El Gobierno obligará a que los pisos turísticos tengan autorización previa de los vecinos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para «ajustar y clarificar» los términos en los que las comunidades de vecinos podrán decidir si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su edificio.
Además, el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan en una plataforma de registro único, conforme al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, que regula el intercambio de datos relativos al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, incluyendo también los alquileres turísticos.
Los pisos turísticos deberán tener autorización previa de vecinos
La ministra de Vivienda comunicó estas medidas tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales. En este encuentro, detalló que el Ejecutivo establecerá en el real decreto las condiciones que deben cumplirse para que los alquileres temporales justifiquen su causalidad al formalizar el contrato, garantizando que «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».
Rodríguez subrayó que «este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, incrementando los precios. Del mismo modo, los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al aumento de los precios».
Permitir a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos
En el grupo de trabajo en el que participan ayuntamientos, comunidades autónomas y sindicatos de inquilinos, Rodríguez ha informado también de su intención de modificar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos turísticos en sus edificios.
«Se trata de empoderar a los vecinos, garantizar la convivencia, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas», ha explicado la ministra.
Finalmente, Rodríguez ha instado a todos los niveles de la administración y especialmente a los ayuntamientos a actuar «allá donde colisione el derecho a la vivienda con la actividad económica» y se ha comprometido a poner «todos los recursos necesarios» para garantizar dicho derecho.
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