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Piden 12 años de prisión para Císcar por usar el IVAM a favor de su hijo

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València, 23 mar (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para la ex directora del IVAM Consuelo Císcar por los delitos de malversación y cohecho cometidos a partir de 2007 para favorecer la carrera de su hijo utilizando fondos y medios públicos del citado museo de arte contemporáneo valenciano.

El hijo de Císcar, Rafael Blasco Císcar, no se sentará en el banquillo. Se trataba, dice el fiscal en su escrito, de «un artista joven conocido como Rablaci, que comenzó su carrera artística como escultor y fotógrafo en el año 2007». Aunque fuera el beneficiario de los supuestos delitos, no hay indicios contra él, considera la Fiscalía.

Pero sí los hay, dice el escrito de la acusación pública, contra la acusada quien, «consciente de las dificultades que existen para alcanzar el éxito en este sector de la cultura, aprovechando sus conocimientos, sus contactos y su posición al frente de uno de los museos más importantes de la Comunidad Valenciana, se erigió en la coordinadora del proyecto profesional de su hijo, organizándole exposiciones por distintos países, haciéndolas coincidir con las exposiciones que ella misma proyectaba en el IVAM, a fin de costear, en algunos casos, su asistencia a las inauguraciones de las muestras de su hijo con los fondos públicos del museo».

En la causa se investiga si Císcar utilizó su posición para promocionar a su hijo usando para ello medios económicos y personales del museo, o tratando de intercambiar favores con determinadas entidades que beneficiaran a Rablaci, hijo también del exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco.

«En total, los fondos públicos del IVAM destinados por la acusada Consuelo Císcar a fines particulares asciende a 26.920,13 €», dice el Fiscal.

«En cuanto a la financiación de los gastos de las exposiciones de Rablaci, se ha podido constatar que Enrique B. Martínez, a través de sus empresas, financió la mayor parte del coste de estos servicios, de los que se han podido individualizar un total de 143.883,95 euros. Dicha financiación sólo tenía como finalidad compensar a la Sra. Císcar las contrataciones públicas que decidió a su favor durante la etapa que estuvo al frente del IVAM», añade el ministerio público.

Anticorrupción pide para el ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó cuatro años de prisión por el delito de malversación. Al responsable de la empresa Logística del Arte, Enrique Martínez, le solicita cinco años y medio de cárcel por malversación, seis años por cohecho y otros dos por falsedad documental. Además, la Fiscalía pide que Císcar, Lledó y Martínez indemnicen al IVAM con 26.920 euros.

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Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar en el caso Azud: última hora de la investigación

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Ana Escobar/Archivo

El director general de Relaciones con Les Corts y exconcejal del Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, ha decidido guardar silencio ante el juez este lunes en su citación como investigado en el caso Azud, una trama que investiga desde hace ocho años presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas.

Bellver opta por no declarar ante el juez

Bellver estaba citado a las 12:15 horas en el Juzgado de Instrucción nº13 de València, encargado de la macrocausa. Fuentes jurídicas confirman que el exedil del PP ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, una opción contemplada por la ley para cualquier investigado.

La citación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que también pidió escuchar la declaración de una funcionaria municipal que habría intervenido en los procesos administrativos objeto de investigación.

Por qué se investiga a Jorge Bellver

El exconcejal aparece vinculado a la pieza principal del caso, conocida como ‘Operación colegios’, considerada por la instructora como una de las más relevantes por la participación de numerosos altos cargos y por el volumen de presuntas comisiones que habría manejado la red dirigida por el empresario Jaime Febrer.

Según la línea de investigación, Bellver podría haber tenido relación con una permuta urbanística entre el Ayuntamiento de València y una empresa de Febrer. La operación habría supuesto la entrega de parcelas municipales a cambio de asumir deuda del consistorio, y se sospecha que pudo adjudicarse sin concurso público y por un valor muy inferior al real, lo que favorecía al promotor.

El contexto político y judicial

En 2022, cuando Bellver aún era diputado autonómico del PP, la jueza le ofreció personarse voluntariamente después de que su nombre apareciera en una lista de regalos supuestamente entregados por la trama. Entonces declinó hacerlo. Ahora, sin la protección del aforamiento parlamentario, ha sido citado formalmente como investigado.

La ‘Operación colegios’ es la pieza en la que convergen varios nombres de peso de la política valenciana, como Alfonso Grau, exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá; José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa; y Rafael Rubio, exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno.

Qué puede pasar ahora

Tras su decisión de no declarar, la investigación continúa pendiente de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. La instructora deberá valorar la documentación, el resto de testimonios y las pruebas aportadas para determinar si hay base suficiente para enviar la causa a juicio.

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