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El Gobierno obligará a que los pisos turísticos tengan autorización previa de los vecinos

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Una pareja de turistas se dispone a entrar en edificio de apartamentos situado en el Barrio del Carmen de València. EFE/Archivo Manuel Bruque.

El Gobierno obligará a que los pisos turísticos tengan autorización previa de los vecinos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para «ajustar y clarificar» los términos en los que las comunidades de vecinos podrán decidir si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su edificio.

Además, el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan en una plataforma de registro único, conforme al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, que regula el intercambio de datos relativos al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, incluyendo también los alquileres turísticos.

Los pisos turísticos deberán tener autorización previa de vecinos

La ministra de Vivienda comunicó estas medidas tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales. En este encuentro, detalló que el Ejecutivo establecerá en el real decreto las condiciones que deben cumplirse para que los alquileres temporales justifiquen su causalidad al formalizar el contrato, garantizando que «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».

Rodríguez subrayó que «este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, incrementando los precios. Del mismo modo, los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al aumento de los precios».

Permitir a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos

En el grupo de trabajo en el que participan ayuntamientos, comunidades autónomas y sindicatos de inquilinos, Rodríguez ha informado también de su intención de modificar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos turísticos en sus edificios.

«Se trata de empoderar a los vecinos, garantizar la convivencia, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas», ha explicado la ministra.

Finalmente, Rodríguez ha instado a todos los niveles de la administración y especialmente a los ayuntamientos a actuar «allá donde colisione el derecho a la vivienda con la actividad económica» y se ha comprometido a poner «todos los recursos necesarios» para garantizar dicho derecho.

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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