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El Gobierno obligará a que los pisos turísticos tengan autorización previa de los vecinos

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Una pareja de turistas se dispone a entrar en edificio de apartamentos situado en el Barrio del Carmen de València. EFE/Archivo Manuel Bruque.

El Gobierno obligará a que los pisos turísticos tengan autorización previa de los vecinos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para «ajustar y clarificar» los términos en los que las comunidades de vecinos podrán decidir si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su edificio.

Además, el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan en una plataforma de registro único, conforme al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, que regula el intercambio de datos relativos al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, incluyendo también los alquileres turísticos.

Los pisos turísticos deberán tener autorización previa de vecinos

La ministra de Vivienda comunicó estas medidas tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales. En este encuentro, detalló que el Ejecutivo establecerá en el real decreto las condiciones que deben cumplirse para que los alquileres temporales justifiquen su causalidad al formalizar el contrato, garantizando que «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».

Rodríguez subrayó que «este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, incrementando los precios. Del mismo modo, los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al aumento de los precios».

Permitir a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos

En el grupo de trabajo en el que participan ayuntamientos, comunidades autónomas y sindicatos de inquilinos, Rodríguez ha informado también de su intención de modificar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos turísticos en sus edificios.

«Se trata de empoderar a los vecinos, garantizar la convivencia, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas», ha explicado la ministra.

Finalmente, Rodríguez ha instado a todos los niveles de la administración y especialmente a los ayuntamientos a actuar «allá donde colisione el derecho a la vivienda con la actividad económica» y se ha comprometido a poner «todos los recursos necesarios» para garantizar dicho derecho.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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