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Podem y PSPV lamentan los resultados de las bolsas de À Punt porque sólo favorecen a extrabajadores

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El PP lleva a pleno una declaración para que el Consell derive 30 millones de À Punt a centros de salud

(EUROPA PRESS)-Podemos y PSPV han admitido que no le gustan los resultados de las bolsas provisionales de trabajo de À Punt ya que, según ha indicado el síndic adjunto de la formación morada, César Jiménez, «solo el 8 por ciento son nuevas incorporaciones» y el resto se trata de extrabajadores de la antigua RTVV.

Para Podemos, los resultados de estas contrataciones «no son óptimos» y no se está consiguiendo el objetivo de combinar «experiencia y juventud», mientras que el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha admitido que ese porcentaje «no está bien» y ha lamentado: «Hemos cerrado la puerta a una generación de periodistas otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que el proceso de selección lo ha llevado a cabo el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que es «un órgano independiente al control político» y, por tanto, «respeta» su decisión. No obstante, ha puntualizado que personalmente él hubiera hecho las cosas de forma «diferente».

Así lo han señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por los resultados de las bolsas temporales de trabajo de À Punt.

Al respecto, el parlamentario de Podemos César Jiménez ha recordado que el proceso de creación del nuevo servicio público de radio y televisión fue «complicado» desde el punto de vista judicial y legislativo, aunque ha admitido que si había una voluntad de los grupos del Botànic y de la directora general de À Punt, Empar Marco, de que hubiera una plantilla que conjugara experiencia y juventud, «es evidente que de momento no lo estamos consiguiendo».

«Estamos orgullosos del trabajo parlamentario y también de haber hecho una ley que asegurara que el Consell Rector era independiente, pero eso no quita que no podamos valorar los resultados que no son óptimos con el 8% de nuevas incorporaciones», ha manifestado para subrayar que es porcentaje no se lo deberían de permitir porque, a su juicio, «no es justo».

Preguntado por si ve «urgente» tomar alguna medida para corregir esta situación, Jiménez ha insistido en que es el Consell Rector el que debe propiciar iniciativas para revertir esta situación y hacer ajustes, aunque ha admitido que se deberían de tomar decisiones en este sentido.

Cuestionado sobre si desde Podemos se plantean tomar alguna iniciativa, ha indicado que la formación hará un balance sobre los porcentajes y, a partir de ahí, determinará las propuestas que presentan.

«CONFIAMOS EN QUE ESTA DISCORDANCIA SE PUEDA CORREGIR»

Por su parte, Mata ha señalado que la ley de la nueva radio y televisión pública se aprobó en las Corts con el apoyo de cuatro fuerzas políticas, aunque ha puntualizado que algunos «advertían de que eso no podía ser, pero había otras fuerzas comprometidas con una situación preexistente». Sin embargo, ha subrayado que la responsabilidad es de las Corts.

«No está bien el porcentaje y si la fuerza política que pilotó, impulsó y condicionó esta ley hace autocrítica es una buena noticia –en alusión a Podemos–, pero hoy por hoy no hay otra situación que los tribunales», ha lamentado para asegurar que no duda de que las bolsas «se ajustan a la ley» pero cierran «la puerta a una generación de periodistas y otros profesionales que, por razones ideológicas o generacional, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que la nueva televisión «arranque bien» y «esta discordancia se pueda corregir» dado que se trata de contrataciones provisionales. «Espero que cuando tengamos que consolidar los puestos de trabajo se tengan en cuenta estas situaciones para que no se vuelvan a reproducir», ha puntualizado.

Desde Compromís, Ferri ha recordado que el proceso lo lleva a cabo el Consell Rector que es un órgano «independiente al control político», por lo que «respeta sus decisiones» aunque ha remarcado que su espíritu es que la nueva RTVV combine «experiencia e innovación de jóvenes».

«El Consell Rector hace lo que hace en base a una ley. Yo no soy Consell Rector y yo lo haría distinto, pero respeto su decisión porque es lo que ha decidido», ha puntualizado para señalar que entiende la autocrítica de Podemos y el recurso que ha presentado la Unió de Periodistes contra las bolsas de trabajo.

En este sentido, ha afirmado que si algún grupo plantea cambiar la ley para cambiar los porcentajes «que lo haga», pese a que ha considerado que es «complicado». «Mi prioridad ahora es que arranque la televisión y comiencen los procesos de selección», ha subrayado.

«VICIOS Y ERRORES DE LA ANTIGUA RTTVV»

Desde Cs, su síndica en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado los «vicios» que está teniendo la reapertura de la nueva radiotelevisión valenciana porque «vuelve a caer en los errores de la antigua RTVV». «Si empezamos así, no sé dónde va a acabar todo esto», ha advertido.

En este sentido, ha admitido que si hubiera sabido que el proceso se iba a desarrollar de esta manera, se hubiera replanteado su voto a favor de la ley que promueve el nuevo servicio, por lo que espera que À Punt no se convierta «en un monstruo de siete cabezas con poca transparencia e imparcialidad».

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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