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Policías y guardias civiles reclaman a Sanidad ser los próximos en vacunarse y mascarillas FFP2 «con carácter de urgencia»

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Madrid, 4 feb (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han instado a los ministerios de Interior y de Sanidad a que los agentes sean el siguiente colectivo a vacunar contra el coronavirus, una vez España reciba nuevas dosis y se complete la inmunización de los grupos preferentes.

En un comunicado ambas organizaciones reclaman a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que actualice la Estrategia de Vacunación para proteger a los efectivos de la seguridad pública «por los evidentes riesgos» de contagiarse del virus en sus intervenciones.

El llamamiento de estas organizaciones se extiende a las comunidades autónomas que están representadas en el grupo de trabajo técnico de vacunación.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias comunicó este miércoles a las comunidades autónomas la llegada de nuevas remesas de vacunas con al menos 6,7 millones de dosis de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca hasta marzo.

Desde el SUP y AUGC defienden que los residentes y trabajadores de residencias de ancianos, el personal sanitario y los mayores de 80 años hayan sido los colectivos «prioritarios y preferentes» en ser inmunizados, pero solicitan que la estrategia de vacunación incluya ahora a los policías y guardias civiles.

«Estamos seguros de que la ministra que llega a Sanidad de otro departamento en el que el valor de los funcionarios es clave en la gestión de los servicios públicos tendrá la responsabilidad y la sensibilidad necesarias para dar este paso», confían el sindicato policial y la asociación.

Además de esta reclamación, demandan la entrega «con carácter de urgencia» de mascarillas FFP2.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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