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Valencia

Piden 15 años para Alfonso Grau y multar al PP por blanqueo en València

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Piden 15 años para Alfonso Grau y multar al PP por blanqueo en València

València, 15 nov (EFE).- La Fiscalía Especial contra la Corrupción reclama penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y cohecho para medio centenar de ediles y colaboradores del PP de València durante la etapa de Rita Barberá, entre ellos quien fuera su «mano derecha», Alfonso Grau, y una multa de 146.000 euros para el PP en calidad de persona jurídica.

Según consta en el escrito de acusación de 92 folios, al que ha tenido acceso EFE, se considera culpables de un delito de blanqueo a 49 personas, en su mayoría concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de València, y también al PP como persona jurídica.

Por estos hechos se reclama a la gran mayoría de procesados una pena de 4 años de prisión y una multa de 100.000 euros, salvo para el que fue «mano derecha» de Barberá y vicealcalde, Alfonso Grau, y para la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, para quienes la pena se eleva hasta los 6 años (con idéntica multa).

Además, se considera a Grau y dos exresponsables de empresas municipales responsables de haber desviado 1,8 millones de euros de fondos públicos a campañas del PP de València, y por este motivo se les reclama una pena de 5 años de prisión y la devolución de esos fondos a las arcas públicas.

Tanto Grau como Fuster son considerados por el Ministerio Público responsables de sendos delitos de cohecho (continuado en el caso de la segunda), por el que se les pide una pena de cuatro años y uno, respectivamente.

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Valencia

Plan Conviure refuerza la autoridad del profesorado y endurece las sanciones por agresiones en las aulas

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adjudicaciones de plazas para profesores

La Conselleria de Educación ha presentado el Plan Conviure, un protocolo integral para mejorar la convivencia en las aulas, reforzar la autoridad del profesorado y combatir el aumento de incidentes que se han triplicado desde la pandemia. La consellera María del Carmen Ortí, con experiencia como inspectora educativa en Valencia, ha sido la encargada de anunciar las medidas.

Refuerzo de la autoridad del profesorado

El eje principal del Plan Conviure es proteger a los docentes. Los insultos, agresiones u ofensas a profesores se considerarán faltas graves, con intervención legal de urgencia que permitirá resolver los casos en menos de dos meses. Los últimos datos reflejan 437 agresiones a docentes en un año, una cifra que justifica la necesidad de medidas inmediatas.

No solo se refuerza la autoridad del profesorado, sino que se mejora la convivencia y la calidad del sistema educativo”, explicó Ortí.

Cuatro pilares del Plan Conviure

El decreto regula cuatro áreas clave para mejorar la convivencia:

  1. Uso de dispositivos electrónicos: prohibición de móviles y tablets en actividades no educativas, incluyendo Secundaria y próximamente Primaria.

  2. Prevención de acoso y ciberacoso: sanciones más severas y programas de educación emocional para alumnado y docentes.

  3. Refuerzo de la autoridad del profesorado: apoyo legal y protocolos de actuación rápida ante agresiones.

  4. Bienestar emocional y salud mental: atención especializada con psicólogos en unidades de la Comunitat Valenciana.

Acoso y ciberacoso: medidas reforzadas

El bullying y el ciberbullying son una preocupación creciente. Según Fundación Anar, el 12 % del alumnado en España sufre acoso escolar en algún momento. El plan incluye sanciones más duras, especialmente si la víctima tiene necesidades especiales, y formación en inteligencia emocional para prevenir conflictos y fomentar empatía.

Dispositivos electrónicos bajo control

Aunque la medida más visible es la prohibición de móviles y tablets, la Conselleria busca un equilibrio. Solo se permitirá su uso cuando esté justificado pedagógicamente, y fuera de eso, los centros deben ser libres de pantallas.

Prevención y educación integral

El Plan Conviure combina normativa, educación emocional y apoyo legal para garantizar una convivencia segura y respetuosa en las aulas, protegiendo tanto a docentes como a alumnos y ofreciendo soluciones al creciente problema de salud mental entre escolares.

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