reglamentarios.

Si finalmente el candidato socialista, Pedro Sánchez, se sometiera al debate en enero, incluso en su primera semana, no sería necesaria la habilitación expresa de la Mesa porque se trata de un período inhábil en el cual la Presidencia está facultada para convocar el pleno sin restricción alguna, han añadido las fuentes.

En el caso de diciembre, es un mes inhábil pero en principio no es posible la convocatoria de plenos de sábado a lunes, de acuerdo con los artículos 62.1 y 62.2, según los cuales las sesiones plenarias se celebrarán de martes a viernes, ambos inclusive, salvo acuerdo expreso de la Mesa. No obstante, de la decisión adoptada este lunes no cabe deducir, advierten las fuentes, cuál será la fecha de la investidura, pendiente de un acuerdo entre el PSOE y ERC.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que es a quien compete en todo caso convocar el pleno de investidura, no ha aportado datos al respecto al órgano de gobierno del Congreso.

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Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

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Caso Koldo-Ábalos
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo, en Madrid

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) – Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

 

 

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