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Gerard Piqué, imputado por el ‘caso Supercopa’

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Gerard Piqué, imputado por el 'caso Supercopa'

La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga “posibles ilegalidades” en contratos de la Federación Española de Fútbol, como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, ha acordado  que el exfutbolista y empresario Gerard Piqué pase a estar imputado, quien habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros por ese acuerdo.

La magistrada Delia Rodrigo ha dictado un auto este jueves en el que acuerda ampliar la investigación a una quincena de personas, entre ellas el exjugador del Barça, el presidente de la RFEF Pedro Rocha, el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene, y su esposa.

Entre los investigados mencionados en el nuevo auto figura la empresa Gruconsa, que realizó las obras del estadio sevillano de La Cartuja, varios de sus directivos; el ex asesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto; el exdirector de servicios jurídicos Pedro Manuel González Segura y su hermano Ángel Ignacio, que prestó servicios en la citada empresa.

“Posibles ilegalidades” en contratos de la RFEF: La Supercopa

En esta causa, que también se dirige contra Luis Rubiales, la magistrada investiga si se cometieron delitos de corrupción en los negocios o administración desleal en torno a diversos contratos de la Federación cuando este estaba al frente, sin descartar un posible blanqueo de capitales.

Uno de esos contratos es el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí en virtud de varios acuerdos firmados en 2019 y prorrogados un año después entre la RFEF y la empresa saudí Sela. Estos acuerdos fijaban una “prima de éxito” a favor de una “tercera parte agente” -Piqué, en representación de la empresa Kosmos- que no se identificaba y que “se revela” en otro documento.

La jueza destaca una cláusula del contrato por la que la RFEF “trataba de garantizar” el pago de 4 millones de euros anuales de comisión a Kosmos, “aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela”. Subraya que en el momento de la firma Piqué era aún jugador del Barça, equipo que participaba en la Supercopa.

A Pedro Rocha, en su condición de vicepresidente económico, le correspondería entonces la intervención directa en dicha contratación con Arabia Saudí o la supervisión de la comisión económica que presidía para analizar las prórrogas. Sin embargo, la jueza señala que “al parecer” se abstuvo de convocar a este órgano en la contratación y de reclamar el expediente.

Entramado societario de altos cargos de la RFEF cercanos a Rubiales

La magistrada detalla en su auto las principales líneas de investigación de la causa, como el entramado societario en el que participó “personal directivo de la RFEF”, empleados y empresarios allegados a Rubiales. Detecta una “posible triangulación de fondos” entre la Federación, la empresa Dismantec y Gruconsa, observando algunos ingresos “llamativos y de interés”.

Según el auto, durante la presidencia de Rubiales, la RFEF habría contratado a la constructora Gruconsa “presuntamente a cambio” de que esta realizara pagos a Dismantec, administrada por el amigo del expresidente, Nene. Entre 2020 y 2022, la RFEF ha declarado pagos a Gruconsa por 2,6 millones de euros, casi todo en 2021.

También está en el foco la actividad empresarial de Martín Alcaide en España y en la República Dominicana, mediante la que “trataría de ocultar el destino de los fondos” que Dismantec habría recibido de Gruconsa, integrando en su entramado societario a Rubiales, según la jueza.

El auto también analiza el papel de González Cueto como comisionado de control externo de la RFEF, cuyo despacho también recibió transferencias de Dismantec que habrían llegado de Gruconsa, y observa “discrecionalidad” en el uso de fondos federativos “para el pago a terceros”.

Sospecha que desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaban González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se habrían elaborado ofertas ficticias de empresas para que las obras se adjudicasen a Gruconsa, permitiendo a Ángel Ignacio incluir partidas injustificadas en las facturas con el objetivo de que ese dinero fuese a parar a Nene.

Tebas ve “normal y lógico” que Piqué sea investigado

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, consideró “lógico” que el exfutbolista y empresario Gerard Piqué vaya a ser investigado por las “posibles ilegalidades” en contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En declaraciones a periodistas en Londres, donde participa en un evento de ligas y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), Tebas manifestó que “parece normal” que Piqué vaya a ser investigado, dado su papel en algunos de los contratos investigados, como el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí.

“Si el expresidente (de la RFEF Luis) Rubiales ya estaba investigado, parece normal que Piqué también lo sea. Luego, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parecía lo normal y lógico”, dijo.

Tebas, que recordó que se personó como acusación particular y que puso varias denuncias al poco de llegar Rubiales a la RFEF, agregó que no le sorprende la investigación al excapitán del Barcelona “no porque sea Gerard Piqué, sino porque todo lo que pasaba en la Federación no era normal”.

“Y yo creo que esto no ha terminado”, añadió.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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