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Piden 15 años para Alfonso Grau y multar al PP por blanqueo en València

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Piden 15 años para Alfonso Grau y multar al PP por blanqueo en València

València, 15 nov (EFE).- La Fiscalía Especial contra la Corrupción reclama penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y cohecho para medio centenar de ediles y colaboradores del PP de València durante la etapa de Rita Barberá, entre ellos quien fuera su «mano derecha», Alfonso Grau, y una multa de 146.000 euros para el PP en calidad de persona jurídica.

Según consta en el escrito de acusación de 92 folios, al que ha tenido acceso EFE, se considera culpables de un delito de blanqueo a 49 personas, en su mayoría concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de València, y también al PP como persona jurídica.

Por estos hechos se reclama a la gran mayoría de procesados una pena de 4 años de prisión y una multa de 100.000 euros, salvo para el que fue «mano derecha» de Barberá y vicealcalde, Alfonso Grau, y para la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, para quienes la pena se eleva hasta los 6 años (con idéntica multa).

Además, se considera a Grau y dos exresponsables de empresas municipales responsables de haber desviado 1,8 millones de euros de fondos públicos a campañas del PP de València, y por este motivo se les reclama una pena de 5 años de prisión y la devolución de esos fondos a las arcas públicas.

Tanto Grau como Fuster son considerados por el Ministerio Público responsables de sendos delitos de cohecho (continuado en el caso de la segunda), por el que se les pide una pena de cuatro años y uno, respectivamente.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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